• Se reúne con el Consejo para el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal en Michoacán
• Renace promueve la reforma penal, con juicios públicos en presencia del juez
• La participación de la sociedad civil, fundamental en la implementación del nuevo modelo de justicia
Integrantes del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán y de su Secretaría ejecutiva, se reunieron con representantes de la organización civil Renace, que encabeza Ernesto Canales Santos, a través de la vinculación realizada por la licenciatura en Derecho del Tecnológico de Monterrey, campus Morelia.
La Institución Renace A.B.P. surge en Nuevo León en 1994 con la misión de defender a personas inocentes, de bajos recursos económicos, injustamente procesadas; apoyar la libertad responsable de quienes han sido acusados de cometer un delito menor por primera vez para lograr su reintegración social, y promover el respeto al debido proceso. Renace busca replicar la experiencia en Michoacán, con el fin de contribuir a crear una sociedad civil más participativa en el sistema de seguridad pública y justicia penal.
Trabajo de Renace
Además de sus programas de servicios de reinserción social y de servicios jurídicos, que tan sólo en 2011 apoyaron a 936 personas, Renace trabaja de la mano del consejo implementador del nuevo sistema en Nuevo León. “Nuestra labor es acompañar a la sociedad civil en este cambio tan dramático de la reforma penal, al nacimiento de un nuevo sistema, con la complejidad que esto significa. Se trata de una nueva cultura, lo cual implica que hay que arrancar inercias y requiere de una difusión amplia entre la sociedad. En Nuevo León, Renace ha sido un factor fundamental en la implementación: sin la participación de la sociedad civil probablemente no se hubieran dado los cambios necesarios”, señaló Canales Santos.
Alejandro González Gómez, presidente del Poder Judicial y del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, declaró que “vamos caminando por líneas paralelas, el Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán y Renace, ya que los fines que se persiguen son los mismos: hacer cumplir lo que dice la Constitución en su nuevo artículo 20º, donde se explicita que el proceso penal busca que se solucione el conflicto, que el responsable no quede impune, que se garanticen los derechos de la víctima y que se repare el daño ocasionado”. Por ello, agregó, “es una feliz coincidencia encontrarnos con estos proyectos. Nos entusiasma la iniciativa de replicar la experiencia de Renace en Michoacán, pues interesa especialmente al Consejo contar con el mayor número de asociados posibles para construir escenarios pertinentes con el impacto social que una reforma de este calado necesita”.
Recurso para la reforma
“Es importante que los consejos implementadores sean organismos fortalecidos con recursos suficientes para atender las demandas de la ciudadanía, de mayor seguridad y mejor justicia. Constituye un capital político importante que las instituciones cuenten con la confianza de los ciudadanos”, dijo Canales Santos. Respecto al fondo de apoyo para infraestructura y seguridad, anunciado en marzo pasado por el gobierno federal, que financiará con hasta 12 mil millones de pesos a las entidades que así lo soliciten para el fortalecimiento específico de la infraestructura y seguridad necesarias para el Nuevo sistema de justicia penal, Alejandro González señaló que “es importante que se evalúe la necesidad de participar de este fondo lo antes posible, pues estará disponible hasta el 15 de junio próximo”.
Capacitación de operadores
Acerca de la capacitación, Canales Santos declaró: “es fundamental y se requiere de un trabajo simultáneo”. Al respecto, González Gómez refirió que el programa diseñado por el Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán contempla una capacitación inicial de manera simultánea y posteriormente conjuntando a todos los operadores en una formación integral.
“Es importante que los cuatro pilares del sistema de justicia –judicatura, defensoría pública, ministerio público y seguridad pública- se encuentren igualmente fortalecidos. Si cualquiera de estos pilares no recibe la adecuada capacitación o no cuenta con los recursos mínimos necesarios, el funcionamiento total del sistema de justicia penal y seguridad pública se verá comprometido”, explicó Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de Institución Renace.
Estado de derecho y Derechos Humanos
“A través del respeto a los derechos humanos y procesos más transparentes y eficientes, se ahuyenta la corrupción y se logra un verdadero estado de derecho”, puntualizó Canales Santos. Además, “en las entidades donde ya se encuentra en vigor el nuevo modelo de justicia ha disminuido la prisión preventiva, lo cual contribuye al respeto a los derechos humanos, reduce costos, ayuda a la gobernabilidad y despresuriza el sistema penitenciario”, sumó González Gómez.
Finalmente, González Gómez agradeció el impulso de temas comunes. “En Europa se dice que es dichoso el penalista que presencie el nacimiento de un nuevo código penal, pero aquí no sólo somos testigos de un nuevo código, sino de una serie extensa de ordenamientos jurídicos y un nuevo sistema penal, que en diez meses estaremos viendo nacer.”
