Debido a los desafortunados sucesos de los últimos dÃas acontecidos en penales estatales de Nuevo León demuestran que las cárceles del paÃs, más que centros de readaptación social siguen siendo simples hoteles de paso en los que la Federación resguarda por un tiempo a los delincuentes y sicarios que Felipe Calderón y los gobiernos estatales presentan con bombo y platillo en cadena nacional, pero que salen libres por la ineficacia y corrupción de las procuradurÃas y juzgadores, o por fugas masivas pagadas y planeadas que deshonran las miles de muertes de civiles, policÃas y militares caÃdos en una guerra fratricida de una estrategia fallida en materia de seguridad. El sistema penitenciario mexicano está podrido y quebrantado y requiere una transformación de fondo. No deben estar mezclados reos de fuero común con delincuentes de primer orden, ni presos estatales con federales. Es un modelo de estudio y aprendizaje de especialidad y posgrado en materia criminal, lejos de readaptarse se profesionalizan. El modelo de hotel de paso se demuestra en que según la tarifa es la celda, sus lujos y privilegios, las estancias son temporales ya que la gran mayorÃa quedan libres al terminar sus juicios después de consumar nuevas relaciones criminales y de aprender nuevas técnicas para matar, secuestrar, robar y extorsionar. ¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿Cuánto valen penales eficientes? ¿Cuántas vidas más espera la voluntad polÃtica para tomar cartas en el asunto? El simple encarcelamiento de delincuentes no es suficiente para erradicar la violencia que diariamente se manifiesta en las calles. Como quedó demostrado, la ausencia de controles efectivos a interior de las cárceles, la falta de preparación de quienes son contratados para fungir como celadores y directores de penales, y la colusión de funcionarios de todo nivel al interior de los centros de reclusión, tarde o temprano, se manifiestan en calamidades como esta. La corrupción existente en centros de readaptación social no es un hecho nuevo y mucho menos es exclusivo de los penales estatales, pero mezclada con el desinterés de las autoridades municipales, estatales y federales responsables de la seguridad dentro y fuera de las cárceles del paÃs, configuran verdaderas bombas de tiempo cuyas consecuencias fatales seguirán replicándose –como sucedió en Apodaca-, de no tomarse verdaderas medidas de prevención, en las que sin duda debe incluirse la separación inmediata de reos federales de aquellos que purgan delito del fuero común. Pero mucho más importante que el traslado de reos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad, el paso fundamental para inhibir manifestaciones de violencia como la presenciada en los últimos años en diferentes penales del paÃs es entre otras, abatir la sobrepoblación carcelaria, lo que sin duda pasa por mejorar desde los juzgados el trabajo de los ministerios públicos, cuyas fallas derivan en la existencia de personas a las que se les ha privado de su libertad pero a las que por meses o incluso años no se les ha dictado sentencia definitiva. Sin combate a la corrupción, empleo y educación no habrá seguridad.
