Las cifras sobre desigualdad económica entre los mexicanos que arroja el más reciente análisis de la OCDE son altamente preocupantes, pues reflejan que durante el gobierno de Felipe Calderón no sólo no se frenó la pobreza que durante su campaña electoral prometió combatir, sino que al contrario, las limitantes y carencias que padecen más de 52 millones de habitantes en esa condición se recrudecieron.

Por ejemplo, mientras el salario mínimo de los mexicanos ha aumentado 90 centavos en cinco años, las ganancias del compacto grupo de empresarios cotizantes en la Bolsa Mexicana de Valores se han incrementado en casi 40 mil millones de pesos anuales desde el comienzo del sexenio de Calderón.

Si a ello le agregamos las millonarias sumas de dinero que recibirá la alta burocracia de nuestro país -incluido por supuesto Felipe Calderón- por concepto de aguinaldo y otras prestaciones de fin de año que ayer dio a conocer un periódico de circulación nacional, entonces podremos entender mejor las razones por las que nuestro país pasó de ser una economía emergente con posibilidades de alto crecimiento económico a un país estancado y rezagado con respecto a otros como Perú, Chile y Bolivia, para los que hemos dejado de ser ejemplo de superación.

Dichas disparidades, que colocan a México como la nación entre todas las de América Latina en el que la diferencia entre ricos y pobres es más profunda, deben poner a reflexionar a los mexicanos y las mexicanas que el próximo año elegirán a quien se convertirá en el próximo presidente de la República, y vuelven a reiterar la urgente necesidad de un cambio radical en la forma en que se distribuye la riqueza entre sus habitantes.

Para dejar de escuchar cifras tan brutales que resultan de una insolencia inaudita, en julio de 2012 los votantes deben optar por el Movimiento Democrático que encabeza Andrés Manuel López Obrador, coalición que plantea, entre otras cosas, una férrea política de combate a la corrupción, reducir los salarios de la alta burocracia a la mitad de sus montos actuales, una meta de crecimiento de 6% anual de la economía, aplicar una reforma fiscal progresiva, y liberar recursos presupuestales hasta por 800 mil millones de pesos anuales para financiar actividades productivas, generar empleos y garantizar bienestar a la población.

A T E N T A M E N T E

Hortensia Aragón Castillo

Coordinadora Nacional

Foro Nuevo Sol-PRD