La incipiente democracia mexicana, todavía con mayores defectos que virtudes, nos atrapa en un pantano de impudicia política en donde los altos personajes simplemente evaden responsabilidades pasándose la pelota unos a otros. Demos un ejemplo: durante el gobierno de Miguel de la Madrid, -1982-88-, ya extinto el personaje por lo que el análisis cobra condición de referencia histórica y no de especulación circunstancial-, fueron asesinados setenta y ocho periodistas en circunstancias no sólo violentas sino rebosantes de resguardos miserables que recalaban, en los más de los casos, en las ordenanzas de la secretaría de Gobernación cuyo titular entonces, Manuel Bartlett Díaz, forma parte hoy de los acompañantes del izquierdista Andrés Manuel López Obrador si bien alega no haber renunciado al PRI. ¿Y el PRI qué espera para situarlo fuera por ser candidato de otros partidos contra el del Institucional?¿Le tienen miedo al anciano?¿O es que hay mucho mar de fondo en las interrelaciones con las mafias?
Para mal, los comunicadores –no todos periodistas en el estricto sentido de la palabra-, han seguido la secuela de los crímenes impunes: ni uno sólo se ha resuelto a satisfacción, ni siquiera el de Manuel Buendía que, dicho sea de paso, señaló a José Antonio Zorrilla Pérez, en ese momento director de la Federal de Seguridad dependiente de Gobernación, como autor intelectual cuando éste, en reiteradas ocasiones ha insistido –incluyendo su declaración ministerial, la de mayor fondo probatorio-, que sólo cumplió, en todo momento, las órdenes de su jefe… Bartlett, naturalmente. Personalmente he recogido el testimonio de Zorrilla durante su largo encierro en Santa Martha Acatitla, en el perímetro del Distrito Federal.
Desde luego, a través de los años, las víctimas han ido adquiriendo forma de victimarios o, peor aún, han sido motivo de difamaciones sin fin, desde que sus problemas derivaron de disputas entre homosexuales o por líos de faldas o por complejos diferendos económicos con el sabor del amafiamiento. Es muy sencillo, en una época como la actual tan impregnada de argumentos violentos, vadear la responsabilidad del gobierno federal sobre los crímenes con sabor político que debe arrogarse la Procuraduría General de la República y no ser motivo de seguimiento por las instituciones de cada entidad. Este es un punto determinante para partir en el juicio de los hechos.
En este sentido, la clase política se protege entre sí. Recuerdo, por ejemplo, el penoso caso de María Elena Sañudo –tratado ampliamente en “Destapes”, Océano, 2004-, esposa que fue del entonces gobernador de Hidalgo en funciones, Manuel Ángel Núñez Soto, que se quedó en las instancias locales a pesar de múltiples testimonios que involucraban la conducta extraña del marido mandatario quien, por supuesto, tenía control y mando sobre su procurador. Fue el caso que, para colmo, la PGR tenía como titular al general Rafael Macedo de la Concha quien aspiraba a ser nominado candidato al gobierno de Hidalgo y optó por no meter las manos en el asunto aun cuando cientos de voces clamaron porque la dependencia federal tomara el proceso para evitar que la influencia y el control del gobernador acabaran por imponer la impunidad… como finalmente sucedió. El berenjenal es de tal modo monumental que nadie escapa a las circunstancias, chantajes y acuerdos soterrados desde el poder central. Y el conflicto ha ido creciendo al paso de los sexenios.
El asunto viene a colación a raíz de los asesinatos de periodistas en Veracruz que han servido de pretexto a la candidata panista a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota, para señalar a los mandatarios estatales priístas –además el de Tamaulipas y el de Chihuahua-, por la incidencia de tales crímenes en territorio bajo mandos regionales pertenecientes al PRI… como si el gobierno federal no tuviera facultades, en todo caso y más cuando se ventilan sospechas de este tamaño, de arrogarse la persecución de los delitos en defensa de la mancillada siempre libertad de expresión. ¿Acaso Felipe Calderón es ajeno a la crónica diaria de la llamada nota roja?¿Y sus sofisticados funcionarios que cuentan con tecnología de punta, enterrada a catorce metros desde el suelo, y supuestamente eficaces en el rastreo de secuestradores y asesinos seriales?¿Por qué, entonces, al gremio periodístico se le abandona de esta manera, acaso para amedrentarlo en tiempos electorales?¿En beneficio de quiénes? Seguramente de cuantos van debajo de las encuestas y no parecen remontarlas a pesar de sus estrategias distractoras.
Esta es la verdadera cuestión dentro de una campaña en donde se han concatenado todas las torpezas imaginables, incluyendo el magro debate rebosante de lugares comunes y propuestas –antes las llamaban promesas pero el término se desgastó tanto que comenzó a sonar a demagogia insoportable-, y sin confrontaciones de fondo que permitieran a los presuntos votantes delinear sus diferencias y sus contradicciones brindando información suficiente, además, sobre sus propios perfiles. ¿O es que nunca han cometido un error ni siquiera en su pequeño imperio casero? Es importante este punto porque, por ejemplo, no sabemos si un maltratador hogareño oculta su verdadera personalidad para presentarse como un postulante inmaculado, digno de ser elevado a los sacrosantos nichos de la política vernácula. Por este error, ya tuvimos a un presidente que mató en su infancia, Carlos Salinas, y a algún miembro de la “cofradía de la mano caída”, insultante para quienes defienden a los movimientos lésbico-gays sin percatarse que se les ha usado para fines de otra índole, como la cooptación viciosa que silencia a verdugos y bisoños con tal de escalar por la ruta de la supremacía política. Por favor: nada de homofobia y sí mucho de sentido común para asimilar lo dicho. También tenemos candidatos bajo sospecha de haber procedido de manera semejante a las descritas líneas arriba.
¿Cómo pretende, entonces, la aspirante del partido en posesión de la Presidencia, no elevar la crítica hacia el mandatario federal –quien quizá ya no le apoye como ella cree por la rutinaria presencia de Margarita Zavala Gómez del Campo y el auxilio de sujetos deleznables, de la talla de Julio Di Bella, quien se encumbró a golpes de lambisconería ante Marta Sahagún en el Canal 11 de Televisión-, responsable mayor de la reiteración criminal contra periodistas por todo el país? Y, para poner el punto final, si se desconfía de los gobernadores “priístas” porque la PGR, que recibe órdenes del mandatario federal, no se arroga los casos no resueltos de colegas brutalmente vejados?¿Qué se requiere para ello?¿Qué sea asesinado alguno de quienes sirven al régimen federal porque da la curiosidad de que la mayor parte de las víctimas se caracterizaban por su actitud de rebeldía opositora? Tal es el hilo conductor y no la demagogia rampante de Josefina, una buena mujer, que parece haber sido engañada y ahora es aconsejada por quienes no conocen la geopolítica nacional sino son expertos en el fútbol de los catalanes intolerantes. Hasta la saciedad los hemos nombrado y no hay quien difunda, siquiera, cuánto gana Antonio Solá Requer, el gran manipulador de estadísticas y escrutinios ahora al servicio aparente de Josefina y los intereses ibéricos. Por eso estamos, todos, en la ratonera de la reconquista.
Mirador
Una de las fórmulas inventadas y aplicadas por la administración federal consiste en culpar, de todo, a los mandatarios estatales para lavarse las manos al estilo del bíblico Poncio Pilatos. ¡Los señalan hasta porque en sus entidades ocurren crímenes de índole federal, como las vendettas entre narcotraficantes y la aparición de ejecutados por las mafias! El principal responsable, quien detenta la titularidad del Ejecutivo federal, sólo suele referirse a las capturas y ejecuciones de algunos capos y todo los rescoldos negativos se los deja a los gobernadores. Si hablamos de propaganda mediática quizá haya tenido algún éxito entre los ingenuos, torpes, ciegos e incondicionales, no entre los pensantes que simplemente conocen cómo son y deben aplicarse las reglas generales para preservar la soberanía estatal y la nacional sin interpretaciones sesgadas.
El “lavado de manos” –como el del dinero en distintos niveles de los mandos de fuerzas públicas-, es el ejercicio más cotidiano de los funcionarios adscritos a la residencia presidencial, siempre preocupados en preservar la imagen de su jefe hasta cuando debiera sólo pedir disculpas. Bueno, hasta el Rey de España lo ha hecho sin menoscabo de su condición de jefe de Estado, mientras los politicastros esconden los rostros cada que son señalados, simplemente, como predadores. Lo mismo allá que acá, en nuestro México, en donde nadie admite el menor defecto –salvo cuando Enrique Peña me habló de su promiscuidad sexual y de ser padre de dos hijos fuera de matrimonio, uno muerto-, y exalta supuestas virtudes, como el carácter “amoroso”, desde su antigua fase de incendiario que, además, se convirtió en el más intolerante de los políticos que este columnista recuerda. Y lo digo con dolor porque también creí en él, en un momento dado, hasta medir la dimensión de su arrogancia o, más bien, de su soberbia.
Por eso México parece no tener destino cierto, ni redención posible. Lo que sí sabemos es que prevalecerá, como sea, porque no dejaremos que se rompa como ya se están desintegrando otras naciones bajo el flagelo del mal. Eso no, de ninguna manera.
Por las Alcobas
Los gobernadores ante el poder central tienen una obligación superior: no comprometer a sus entidades y gobernados en aventuras que surjan de la confrontación con el gobierno federal, aunque sea otro el partido que lo jefature.
Recuerdo, muy bien, una sentencia del legendario Fernando Gutiérrez Barrios cuando fungía como gobernador de Veracruz, entre 1986 y 1988, cuando traté de indagar si él podría darme una pista para investigar el crimen contra Carlos Loret de Mola Mediz. Me dijo, muy serio:
–Comprendo su dolor; pero, en este momento, tengo una responsabilidad y mientras no deje a Veracruz en buen puerto debo ser discreto e institucional. Perdóneme usted.
Lo malo es que se murió y no fue capaz, en ninguna etapa, de contar cuanto sabía.
