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Una vez Twitter anunció que había desarrollado un sistema que permitirá bloquear contenidos que pudieran considerarse ofensivos e indebidos, la palabra censura comenzó a escucharse con fuerza en todo el mundo.

Para muchos, la medida, que impediría que algunos comentarios que puedan ser considerados inapropiados en ciertas culturas o países estén al alcance de los territorios afectados, no fue muy bien recibida y puso sobre la mesa nuevamente el delicado tema de la libertad de expresión en la red.

Por un lado, los voceros de la popular red social afirman que la compañía considera que el término se entiende de forma diversa en el planeta, poniendo como ejemplos situaciones de Francia o Alemania en los que se prohíbe la publicación de contenidos que favorezcan el nazismo.

Sin embargo, los usuarios parecen tener un concepto muy diferente sobre lo que es poder expresarse libremente. Tan pronto se conoció la noticia, el hashtag #CensuraTwitter se posicionó a la cabeza de los temas más comentados, así como una propuesta que considera cerrar las cuentas en Twitter si la idea persiste.

Debido a las voces en contra, un portavoz de Twitter salió al paso a la polémica y explicó a la agencia EFE que los bloqueos solo le realizarán cuando sean “instados por ley ”, en lugar de por los criterios históricos y culturales a los que apelaron en un principio.

En otras palabras, si un gobierno solicita que sean bloqueados los tuits de un usuario que consideren que atenta contra ellos o su país, la solicitud tiene altas posibilidades de ser concedida.

Twitter se ha escudado también en su deseo de que sus servicios estén disponibles en todo el mundo. Sin embargo, muchos lo ven como el inicio de la rendición ante los ‘caprichos’ de gobiernos del mundo.

Problema en potencia

Víctor Solano, consultor en comunicaciones, considera que la decisión de Twitter es peligrosa.

“Esta decisión abre la puerta para que cualquier cosa que ofenda a un gobierno sea bloqueada. Muy seguramente lo que puede llegar a ocurrir es que los gobiernos comiencen a hacer una interpretación sesgada de lo que digan sus constituciones, especialmente en los artículos que tengan que ver, por ejemplo, con traición a la patria”.

En este orden de ideas, Solano tomó como ejemplo una denuncia de fraude electoral que se presente a través de la red social, y que si el gobierno del país donde se denuncie considera que altera a la nación, podrá ser bloqueado.

Aunque la mayoría de los comentarios están en contra de la medida, algunos opinan que podría ser un primer paso para que haya mayor tolerancia en la red y cesen las ofensas y discusiones que hoy son comunes entre los tuiteros.

En este aspecto, Solano cree que en un primer momento puede ser entendido de esa manera, pero confía más en una decisión voluntaria de cada usuario.

“Hay una gran tentación a creer que en esos casos particulares hay un beneficio y en el corto plazo los hay. El gran problema es que eso debería nacer de un consenso sociocultural y no de una imposición legal”.

Para Solano, es posible que la sociedad llegue a un estado mayo de tolerancia y sería más válido que sea “consenso ciudadano. Así tiene legitimidad y no solamente legalidad, que es lo que propone Twitter”.

El tema en Colombia

De acuerdo con el anuncio de la red social, los posibles bloqueos de tuits que se presenten en el futuro serán concedidos si antes se diligencia “una petición válida y apropiada de una entidad autorizada” de cada país, y notificará al autor que su contenido ha sido vetado.

En el caso de Colombia, Víctor Solano considera que los usuarios pueden tener un poco más de tranquilidad que en otros países con respecto a la polémica decisión.

“En teoría, estamos en un Estado social de derecho y ante un gobierno que difícilmente llegaría a hacer ese tipo de solicitudes. En términos generales, no creo que se meta en esa pelea contra los usuarios”.

Sin embargo, aclaró que la preocupación principal apunta a países donde las figuras de líderes nacionales son más marcadas y las opiniones contradictorias a un gobierno son mal percibidas.

“El caso de Venezuela es clarísimo, allí un gobierno podría decretar que lo que dice la oposición desestabiliza el orden público. Y le daría un límite a todo lo que pueda ir en contra de ellos”.