A casi dos semanas de que quedara al descubierto el manejo irregular de 25 millones de pesos en efectivo por parte de funcionarios del gobierno de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa sigue sin ofrecer pruebas convincentes del origen y destino de tan cuantiosos recursos, que en cualquier otro paÃs ameritarÃa una investigación judicial por presunto lavado de dinero o manejo de recursos de dudosa procedencia.
La falta de información al respecto en dicho lapso por parte de la ProcuradurÃa General de la República y del Servicio de Administración Tributaria le ha dado oportunidad al gobernador priista de aplicar cambios cosméticos en la SecretarÃa de Finanzas, relevado al titular de Finanzas de dicha dependencia, con lo cual Duarte le apuesta a que tan escandaloso episodio pase a la historia como una curiosa anécdota propia de una democracia en ciernes como la mexicana, en la que todo se denuncia pero nada se castiga.
Ante la proximidad del arranque formal de la campaña rumbo a la presidencia de la República, y ante la falta de mecanismos reales por parte de las autoridades electorales que inhiban la presencia de recursos ilÃcitos en las campañas de los contendientes a los más de mil cargos de elección popular que estarán en juego el 1 de julio, urge que las autoridades encargadas del caso ofrezcan a la brevedad detalles precisos del tema, pues de otra manera se corre el riesgo de presenciar casos similares que apuntarÃan a una contienda inequitativa de fatales consecuencias para el futuro del paÃs.
En los próximos dÃas veremos si el gobierno calderonista se atreve a ponerle un “hasta aquÆdefinitivo a las sucias maniobras que el PRI desde sus gobiernos en los estados viene instrumentando como parte de su plan para regresar a Los Pinos, o si como sucedió con el Moreirazo, nos quedaremos con la simple denuncia mediática que es capaz de derribar a personajes de sus cargos, pero en el que en los hechos los delitos siguen impunes y los verdaderos culpables continúan en libertad.
SerÃa lamentable para el sistema de aplicación de justicia del paÃs que el gobierno federal se conformara con la versión oficial ofrecida por Javier Duarte luego del decomiso de los 25 millones de pesos -cantidad con la que se pueden comprar al menos tres millones 125 mil tamales-, pues confirmarÃa el debilitamiento de las instituciones federales ante la maquinaria priista que apuesta a que el PAN le regrese el poder a cambio de no tomar represalias contra los todavÃa funcionarios panistas.
A T E N T A M E N T E
Hortensia Aragón Castillo
Coordinadora Nacional
Foro Nuevo Sol-PRD
