Los diez diputados que integran la oposición en el Congreso de Quintana Roo enviaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un juicio de acción de inconstitucionalidad para que la máxima instancia decida si revierte la negativa de promover un juicio político al ex gobernador Félix González Canto, ahora candidato al Senado.
El fundamento principal es que aún con el mandato del IFE, que encontró culpable al ex mandatario de usar recursos públicos para promover su imagen, la Comisión de Justicia del Legislativo, con mayoría priísta, votó en contra. Lo inédito del caso es que uno de los promotores del juicio, el panista Demetrio Celaya Cotero, había votado en contra del juicio político en comisión. Según los diputados opositores, si la Suprema Corte resuelve a favor, el Congreso deberá inhabilitar al ex primer mandatario, lo que le cerraría el paso al Senado, aún ganando la elección.
Además, el juicio pone en tela de juicio el desempeño de Alondra Maribell Herrera Pavón como presidenta de la Mesa Directiva, quien firmó de recibido la orden del IFE de sancionar a González Canto por partida doble: en Contraloría del Estado, y en el Poder Legislativo; pero entre su ventanilla y la Comisión de Justicia se perdieron seis hojas, lo cual, sirvió de argumento para que no se aplicara la sanción. De ello dio cuenta el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Abuxapqui, quien firmó el documento que informa al IFE que estaba incompleta la documentación.
¿Qué razones pesaron que para los diputados de la Comisión de Justicia votaran en contra?
La Comisión de Justicia está integrada por dos priístas, un verdecologista y dos panistas.
La presidenta de la comisión, la panista Patricia Sánchez , fue la única que votó a favor de promover el juicio político. Se trata de una panista que cortó muchos vínculos con la mayoría de los grupos locales, y mantiene sus posiciones a base de sus estrechas relaciones con grupos nacionales. Ya antes fue diputada, durante el período 2005-2008; pasó por el Cabildo de Benito Juárez y, de nuevo, a la diputación vía plurinominal.
Pese a la línea que marcó el partido blanquiazul, Demetrio Celaya Cotero votó en contra del juicio político, bajo la sospecha de que recibió línea de la líder del grupo que integra: Alicia Ricalde, quien al igual que su hermano, el alcalde de Cancún, Julián Ricalde (PAN-PRD), han preferido estrechar su relación con el actual gobernador, Roberto Borge.
José de la Peña Ruiz de Chávez es uno de los más cercanos verdecologistas al Poder Ejecutivo; su hermano es dueño de una notaría y cuando fue regidor en el Ayuntamiento de Benito Juárez, se desempeñó como un firme integrante de la bancada priísta desde donde se tejieron acuerdos liderados por Víctor Viveros: uno de los más cercanos políticos a González Canto.
Juan Carlos Pereyra Escudero, ex regidor del municipio Solidaridad, además de ser recordado como el edil viajero, no tuvo problemas en votar en contra del juicio político fiel al mandato del partido; al igual que Luis Alfonso Torres Llanes, quien vio crecer su carrera política bajo el amparo del PRI. Antes de ingresar al Congreso fue secretario General del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, durante el trienio de Andrés Ruiz Morcillo, actual secretario de Planeación del gobierno estatal.
Lo que dejan en claro desde la oposición es que la Suprema Corte no emitirá una sentencia con respecto a González Canto. “Lo que pedimos es que declare nulo el acuerdo por el que se deseche el juicio político contra Félix González Canto”, dice Antonio Meckler Aguilera, coordinador del PRD en el Congreso y principal detractor del ex gobernador.
Aclara el diputado que la Comisión de Justicia desechó el juicio político bajo el argumento de no contar con las pruebas, pero según afirma, la resolución del IFE llegó cuatro días antes de que sesionara la Comisión de Justicia. “Alegan que faltaron hojas y mañosamente regresan todas las hojas diciendo que como estaban incompletas”, refiere.
Lo que queda claro en el resolutivo del IFE es que González Canto violó la Constitución y la Ley Electoral por haber usado recursos públicos para su promoción, sobre todo, a meses de iniciar su carrera por la senaduría. En ese sentido, la única sanción que aplica el Congreso, aclara Meckler Aguilera, es la inhabilitación a través de un juicio político. “Pero en ciertos términos diríamos que el juicio político lo está haciendo el IFE”.
Otro de los argumentos que pesaron en la Comisión de Justicia es que la sanción sería extemporánea, es decir, fuera del término, al pasar un año de la salida del gobierno de González Canto. “Pero el juicio político puede hacerse porque ya estaba iniciado; porque además, la propia solicitud está hecha desde el IFE”, rebate el diputado perredista, que apunta a que lo grave de caso es la desaparición de pruebas. En ese caso, calculan que la Suprema Corte podría dar aviso al Ministerio Público para que deslinde responsabilidades en la Oficialía de Partes, Mesa Directiva y quien resulte responsable por la desaparición de las hojas “perdedizas”.
Sobre el cambio de opinión de Demetrio Celaya, un tanto molesto, el diputado argumentó que no contaban con todos los elementos para elevar el juicio político al pleno del Congreso.
“En esa sesión se checaron documentaciones y como es una comisión instructora y se determinó que no había testimonial escrito del procedimiento, entonces, venía el documento del IFE incompleto, no se lo entregaron a la Comisión. Eso fue de acuerdo al escrito que manifestaba la propuesta que estábamos dictaminando sobre el juicio político, pero hasta el momento en que revisamos, no estaba”, expresó.
Ya sobre su decisión de apoyar la acción de inconstitucionalidad, dijo que lo más importante es demostrar un acto de inconstitucionalidad. “Y debimos analizar lo que nos mandó el IFE”, aclara para luego apoyar: “Si falta una testimonial, no podemos decir que esté completo el trámite jurídico, por eso fue el voto de mi parte a favor de que se desechara, no toda la idea, sino que se presentara de forma completa”.
Para el diputado, lo que intentan saber es qué pasó realmente, si la resolución del IFE llegó completa a la Oficialía de Partes, o si el tiempo para que se tomen acciones contra de Félix ya expiró. El resolutivo de la Suprema Corte llegará, se calcula, en dos semanas, atendiendo a la petición de los diputados de que González Canto sigue en campaña rumbo al Senado, buscando el amparo del fuero que lo dejaría en la cima de la impunidad.
