El Instituto Electoral de Michoacán finalmente acabó comprando por segunda ocasión el inmueble que habita, esto luego de que tras perder un amparo, el propietario del lugar estuvo a punto de desalojarlo en noviembre pasado.
En total fueron once millones 750 millones de pesos lo que devengó el organismo electoral para cubrir el costo del inmueble que ocupa, el cual se valúa en alrededor de 19 millones de pesos.
Cabe apuntar que a finales del siglo pasado, cuando el IEM adquirió el terreno en el que posteriormente construyó su edificio, tuvo que pagar dos millones de pesos. Ahora le tocó pagar nuevamente por el terreno y el costo de la construcción que el propio órgano realizó.
En octubre pasado a menos de un mes de que se desarrollara la jornada comicial, el IEM se quedó en la calle, ya que luego de años de litigio por el inmueble que ocupa finalmente perdió el último amparo, por lo que para permanecer ahà debió pagar por segunda ocasión el terreno que ya habÃa comprado.
El organismo adquirió a finales de los 90 sin saberlo un predio motivo de disputa entre los familiares de un intestado, por lo que al resolverse la repartición del bien, resultó que quien le habÃa vendido al organismo sólo era poseedor de una porción del terreno, por lo que los otros propietarios procedieron a demandar la posesión de su propiedad.
Es asà como Juan Abraham Bermúdez vendió al organismo un terreno mayor al que le correspondÃa por lo que AgustÃn Trillo GarcÃa lo demandó y el IEM quedó como tercero perjudicado.
Finalmente el organismo para poder permanecer en el sitio tuvo que devengar 11.7 millones, monto que fue autorizado el pasado 13 de diciembre por el Consejo General del Instituto, luego de que a finales de noviembre se amenazara con desalojarlo.
Una vez realizado el pago, se realizó la protocolización del convenio adquirido con Francisco David Santillán DÃaz, quien actualmente tenÃa los derechos legales sobre el inmueble.
El convenio fue para revivir la escritura original que tenÃa el IEM tras la compra original del inmueble, y que las anotaciones de cancelación de ésta fueran retiradas por el Registro Público de la Propiedad.
