El gobierno de Obama estima que esta ley, promulgada por Arizona en 2010, invade las prerrogativas del gobierno federal, al que la Constitución atribuye la elaboración y el respeto de la política migratoria.
La Suprema Corte de Estados Unidos analiza hoy la constitucionalidad de algunas disposiciones de la polémica ley SB 1070 de Arizona, promulgada por el estado fronterizo de Arizona, que convierte a la inmigración ilegal en delito estatal, algo que fustiga el gobierno federal.
Se trata de un caso que podría sentar un precedente nacional sobre el derecho de los estados a implementar la política migratoria.
El gobierno del presidente Barack Obama estima que esta ley invade las prerrogativas del gobierno federal, al que la Constitución atribuye la elaboración y el respeto de la política migratoria; por lo que el máximo tribunal estadunidense volverá a examinar la separación de los poderes federal y estatal, tras analizar el mes pasado la reforma sanitaria de Obama.
El abogado general de la nación, Donald Verrilli, y el jurista Paul Clement disponen de 60 minutos para presentar ante los nueve magistrados los argumentos en contra y a favor respectivamente de la legalidad del estatuto que ha inspirado leyes similares en todo el país.
La revisión coincide con el segundo aniversario de su promulgación por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y en medio de la carrera presidencial donde el tema migratorio ocupa un lugar central entre el presidente Barack Obama y el ex gobernador Mitt Romney.
Mientras Obama ha criticado abiertamente el estatuto de Arizona y busca su eliminación, Romney lo consideró como un “modelo” a nivel nacional en un cortejo al sector más conservador de su Partido Republicano.
Aunque la legislación de Arizona ha sido parcialmente suspendida, su desenlace es seguido por otros estados con legislaciones similares, como Alabama y Georgia, así como por organizaciones de defensa de migrantes que buscan su derogación definitiva.
Para impedir su entrada en vigor en 2010, el Departamento de Justicia interpuso una demanda para declarar inconstitucional la SB 1070 por considerar que viola la cláusula constitucional que determina la supremacía del mandato federal sobre el de los estados.
La demanda del Departamento de Justicia argumenta que la ley de Arizona viola la Cláusula de Supremacía de la ley federal en la materia y que también viola la Cláusula de Comercio al lesionar las relaciones de Estados Unidos con México.
La gobernadora Brewer solicitó en agosto pasado al máximo tribunal, su intervención a fin de eliminar la suspensión impuesta por una jueza federal a las más importantes previsiones de la SB 1070, lo que ha impedido a Arizona aplicar el estatuto como fue diseñado.
Brewer aplaudió la decisión de la Suprema Corte de revisar el caso y se dijo confiada en que “el máximo tribunal confirmará la autoridad constitucional de Arizona y la obligación de proteger la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos”.
Las partes claves de la SB 1070, incluyendo la autorización a las policías locales a detener a cualquier sospechoso de residir en forma ilegal en Estados Unidos, permanecen suspendidas por orden de la magistrada federal Susan Bolton.
El caso detonó la movilización inédita de organizaciones de defensa de los migrantes, de hispanos, así como de grupos religiosos y cívicos de todo el país, muchos de los cuales viajaron a Washington para estar presentes en la histórica audiencia.
Por separado, la jueza Elena Kagan, nombrada por el presidente Obama, se recusó de participar en el caso, porque como Abogada de la Casa Blanca trabajó en argumentar la inconstitucionalidad de la medida.
La Corte Suprema anunció en diciembre pasado que examinaría la constitucionalidad de la ley SB 1070, que permite a la policía detener a sospechosos de inmigración ilegal y exigirle pruebas de ciudadanía sin causa probable.
Además, criminaliza estar en sin papeles en el estado, obliga a los inmigrantes legales cargar sus documentos en todo momento, penaliza a los inmigrantes ilegales que buscan trabajo, y autoriza a la policía a expulsar a cualquier inmigrante que presuma haya cometido un delito.
La ley despertó una fuerte polémica y fue inmediatamente apelada por el gobierno.
Una corte de casación federal dio razón al gobierno federal sobre la inconstitucionalidad de estos artículos, y Arizona a su vez elevó el caso ante la Corte Suprema, que podría emitir un fallo en junio, tanto para este caso como para el de la reforma sanitaria.
El gobierno de Obama estima que esta ley, promulgada por Arizona en 2010, invade las prerrogativas del gobierno federal, al que la Constitución atribuye la elaboración y el respeto de la política migratoria.
Washington • La Suprema Corte de Estados Unidos analiza hoy la constitucionalidad de algunas disposiciones de la polémica ley SB 1070 de Arizona, promulgada por el estado fronterizo de Arizona, que convierte a la inmigración ilegal en delito estatal, algo que fustiga el gobierno federal.
Se trata de un caso que podría sentar un precedente nacional sobre el derecho de los estados a implementar la política migratoria.
El gobierno del presidente Barack Obama estima que esta ley invade las prerrogativas del gobierno federal, al que la Constitución atribuye la elaboración y el respeto de la política migratoria; por lo que el máximo tribunal estadunidense volverá a examinar la separación de los poderes federal y estatal, tras analizar el mes pasado la reforma sanitaria de Obama.
El abogado general de la nación, Donald Verrilli, y el jurista Paul Clement disponen de 60 minutos para presentar ante los nueve magistrados los argumentos en contra y a favor respectivamente de la legalidad del estatuto que ha inspirado leyes similares en todo el país.
La revisión coincide con el segundo aniversario de su promulgación por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y en medio de la carrera presidencial donde el tema migratorio ocupa un lugar central entre el presidente Barack Obama y el ex gobernador Mitt Romney.
Mientras Obama ha criticado abiertamente el estatuto de Arizona y busca su eliminación, Romney lo consideró como un “modelo” a nivel nacional en un cortejo al sector más conservador de su Partido Republicano.
Aunque la legislación de Arizona ha sido parcialmente suspendida, su desenlace es seguido por otros estados con legislaciones similares, como Alabama y Georgia, así como por organizaciones de defensa de migrantes que buscan su derogación definitiva.
Para impedir su entrada en vigor en 2010, el Departamento de Justicia interpuso una demanda para declarar inconstitucional la SB 1070 por considerar que viola la cláusula constitucional que determina la supremacía del mandato federal sobre el de los estados.
La demanda del Departamento de Justicia argumenta que la ley de Arizona viola la Cláusula de Supremacía de la ley federal en la materia y que también viola la Cláusula de Comercio al lesionar las relaciones de Estados Unidos con México.
La gobernadora Brewer solicitó en agosto pasado al máximo tribunal, su intervención a fin de eliminar la suspensión impuesta por una jueza federal a las más importantes previsiones de la SB 1070, lo que ha impedido a Arizona aplicar el estatuto como fue diseñado.
Brewer aplaudió la decisión de la Suprema Corte de revisar el caso y se dijo confiada en que “el máximo tribunal confirmará la autoridad constitucional de Arizona y la obligación de proteger la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos”.
Las partes claves de la SB 1070, incluyendo la autorización a las policías locales a detener a cualquier sospechoso de residir en forma ilegal en Estados Unidos, permanecen suspendidas por orden de la magistrada federal Susan Bolton.
El caso detonó la movilización inédita de organizaciones de defensa de los migrantes, de hispanos, así como de grupos religiosos y cívicos de todo el país, muchos de los cuales viajaron a Washington para estar presentes en la histórica audiencia.
Por separado, la jueza Elena Kagan, nombrada por el presidente Obama, se recusó de participar en el caso, porque como Abogada de la Casa Blanca trabajó en argumentar la inconstitucionalidad de la medida.
La Corte Suprema anunció en diciembre pasado que examinaría la constitucionalidad de la ley SB 1070, que permite a la policía detener a sospechosos de inmigración ilegal y exigirle pruebas de ciudadanía sin causa probable.
Además, criminaliza estar en sin papeles en el estado, obliga a los inmigrantes legales cargar sus documentos en todo momento, penaliza a los inmigrantes ilegales que buscan trabajo, y autoriza a la policía a expulsar a cualquier inmigrante que presuma haya cometido un delito.
La ley despertó una fuerte polémica y fue inmediatamente apelada por el gobierno.
Una corte de casación federal dio razón al gobierno federal sobre la inconstitucionalidad de estos artículos, y Arizona a su vez elevó el caso ante la Corte Suprema, que podría emitir un fallo en junio, tanto para este caso como para el de la reforma sanitaria.
