En México la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que encabeza la Organización de las Naciones Unidas, cuyo lema este año señala que “Es hora de actuar para acabar con la violencia contra la mujer“, estará marcada por el incesante crecimiento de las agresiones, la violencia y los asesinatos cometidos contra dicho sector de la población, así como por la pasividad gubernamental para frenar los delitos relacionados con dicho fenómeno, afirmó Hortensia Aragón Castillo, coordinadora nacional de Foro Nuevo Sol del Partido de la Revolución Democrática.
Desde su óptica, tan preocupante situación ha llevado a ciudadanos agrupados en organismos civiles y de manera individual en la mayoría de las entidades de nuestro país a exigir a los gobiernos estatales el decreto de la alerta de género por el número de feminicidios conocidos en los últimos meses, en donde desafortunadamente una importante parte de esas víctimas corresponden al sector juvenil.
Aragón Castillo dijo que la violencia que ataca a las mujeres mexicanas cada vez a más temprana edad está relacionada con las erráticas políticas de seguridad, laboral, económicas y educativas instrumentadas durante los pasados sexenios panistas, que por lo que podemos percibir no tendrán grandes cambios en el transcurso del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Señaló que de acuerdo con el proyecto Violencia Juvenil en América, realizado por el Colegio de México y el Centro Internacional de Investigación sobre Desarrollo, entre el año 2000 y el 2008, en pleno auge del panismo, en México fueron asesinados 36 mil 444 adolescentes y jóvenes entre 10 y 29 años de edad.
Recordó que del total de los homicidios de jóvenes, el 12.3 por ciento (unos 4 mil 500) correspondieron al sexo femenino, en los que el Colmex señalaba como factores de incidencia problemas escolares y comunitarios, el desempleo, la exclusión social, la discriminación, la violencia doméstica y las relaciones con personas vinculadas con el crimen y armas, entre otros.
La también ex secretaria general perredista citó que en otro estudio denominado “Violencia Feminicida en México”, patrocinado por la Comisión Especial legislativa para dar seguimiento a los Feminicidios y la ONU, se constata, con cifras del año 2010, que los asesinatos de mujeres entre 15 y 19 años en México tenían una tasa de 5.2 por ciento por cada 100 mil habitantes, mientras que entre las niñas 10 a 14 años la proporción era de 1.1 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Según ese estudio –apuntó-, de esos homicidios cometidos en contra de mujeres 54% involucraron un arma de fuego.
Destacó que de acuerdo con Yuriria Rodríguez Estrada, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Católicas por el Derecho a Decidir, en los últimos dos años del pasado sexenio se cometieron cuatro mil 112 asesinatos de mujeres y se contabilizaron tres mil 976 desaparecidas.
Por su parte, un reportaje de la periodista Sanjuana Martínez, aparecido en noviembre del año pasado en el diario La Jornada, refiere que tan sólo en Nuevo León en 2012 fueron asesinadas 132 mujeres y más de 500 niñas y jovencitas de entre 10 y 20 años fueron reportadas como desaparecidas.
“Desgraciadamente, dicha entidad no es la única en la que las mujeres padecen este tipo de violencia”, apuntó Hortensia Aragón.
Para la también vicepresidenta del Consejo Nacional del PRD, “a pesar de que en la mayoría de los códigos penales locales de nuestro país se han tomado las medidas conducentes para castigar con mayor rigor a los responsables de ejercer la violencia de género, con penas que rebasan los 40 años de cárcel y que alcanzan incluso los 60 años, sigue siendo inevitable que cada vez con mayor frecuencia un mayor número de mujeres aparezcan como víctimas de este tipo de acontecimientos”.
Como ejemplo citó varios casos:
En el estado de México, tan sólo este año se han documentado siete feminicidios y la desaparición de más de 100 mujeres. De esos casos, tres asesinatos ya han ido resueltos y unas 40 mujeres han sido localizadas. Sin embargo, en tres años las desapariciones suman más de mil y los feminicidios rebasan los 120.
En Morelos, en lo que va de la actual administración se han presentado 27 feminicidios, siete de ellos en lo que va de este año.
En Coahuila, la Procuraduría General de Justicia informó que durante 2012 se consumaron un total de 110 homicidios dolosos contra mujeres, y en lo que va del año suman ya 16 en todo el estado.
En Hidalgo, de acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría del Estado, de 2009 a 2011 han ocurrido 93 asesinatos de mujeres. De ellos, la autoridad revela que se desconoce la edad de 60 de las víctimas, 17 tenían entre 21 y 30 años, 10 más entre 11 y 20 años y en ocho de 40 a 60 años.
En Chiapas, hasta diciembre del año pasado se tenían registrados 43 casos de feminicidios sin resolver y muchos otros de violencia en sus distintos tipos basados en diferencias de género, que coloca a dicho estado entre los nueve estados del país con mayor incidencia.
Recordó que en un estudio presentado recientemente por la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, en el Senado de la República, refiere que las nueve entidades que registran una tendencia creciente de homicidios de mujeres son Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Sonora.
Para Aragón Castillo, con dichos datos queda claro que el retorno del PRI a la presidencia de la República no ha logrado evitar que desde finales del año 2012 y a la fecha prácticamente sigamos conociendo de crímenes de ese tipo cometidos en todo el territorio nacional.
“Desafortunadamente la violencia contra las mujeres no se remite solamente a los casos en lo que éstas han perdido la vida”, acotó.
“Ésta se encuentra claramente asociada con las más de 26 mil desapariciones forzadas reconocidas por el gobierno de Peña Nieto y con la explotación sexual con fines de trata en estados como Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Durango, Chiapas, Oaxaca, estado de México, Hidalgo, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, ubicados por las autoridades como los que presentan mayor incidencia de dicho delito, que genera ganancias para sus operadores por 10 mil millones de dólares anuales, pero ante el cual no se hace nada”.
Subrayó que aunque parece un lugar común, “todas estas derivaciones de la violencia contra las mujeres tienen como origen el entorno socioeconómico en el que actualmente nos encontramos, que encuentra en la impunidad prevaleciente en el sistema de justicia mexicano su mejor caldo de cultivo”.
Citó datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que refieren que en México las mujeres víctimas de violación sexual suman más de 14 mil al año, cifra de la cual el 74 por ciento son menores de 14 años y 81 por ciento de ese total son niñas.
Asimismo destacó que para Amnistía Internacional, el nivel de impunidad que existe en México contra agresores de mujeres es tal que menos del 5% de los casos de violencia sexual contra ellas se castiga, aunque si tomamos en cuenta que el 80% de los casos de violación no es denunciado estamos ante un asunto de suma gravedad que urge revertir.
“Aunque en México y en el mundo se sigue legislando para otorgar derechos plenos e igualitarios entre los sexos en todas sus facetas, la discriminación sigue prevaleciendo como un hecho que indudablemente marca hondas diferencias entre hombres y mujeres”, dijo la coordinadora de Foro Nuevo Sol.
Como ejemplo, el reporte de Women’s Media Centre, que señala que las mujeres están poco representadas en la industria de los medios de comunicación. Aunque las mujeres constituyen más de la mitad de la población, en los medios no las vemos ni las oímos en igual cantidad que a los hombres.
Por ello, apuntó que como lo constata dicho informe, es justo afirmar que en dicho medio, como en otros como la política los hombres siguen teniendo mayor poder de decisión y de influencia que las mujeres, lo que refiere que hay una crisis de representación para las mujeres.
Hortensia Aragón Castillo sentenció que para que este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer se convierta en una verdadera celebración, el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene el deber de instrumentar una política de seguridad en todo el país que evite que las mujeres sigan siendo víctimas dentro de la diversificación de delitos que llevan a cabo integrantes del crimen organizado.
Para ello, dijo, urge que el sistema de justicia se modernice a fin de acabar con el rezago existente en el número de averiguaciones previas, que ocasiona los altos niveles de impunidad que se tienen registrados.
Es imperativo que la aplicación de la justicia en nuestro país deje de ser selectiva y que se evite usarla como arma con fines políticos para amagar a los adversarios del gobierno.
Los gobiernos de los estados por su parte tienen que dejar de evadir sus responsabilidades y ponerse a atender los graves problemas que aquejan a las mujeres, entre ellos las miles de denuncias relacionadas con la trata de personas, delito en el que al parecer están coludidas autoridades de las más altas esferas gubernamentales.
En el plano legislativo, la reforma electoral que se encuentra dentro de las prioridades del acto por México debe avocarse, entre otros puntos, a garantizar una verdadera igualdad entre los géneros, a fin de acabar con la sub representación de las mujeres en las cámaras por la violación a la norma electoral desde el seno de los diferentes partidos políticos, finalizó.
