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Al detallar diversas acciones que México ha efectuado en derechos humanos, el Gobierno federal rechazó los señalamientos de Human Rights Watch (HRW) sobre supuestas violaciones a los derechos humanos e impunidad de los cuerpos de seguridad en el país.

La Secretaría de Gobernación (Segob) respondió con ello al informe emitido este domingo por el organismo internacional, y confirmó también su intención de continuar en la lucha contra el crimen organizado, a fin de salvaguardar la integridad de la sociedad.

A través de un comunicado de la dependencia federal, el Gobierno federal reiteró su respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas.  

Explicó que el trabajo del personal del Ejército, Fuerza Aérea mexicanos y Marina Armada de México en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada, se desarrolla en estricto apoyo a la estructura de seguridad pública.  

Esa lucha se lleva a cabo atendiendo a la problemática particular que pone en riesgo la integridad física de la población y limita el desarrollo de las actividades cotidianas de la sociedad.  

Además, el actuar del personal es apegado a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, anteponiendo de manera permanente la seguridad e integridad de la población, refirió.  

También fortalece la transparencia y apertura de los cuerpos armados para informar de manera detallada y fidedigna sobre el cumplimiento de sus misiones asignadas, agregó.  

La Segob detalló que se han implementado una serie de acciones en la presente administración para fortalecer la cultura de su respeto y a los derechos fundamentales, destacando entre otras, las siguientes:  

Mencionó entre ellas la creación de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, para atender de manera detallada los asuntos relacionados con este importante tema, incluyendo la atención y respuesta a las peticiones que realice la CNDH.  

Además, el pasado 12 de mayo del 2011 se firmó el convenio específico de colaboración entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Sedena, con el propósito de desarrollar actividades en materia de capacitación, formación y divulgación en derechos humanos.  

En ese sentido se creó un apartado en la página web de la Sedena con el rubro derechos humanos, donde se detalla, entre otros aspectos la situación de las quejas y recomendaciones emitidas por la CNDH y en donde se describe la situación jurídica que guarda cada caso.  

Indicó que desde el 1 de diciembre del 2006 a la fecha, la CNDH ha recibido seis mil 65 quejas en contra de personal militar, las que han dando como resultado tan solo 98 recomendaciones, lo que significa que sólo el 1.61 por ciento de la totalidad de las quejas han concluido en recomendación.  

“En todos los casos, la Procuraduría de Justicia Militar ha iniciado la averiguación previa para determinar la responsabilidad de los involucrados, y en su caso, consignar ante los juzgados correspondientes”, anotó.  

De igual forma, en la página web de la Defensa Nacional se ha informado que 266 militares relacionados con las 98 recomendaciones emitidas por la CNDH han sido indiciados o sujetos a proceso, habiéndoseles dictado, hasta el momento, sentencia condenatoria a 29 de estos militares.  

Por su parte, la Armada de México ha recibido un total de 663 quejas contra derechos humanos, de las cuales 339 han sido concluidas, de éstas, 328 han quedado sin responsabilidad para la institución o su personal.  

Mientras que de las 663 quejas interpuestas en contra de la Semar, la CNDH ha emitido 11 recomendaciones en las que se ha determinado responsabilidad en el actuar del personal naval, lo que representa un 0.0073 por ciento del total de operaciones, por lo que han sido procesados ocho elementos de la institución, y dos más están en proceso.  

La Segob resaltó asimismo que el Ejecutivo federal, el 19 de octubre del 2010 presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de Decreto en la materia.  

Por ese iniciativa se reforma, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del Código Penal, del Código de Procedimiento Penales y de la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación de sentencias.  

La iniciativa propone adecuaciones legislativas al artículo 57 del Código de Justicia Militar a fin de excluir los delitos de violación, desaparición forzada de personas y tortura de la jurisdicción militar.  

Por otro lado, el pasado 7 de julio del 2011, el Presidente Felipe Calderón emitió un acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección a defensoras y defensores de derechos humanos.  

Ello, a partir de la instrumentación de acciones coordinadas en el ámbito de sus atribuciones que desarrolla la Segob en estrecha relación con instancias y dependencias federales, mencionó.  

El objetivo es lograr la protección de defensoras y defensores en riesgo y reiterar su compromiso de lograr un respeto irrestricto a los derechos inherentes de toda persona, explicó.  

Asimismo, en materia de protección a periodistas, el 1° de julio de 2010, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad Expresión, muestra clara de que el Estado no ha desatendido los temas relativos a la violencia contra periodistas, asumiendo su deber de investigar todos los casos en los que se vean involucrados estos últimos.  

Con el recuento de acciones, el Gobierno federal refrendó su respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas.

La denuncia de derechohumanistas

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas de seguridad en México han cometido violaciones de derechos humanos y que los militares gozan de impunidad en esos casos.

A decir de la directora de comunicación de HRW, Emma Daly, el Presidente Felipe Calderón, está empleando a los militares para luchar contra los narcotraficantes y la delincuencia organizada, pero las Fuerzas Armadas no están bien entrenadas para realizar acciones policiales y gozan de impunidad cuando cometen abusos.

De acuerdo al informe de la ONG, los esfuerzos de las autoridades mexicanas para combatir el crimen organizado han desembocado en un significativo aumento de los asesinatos, la tortura y otros abusos de las fuerzas de seguridad, que solo hacen que “el clima de desorden y miedo empeore en algunas zonas del país”.

Una muestra de que los soldados que han cometido violaciones de los derechos humanos contra los civiles nunca son llevados ante la Justicia es, según HRW, que la Fiscalía militar abrió más de tres mil 600 investigaciones de estos casos entre 2007 y junio de 2011 y solo 15 uniformados fueron condenados en ese periodo.

Los principales afectados por esos ataques son los periodistas, los defensores de derechos humanos y los emigrantes.

En cuanto a los periodistas, el informe subraya que este colectivo es “cada vez con más frecuencia objetivo de violencia e intimidación” y recoge que entre 2000 y septiembre de 2011, 74 periodistas fueron asesinados, ocho de ellos el año pasado.

Mientras, HRW señala que los cientos de miles de emigrantes que cruzan México anualmente sufren graves abusos, entre otros el asalto físico y sexual.

El documento incide también en que en general el sistema judicial mexicano “fracasa en hacer justicia a estas víctimas de crímenes violentos o violaciones de derechos humanos”, las irregularidades incluyen torturas a los detenidos, un problema que se perpetúa debido a que algunos jueces aceptan las confesiones obtenidas bajo esa presión.

La organización también critica que las leyes del país, en su opinión, no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas de la violencia doméstica y los abusos sexuales.