La firma del Protocolo de Seguridad anunciado ayer por la Presidencia de la República, con el que se pretende que las elecciones de julio próximo se realicen con gobernabilidad, paz y seguridad social, es un documento sesgado y limitado que sólo intenta frenar algunas de las acciones que pueda emprender el crimen organizado durante este periodo, pero que alevosamente omite incluir otras maniobras igualmente o más peligrosas que realizan los poderes legalmente constituidos, como son los gobiernos estales con mayorÃa priista y panista, sin duda intentarán instrumentar para influir ilegalmente en favor de Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota.
Si desde el momento en que la presidencia de la República decidió meter las manos en las elecciones al anunciar un supuesto empate técnico entre Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, sabÃamos que la palabra de Felipe Calderón no vale nada, la reunión que éste tuvo con Pedro JoaquÃn Coldwell, dirigente nacional del PRI, confirmó que desde Los Pinos, en complicidad con la cúpula priista, se intentará convencer a la opinión pública –con encuestas incluidas- que la disputa presidencial es una lucha de dos y no de tercios, como es en realidad.
La viabilidad del proceso electoral que ya se encuentra en marcha está muy lejos de estar garantizada, pues en el documento signado no existe ninguna medida para evitar -como tampoco sucedió en las elecciones locales desarrolladas durante 2010 y 2011- el uso electoral de recursos económicos provenientes de las arcas de los gobiernos priistas, que sin duda fueron un factor determinante en los resultados finales de los comicios de entidades como Zacatecas, Hidalgo y Durango.
Tal parece que el encuentro Calderón-Coldwell ha rendido frutos, pues el que la Presidencia de la República no haya querido o haya omitido incluir tan sensible hecho en el protocolo antes mencionado significa que el actual gobierno panista le está otorgando una patente de corzo al PRI para operar a sus anchas durante las próximas elecciones, aunque ahora con la complacencia presidencial.
El no amarrarle las manos a los gobernadores ocasionará que en los próximos dÃas seamos testigos de casos tan deplorables como el Moreirazo que tanto revuelo causó por el inexplicable endeudamiento por 38 mil millones de pesos del estado de Coahuila; o el caso de los 25 millones de pesos en efectivo del gobierno de Veracruz transportados en aviones oficiales para fines que a la fecha no han sido aclarados, lo que sin duda alguna tendrá lamentables consecuencias para el futuro inmediato de la democracia y la polÃtica que se desarrollan en el paÃs.
Si no hubo un pacto entre Calderón y Coldwell para cerrarle el paso a Andrés Manuel López Obrador, los acontecimientos de los últimos dÃas, entre ellos la negativa del IFE a organizar más debates durante el periodo electoral, tienen todos los ingredientes para configurar una campaña que busca aislar mediáticamente al candidato del movimiento progresista de las izquierdas.
