La decisión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de aplazar indefinidamente el proceso de licitación para una nueva cadena de televisión a nivel nacional no significa la simple cancelación de una nueva opción de entretenimiento para millones de mexicanos y las mexicanas que encuentran en ésta un momento de esparcimiento, sino el fortalecimiento de los intereses creados alrededor de los oligopolios existentes en la materia, frenando la competitividad nacional en la materia y cancelando indefinidamente la posibilidad de que existan opciones para difundir información, cultura y entretenimiento en México.

Con dicho fallo, las dos grandes cadenas televisivas que cuentan con presencia en toda la República mexicana continuarán dictando la pauta en lo referente a tarifas publicitarias y contenidos en pantalla, pero sobre todo, por su penetración e influencia entre la sociedad, continuarán fortaleciendo su papel de censor o promotor, según el caso, de partidos y políticos, que en tiempos electorales se convierte en factor determinante en la decisión que tomen los electores.


Mientras abrimos nuestras fronteras y reducimos aranceles para afectar la producción nacional y aumentar el desempleo, internamente frenamos la competencia para estimular una visión monocromática lastimando a proyectos legítimos que buscan dar opciones a la población. Se trata, pues, de una resolución que también merma la competencia política y la equidad en materia electoral.

Asimismo, la determinación que por mayoría tomaron los miembros de la Cofetel sin duda camina en sentido contrario a la Ley Antimonopolios avalada hace unos meses en la Cámara de Senadores, pues en teoría pretende erradicar la excesiva concentración en unas cuantas manos de la prestación de un servicio determinado, pero en los hechos inhibe la libre competencia que debe existir entre los ofertantes.

El acuerdo al que acaban de llegar los miembros de la Cofetel sentará un grave precedente de fatales consecuencias para la economía del país, pues en caso de que la Comisión Federal de Competencia decidiera en los próximos días avalar la alianza entre Televisa y Iusacell para la creación de un nuevo monstruo en materia de telefonía móvil, ello supondría poner los ingresos de millones de ciudadanos en manos de dos grandes consorcios que lo único que buscan es el beneficio propio y no el de los millones de personas que utilizan dichos servicios.

Es necesario cambiar la regulación de las Comisiones para sujetar su actuación al espíritu de las leyes y blindarlas de intereses ajenos al del país. Es obvio que las presiones y poder económico y político están influyendo en sus decisiones violando su autonomía como reguladoras, convirtiéndose en protectoras de esquemas que dañan directamente a los consumidores y a la nación. No se puede pensar en el desarrollo del país sin un esquema de medios abierto a la competencia, que generen medios de difusión alternativos para el efectivo ejercicio de la libertad de expresión y la difusión de las ideas.