Pide Gobernación perdón a indígena violada por militares

Una década después de que la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú fuera violada y torturada por militares en Guerrero, el Estado mexicano reconoció públicamente su responsabilidad por los abusos.

Obligado por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, pidió disculpas a Valentina, a quién se refirió como una mujer valiente y ejemplar, pues, a pesar de las adversas condiciones que enfrentó, dio una lección definitiva para todos los mexicanos.

“Señora Valentina Rosendo Cantú: a usted, a su hija, les extiendo la más sincera de las disculpas por los hechos ocurridos hace casi una década en los que resultaron gravemente lesionadas en sus derechos”, indicó en la ceremonia de reconocimiento de responsabilidad, realizada en el Museo Memoria y Tolerancia.

“El Estado mexicano reconoce en este acto público su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la garantía del acceso a la justicia sin discriminación y a los derechos de las niñas”.

Poiré señaló que los desvíos de servidores públicos en cumplimiento de su deber, que derivan en violaciones a los derechos humanos, deben ser investigados, sancionados y reparados integralmente, y enfatizó que los casos “aislados” no representan la política del Estado mexicano.

Informó que en cumplimiento a la sentencia de la CIDH, Rosendo ha recibido las indemnizaciones correspondientes, así como becas educativas para ella y su hija de nueve años para contribuir a remontar las desventajas que agudizaron los daños sufridos.

Destacó que los hechos están siendo investigados por la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR).

Además, apuntó, la Procuraduría de Justicia de Guerrero mantiene abierta una investigación para reunir los elementos necesarios a fin de fincar responsabilidades y sancionar a quienes hayan obstaculizado el acceso a la justicia de Rosendo.

“Esto significa que el caso se desahoga en el fuero ordinario y no en el fuero militar”, enfatizó.