Un grupo de indígenas purépechas del municipio rebelde de Cherán, Michoacán, reiniciaron hoy el diálogo con autoridades estatales tras liberar a 14 policías y dos funcionarios que tenían en su poder desde la madrugada del jueves.
Los agentes policiales y los funcionarios fueron retenidos cuando investigaban enfrentamientos a balazos registrados en la zona por disputas en torno a la posesión del bosque de Cherán, que provocaron la muerte de dos indígenas y de seis presuntos taladores.
Una fuente del Gobierno de Michoacán confirmó hoy a Efe que los once policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), tres agentes de la Policía Ministerial y los dos funcionarios se encuentran en buen estado de salud y ya están con sus familiares.
Además de los 16 retenidos, los indígenas entregaron tres patrullas, así como 32 armas de fuego, largas y cortas.
El Consejo Mayor de Cherán, un autogobierno impuesto por los indígenas tras desconocer hace un año a las autoridades federales y estatales, sostiene hoy una reunión privada con el gobernador Fausto Vallejo para exigirle un alto a la tala ilegal de su bosque.
De acuerdo con el Consejo, que gobierna según los “usos y costumbres” purépechas, en los últimos 20 años han sido destruidas unas 30 mil hectáreas de pino y encino.
Cherán está localizado en el corazón de la Meseta Purépecha, donde los indígenas desconocieron desde hace un año a los Gobiernos federal, estatal y municipal al acusarlos de no garantizar la seguridad de sus bosques frente a la tala clandestina, apoyada por grupos del crimen organizado.
Así, los purépechas, la principal etnia de Michoacán, organizaron sus propios grupos armados de vigilancia para evitar la tala clandestina del bosque, lo que ha provocado diversos enfrentamientos con los taladores.
La comunidad de Cherán, con una población de 4.500 indígenas, se opuso a la elección de gobernador del estado, alcalde y diputados el pasado 13 de noviembre, y anunció que tampoco permitirá la votación del 1 de julio próximo, cuando se elegirá al sucesor del presidente Felipe Calderón y más de 2.000 funcionarios públicos.
