Florence Cassez ha sido más que un caso judicial. En los entretelones, en poco más de tres años esta historia estuvo marcada por desencuentros polÃticos y reuniones fallidas, promesas incumplidas al más alto nivel, intercambio de misivas y errores diplomáticos que abonaron a un escenario que propició un punto de quiebre en la relación bilateral México-Francia más allá de lo público.
Los episodios paralelos al desarrollo del proceso jurÃdico, que en los últimos dÃas fueron motivo de intenso cabildeo, no son nuevos.
Allegados al caso permitieron reconstruir los momentos que, reconocen, frenaron la posibilidad de que la relación entre ambos paÃses prosperara en todos los ámbitos.
Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy se reunieron en 2007 en el Palacio del ElÃseo, un encuentro que el mandatario francés calificó de exitoso ante los medios, ya que permitirÃa llevar la alianza binacional por nuevos y mejores derroteros. Se pactó asà la visita del polÃtico galo a México, que se concretó en marzo de 2009.
Pero “habÃa claroscuros, preocupaba al gobierno francés el caso de su ciudadana, las deficiencias detectadas en el expediente, como el cambio de testimonio de las vÃctimas; la exhibición pública, que ya para ese momento la defensa argumentaba como un montaje de la Agencia Federal de Investigación, era una sombra, que se buscó no empañara la visita de Estado de Sarkozy”.
Ingrid Betancourt fue la emisaria elegida para allanar camino. En diciembre de 2008 el gobierno de Francia le encomendó entregar personalmente una carta de Sarkozy al presidente mexicano. Nadie sospechó su misión.
La diplomática franco-colombiana, quien estuvo secuestrada más de seis años por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el encuentro oficial con Calderón nunca mencionó el caso Cassez, ni ante la prensa; después, Betancourt pidió ver al Presidente en su despacho, y le dio la misiva.
En la carta, Sarkozy, pragmático, planteó en unas cuantas lÃneas que “le preocupaba la situación de Florence, pidió al mandatario que por favor atendiera el tema, pues no querÃa que desviara la atención de su viaje a México, que tenÃa otros objetivos”, relataron.
El 6 de febrero de 2009, Calderón respondió con otra carta a su homólogo, en la que le comunicó que el Poder Judicial resolverÃa con apego al Estado de derecho. La misiva decÃa: “en caso de quedar firme una sentencia condenatoria, se podrá explorar la aplicabilidad del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas adoptado en Estrasburgo, Francia, el 21 de marzo de 1983”.
La respuesta de Calderón fue entendida en el gobierno francés como una promesa del más alto nivel de que Cassez, en caso de ser hallada culpable por el Primer Tribunal Unitario de segunda instancia (fallo aún pendiente en ese momento), serÃa entregada por México para que cumpliera la sentencia en su paÃs, acorde con sus compromisos internacionales, ya que el referido tratado fue ratificado por el gobierno mexicano al inicio de esta administración, y rubricado por el Ejecutivo y su canciller Patricia Espinosa.
El lunes 2 de marzo de 2009, una semana antes de que iniciara la visita del jefe de Estado francés, un segundo emisario del Palacio del ElÃseo viajó a México para tratar el tema. Jean-Claude Marin, el fiscal general de ParÃs, se reunió con el entonces titular de la ProcuradurÃa General de la República (PGR), Eduardo Medina-Mora, quien le aseguró que el caso no afectarÃa el encuentro de mandatarios y que el fallo judicial aún tardarÃa: “Tranquilo, no va a pasar nada antes de uno o dos meses”, garantizó el ex funcionario mexicano.
Para sorpresa de Marin, quien regresó de inmediato a su paÃs, antes de que su avión aterrizara en ParÃs ya se habÃa ratificado la culpabilidad de Cassez, aunque se le redujo la condena a 60 años de cárcel. Él ya habÃa avisado a su presidente del resultado de la entrevista con Medina-Mora, el mensaje tranquilizador habÃa llegado a su destino.
El 3 de marzo Sarkozy estaba en una reunión con periodistas y hablaba de su viaje a México cuando se le preguntó sobre el caso de su ciudadana y no tardó en responder que respetarÃan el fallo, que se darÃa en los próximos meses y que confiaba en la justicia. Lo corrigieron, le informaron que la resolución ya existÃa y era condenatoria; él interrumpió la conferencia y regresó 15 minutos después para decir que se aplicarÃa el Tratado de Estrasburgo, pero ya para ese momento desconfiaba de las autoridades mexicanas.
La llegada del presidente galo a México estuvo marcada por el caso Cassez. Un amplio sector y activistas antisecuestro ya habÃan iniciado una campaña para exigir que la joven no fuera enviada a su paÃs a purgar allá su sentencia.
El domingo 8 de marzo, después de visitar Teotihuacán, los presidentes compartieron la mesa. A los postres Calderón soltó: no se aplicará Estrasburgo. Sarkozy se sintió traicionado, pero al término de la visita se acordó un grupo de trabajo binacional para analizar la aplicación del tratado, se buscó una salida jurÃdica y diplomática.
Las gestiones fracasaron, juristas mexicanos y franceses se reunieron sólo en tres ocasiones sin llegar a un acuerdo, se rompió el diálogo.
El 22 de junio, Calderón -en televisión- anunció la decisión de no entregar a Florence a su gobierno ante la falta de garantÃas para que cumpliera la totalidad de la condena; ese mismo dÃa envió otra carta a Sarkozy en la que le informó su negativa y en la que defendió: “el gobierno de México cumple incuestionablemente y de buena fe sus obligaciones internacionales. En este caso lo ha hecho al explorar, tal como se comprometió a hacer, la posibilidad de aplicar el Convenio de Estrasburgo”.
El ministerio de Asuntos Exteriores de Francia respondió en menos de 24 horas y acusó al gobierno mexicano de actuar de manera unilateral, y dijo que su posición resultaba una “profunda decepción”. Tal era el ánimo al más alto nivel respecto a México, sus autoridades y el manejo diplomático y jurÃdico del caso.
Fue hasta mayo de 2010 cuando los dos mandatarios volvieron a encontrarse en Madrid. Detrás de los mensajes públicos de apoyo mutuo a la COP-16 y el G-20, apareció el tema y Calderón, indicaron las fuentes, le dijo a Sarkozy que si la defensa presentaba un amparo la decisión quedarÃa en manos del Poder Judicial y no existirÃa injerencia alguna de su gobierno.
El recurso legal se presentó en agosto de 2010 y tocó resolverlo a los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado de Primer Circuito, quienes confirmaron la condena el 10 de febrero de 2011.
Fuentes consultadas indicaron que el gobierno francés recibió información de que en el fallo influyeron supuestas presiones desde Los Pinos y la SecretarÃa de Seguridad Pública federal, a cargo de Genaro GarcÃa Luna, el funcionario señalado como orquestador del montaje de captura de Cassez, lo que provocó el enojo de Sarkozy.
“Pensó que Calderón tuvo injerencia en la decisión y que una vez más lo engañaron sobre el curso que darÃa el caso”.
Se desató una crisis diplomática. La cancillerÃa francesa acusó que en México existe denegación de justicia, se canceló el Año de México en Francia, después de que Sarkozy anunció que en cada evento se recordarÃa a Cassez, lo que fue inadmisible para el gobierno mexicano.
En un intento por no afectar más la relación, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, la canciller Patricia Espinosa y el embajador francés Daniel Parfait se reunieron en el Palacio de Cobián, donde cada parte fijó las mismas posturas de los tres últimos años.
