Todo comenzó 15 de abril con la presentación de un proyecto de reforma tributaria del presidente de Colombia, Iván Duque, en el que castiga a la clase media en plena tercera ola de la pandemia de coronavirus. Todos los partidos políticos, incluyendo al Centro Democrático, cuyo líder es el ex presidente y mentor de Duque, Álvaro Uribe, se pronunciaron en contra de la iniciativa, pero que el mandatario insistió en defender hasta las últimas consecuencias.
Miles de ciudadanos le pidieron por redes sociales al presidente que no implantara esa medida porque iba a generar más pobres en el país. El mandatario no escuchó y siguió adelante con la reforma. Entonces, en medio del aumento consecutivo de casos y los hospitales colapsados, salir a protestar no parecía lo más sensato. Pero, al no ser escuchados la gente decidió arriesgar su vida y salir a manifestarse.
Las centrales obreras y los movimientos sociales decidieron llamar a un paro general contra la reforma programado para el miércoles pasado. Ese fue el primer día de movilizaciones, que hizo que miles de personas salieran a la calle. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales, fueron algunas ciudades en donde se presentaron protestas masivas.
Las movilizaciones continuaron durante los dos días siguientes y daba la sensación de que iban a apagarse poco a poco y que Colombia volvería a su rutina. No ocurrió. El sábado, coincidiendo con el 1 de mayo, Día del Trabajo, volvieron a ser masivas. Durante el día transcurrieron con normalidad pero al caer la noche, a las seis de la tarde, se intensificaron con enfrentamientos entre policías y manifestantes que hasta el momento dejaron 21 personas muertas.
Tras varios días de protestas, Iván Duque anunció el domingo pasado el retiro del proyecto de reforma tributaria. “Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera”, dijo Duque en una declaración en la Casa de Nariño, sede del Gobierno.
Duque explicó que habló con los diferentes partidos políticos, gremios de la producción y otros sectores de la población y que el nuevo proyecto de reforma fiscal que será presentando al Congreso recogerá las propuestas que salieron de esos diálogos.
Un día después, el Ministerio de Hacienda, Alberto Carrasquilla anunció su renuncia, quien fue uno de los promotores de la reforma tributaria.
¿De qué trataba esta reforma?
El proyecto que lleva el nombre de “Ley de Solidaridad Sostenible”, busca recaudar alrededor de 25 billones de pesos (unos 6.850 millones de dólares).
Controvertido, incluso desde antes de ser presentado, el proyecto plantea una serie de reformas al estatuto tributario para ampliar la base de contribuyentes, es decir, que reduciría el monto mínimo a partir del cual los ciudadanos deben declarar impuestos ante las autoridades.
El punto más polémico de la iniciativa propone que, a partir de 2022, quienes ganan más de 2,4 millones de pesos mensuales (unos 663 dólares ) deben declarar impuesto de renta, una medida rechazada por sindicatos en un país donde el salario mínimo es lo equivalente a 248 dólares.
Para 2023 se prevé extender la base a aquellos que reciben una cifra superior a 1,7 millones de pesos mensuales (unos 470 dólares).
La ley propuesta contempla el cobro del IVA, que es del 19%, a las tarifas de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y gas, para usuarios de los estratos sociales 4, 5 y 6, los más altos de la escala.
Otras de las medidas previstas buscan combatir el cambio climático: eleva las sobretasas a la gasolina y el diésel, modifica el impuesto que se cobra por el uso de combustibles fósiles y crea un impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes.
¿Porqué sigue la protesta ?
El retiro de la reforma tributaria no convenció a los miles de ciudadanos que volvieron a salir este domingo a las calles de las principales ciudades del país. La gente se sigue movilizando porque está cansada, tiene un cansancio acumulado de los últimos gobiernos en el país.
Tan pronto Duque pidió el retiro de la reforma se hicieron virales en redes sociales mensajes que pedían más protestas bajo la frase “el paro sigue”, en referencia al nombre original de este movimiento: el Paro Nacional.
¿Cuáles son, entonces, las demandas originales de este movimiento inédito que parece haber llegado para quedarse?
Aunque una de las críticas principales al Paro es que su pliego de peticiones supera las 100 demandas, hay tres líneas generales que atraviesan la causa política de un movimiento que es heterogéneo y difícil de definir.
1. Una economía más igualitaria
Por mucho esfuerzo que haga Duque para destacar el valor asistencialista de su reforma, sus iniciativas económicas cuentan con un problema quizá irremediable: la desconfianza.
La economía colombiana está anclada en el clientelismo político que ha eximido de impuestos y competencia abierta durante años a los grandes oligopolios del banano, el azúcar y la minería, entre otros.
Así que un cambio de ese modelo desigual y excluyente- que para muchos requeriría una mayor democratización de la salud y la educación- está en el corazón de este movimiento de protesta.
2. Una reforma a la policía
La desconfianza de los manifestantes hacia el gobierno sobrepasa el ámbito económico: se manifiesta también hacia la fuerza pública, una institución clave en un país con 60 años de conflicto armado a sus espaldas.
En estos cuatro días de protestas, la ONG Temblores ha documentado 940 casos de violencia policial e investiga la muerte de 21 manifestantes presuntamente atacados por policías.
A diferencia de la mayoría de países, la policía en Colombia hace parte del Ministerio de Defensa y está estructurada -su capacitación, lenguaje y objetivos- para un contexto de conflicto armado contra un enemigo concreto: las guerrillas marxistas.
Duque dio un gesto en este sentido hace dos semanas: creó una justicia militar “con independencia financiera, administrativa y operacional” que no está bajo el mando del Ministerio de Defensa.
3. Mejor implementación del proceso de paz
La búsqueda de un modelo económico y una policía distintos tiene que ver con la idea de un país nuevo.
La generación que lidera las protestas en las calles creció en un país en guerra, bajo los mantras polarizantes de la Guerra Fría; y hoy su mayor anhelo es que la política supere esos traumas del conflicto y permita, incluso a través de la protesta pacífica, hablar de temas como educación, derechos sociales y legalización de las drogas, entre otras cosas prohibidas en el debate en Colombia durante décadas.
Para eso, un primer gesto que los manifestantes esperan del gobierno es que implemente el acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016.
Duque defiende su política de paz, la cual tiene como principal apuesta el desarrollo productivo de las regiones más afectadas por el conflicto.
Sin embargo, sus críticos señalan que la pobre implementación del acuerdo ha generado el aumento de masacres, asesinatos de líderes sociales y desplazamientos masivos de gente en regiones remotas del país.
Violencia policial
En medio de las manifestaciones, la policía salió a reprimir a los ciudadanos: lo que ha generado 21 muertos, cientos de heridos y más de 900 denuncias de abuso policial. Los ciudadanos viralizaron los videos en los que se ve claramente el abuso de la policía.
Sin embargo, el ministerio de Defensa dio apenas reconoció un civil muerto, 209 policías heridos y uno fallecido, y 203 detenciones. El titular de la cartera, Diego Molano, apeló a un argumento típico de los gobiernos al afirmar que se produjeron disturbios orquestados por “organizaciones criminales”, entre las que se encuentran disidencias que no se plegaron al Acuerdo de Paz firmado con la ex guerrilla de las FARC en 2016.
Frente a la negación y el silencio del gobierno, los colombianos volvieron a la redes sociales para pedir la ayuda urgente de las organizaciones de derechos humanos internacionales para que le pidan al presidente Duqe que interceda y pare la violencia.
Ayer, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), rechazó el “uso excesivo de la fuerza” contra los manifestantes . El portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, envió un llamado de alerta desde Ginebra, Suiza, en el que exhortó a la calma para las próximas manifestaciones que se llevarán a cabo este miércoles 5 de mayo en Colombia.
“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, expresó Hurtado.
En otro de los apartes de su pronunciamiento, la alta funcionaria aseguró que la ONU trabaja para dar una cifra exacta de las víctimas en el país. “Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali”, informó Hurtado, quien denunció, además, que “defensores de derechos humanos también informaron que han sido acosados y amenazados”.
Sobre la fuerza pública colombiana, la vocera de la ONU dijo que los miembros de la organización a la que pertenece “han sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”. Por lo que, nuevamente, aconsejó a los ciudadanos.
“Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamamiento a la calma”, declaró Hurtado y exhortó al Gobierno de Colombia para que propenda por los derechos humanos de sus ciudadanos.
Mientras esto sucede, el presidente guarda silencio y en las calles siguen muriendo ciudadanos que salen de sus casas a pedir un país más justo e igualitario.
