La Procuraduría General de la República (PGR) rastrea a otras cinco personas, que habrían fungido como intermediarios y prestanombres en la red de lavado de dinero y crimen organizado que se urdió para desviar los recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y beneficiar con estos fondos a Elba Esther Gordillo .
Los peritajes de las operaciones ilícitas detectadas hasta el momento en México y el extranjero forman parte de las evidencias entregadas al juez federal que hoy decidirá la situación legal de la maestra. La PGR confía en que se dicte formal prisión.
Aunque José Rigoberto González , uno de los defensores de la ex dirigente magisterial, insistió que su cliente debería ser liberada, ya que de acuerdo con los dictámenes contables que entregaron como prueba de descargo ante el Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales, indican que los fondos tiene un origen lícito, pues eran los recursos del gremio, a los que aseguran no se les dio un destino ilegal.
No obstante, la PGR entregó pruebas de que esta red, como estable el artículo 400 Bis del Código Penal federal, incurre en lavado de dinero quien “administre, custodie, cambie, deposite, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”, que en este caso fue el desvío del dinero de los maestros.
Los inculpados, de acuerdo con la PGR realizaron operaciones para “ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita”, que hasta el momente asciende a 2 mil 600 millones de pesos, desviados de dos cuentas del magisterio entre 2008 y 2012.
Además de los operadores operadores financieros de la ex lideresa, ya detenidos, Nora Guadalupe Ugarte , Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores , la PGR detectó además a cinco personas —hasta el momento— que facilitaron el desvío de los fondos, ya que en algunos casos se les depositaron primero los recursos antes de transferirlos a las cuentas de compañías “fachada” como Gremio Inmobiliario el Provisor S.A. de C.V.; aún más, se detectó que no sólo el nombre de Estela Morales Ochoa —la finada madre de la maestra— fue utilizado para ocultar las propiedades de la ex dirigente, se ha detectado que existe otro colaborador que tuvo esta función.
Las autoridades de la PGR que informaron sobre la existencia de más implicados no revelaron su identidad, si se trata de personal del propio SNTE, o como en el caso de Díaz Flores que no tenía nexos con el gremio, pero aún careciendo de personalidad legal tuvo acceso a las cuentas.
