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En la semana que recién terminó, fue entregado al gabinete del gobierno federal el estudio “Los impactos climáticos relacionados con la seguridad nacional en México y Centroamérica”, elaborado por el Instituto de Servicios Unidos Reales (RUSI, por sus siglas en inglés), que detalla cómo la sequía constituye un factor de riesgo para la seguridad nacional, advierte este estudio, en el que se explica cómo  inciden los efectos del cambio climático en la vida cotidiana y  en la gobernabilidad del país.

En ese sentido todavía, en lo personal no puedo entender por qué, hace apenas unas semanas, el presidente Felipe Calderón había vetado una ley por medio de la que se tendrían que entregar recursos para el combate a la sequía, y días más tarde emite un decreto mediante el que se ordena la aplicación del Programa integral contra la sequía 2012, consistente en recursos por 34 mil millones de pesos de programas sociales ya existentes, cuya entrega solamente se adelantará, pero sin combatir el problema de raíz.

34 mil millones de pesos es menos de la deuda pública del Estado de Coahuila –en cuyo sector agropecuario también se sienten gravemente los efectos de la sequía- por eso es lógico que líderes campesinos como el cardenista Max Correa califique este programa de ineficiente e inoperante y afirme que es sólo un paliativo para la solución del problema se pobreza extrema y marginalidad absoluta que empieza a vivirse en el campo mexicano.

Y es que, en la medida que el gobierno federal no diseñe un plan estratégico de atención al campo, los alimentos –ya de por sí caros por la crisis internacional y por la sequía en otras latitudes del planeta- seguirán aumentando sus precios y el desabasto de agua generará también serios problemas, incluso de salud pública.

México ya no es un país rural. México, desde los oscuros tiempos salinistas, con las políticas públicas de sus gobiernos, ha pretendido aniquilar la producción agropecuaria, sobre todo del sector social, para dar paso a una sociedad maquilera, donde incluso los profesionistas se sumen laboralmente a ese sector productivo; sin producción alimentaria ni siquiera de autoconsumo, y ahora parece que, en todos los sentidos, empiezan a pagarse las consecuencias, porque, tal como lo señala el estudio mencionado: “En la medida en que se altere la disponibilidad del agua y  la producción de alimentos, los estilos de vida sufrirán repercusiones; se podrían incrementar las probabilidades de que más gente pretenda emigrar en busca de oportunidades económicas o, incluso, involucrarse en actividades ilícitas, a las que se suma, de manera potencial, al crimen organizado”.

Este es un asunto social que requiere de suma sensibilidad para ser atendido, y hasta el momento ninguno de los precandidatos de ningún partido político, ha explicado específicamente si, en caso de ser presidente (o presidenta) atendería el problema, con sus respectivos “cómos”, porque, en tiempos electorales se atiende lo urgente, pero no se habla de lo verdaderamente importante.