Con el compromiso de salvaguardar la integridad física y la seguridad de la sociedad michoacana, los diputados Eleazar Aparicio Tercero, Selene Vázquez Alatorre y Laura González Martínez recibieron el Informe de Misión a México, Grupo de Trabajo de la ONU, sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.
Lo anterior, reconociendo la urgencia de legislar por la tipificación del delito de desaparición forzada y su integración al Código Penal del Estado, coincidieron los legisladores ante los familiares de las víctimas.
Es así que garantizar la universalidad de los derechos fundamentales del ser humano, procurará la prevención de más actos como los referidos, consideró el diputado Aparicio Tercero, quien a su vez lamentó el hecho de que a través de los años, “los gobiernos estatales y federales no han asumido a cabalidad su papel como garantes de la seguridad social”.
En su turno, la legisladora Selene Vázquez Alatorre hizo un reconocimiento a la determinación y perseverancia de aquellos quienes tienen la esperanza de encontrar con vida a sus parientes o amigos.
La legisladora deploró que las familias con menos recursos y aquellos sectores más vulnerables, son a quienes se les niega el acceso a la justicia, toda vez que es latente el clamor de este sector ante las innumerables quejas por las violaciones a sus derechos y la negativa de las autoridades a garantizarles su seguridad.
En tanto, la diputada Laura González Martínez calificó de indignante el hecho de que las familias, después de tanto tiempo, desconozcan el paradero real de sus allegados.
Así, resulta primordial que el Estado mexicano mantenga su compromiso de erradicar este fenómeno y actuar conforme a derecho y salvaguardando siempre la integridad de las personas, expuso la legisladora.
El representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña, se solidarizó con las familias michoacanas por el sufrimiento generado ante la incertidumbre de desconocer el paradero de los familiares.
De acuerdo con el Informe del Grupo de Trabajo, del año 2006 a la fecha existen más de cinco mil presuntos desaparecidos, contando entre las personas a aquellas que aún se desconoce si fueron víctimas de otro delito.
Reconoció que en 12 estados de la República ya se encuentra tipificado el delito de desaparición forzada, y sólo Chiapas y Guerrero cuentan en su haber con leyes específicas sobre dicha violación.
Por ello, las Naciones Unidas, a través del Comisionado en México, recomendó a los Congresos locales, tribunales y otras instituciones competentes a tomar las medidas legislativas o de otra índole para condenar a una persona por la desaparición sobre la base de un instrumento jurídico pertinente, de modo tal que no exista un obstáculo para hacer responsable a un Estado de una desaparición forzada que continúa después del delito.
Entre otras recomendaciones, es fundamental que el Estado reconozca la dimensión del problema a fin de desarrollar las medidas efectivas para su prevención y erradicación.
El ombudsman estatal, José María Cázares Solórzano, reconoció en el Informe presentado la muestra de una realidad que revela la incapacidad de las autoridades para enfrentar con eficacia esta problemática.
La perpetración de estos actos, atenta contra la intimidad de las familias y demanda la coordinación entre las autoridades con el fin de garantizar que estos hechos no sean padecidos por un michoacano y michoacana más.
En su turno, la representante del Comité Hasta Encontrarlos, Janahui Paredes Lachino, pidió la sensibilidad de los legisladores locales para tomar en cuenta las recomendaciones de la ONU, así como la construcción de un marco legal que prevenga, repare, atienda y sancione lo concerniente a la desaparición forzada de personas.
