La declaración realizada este día por el ombudsman michoacano, José María Cázares en torno al 28-A en los albergues estudiantiles de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, relativa a reconocer que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no presentó el sustento jurídico del porqué las fuerzas policiacas se introdujeron a dichos albergues, denota una violación al estado de derecho por el Estado mismo.
Y es que no basta con que se aporten argumentos de diversa índole, si no existe el jurídico, la intromisión en consecuencia fue inconstitucional, lesiva de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna a favor de los moradores de las casas del estudiante. Sobre el antecedente del 28-A se han escrito ríos de tinta en diversos sentidos, situación que ha dividido a la sociedad aplaudiendo tales actos, sin embargo el argumento jurídico tiene su peso.
Mientras unos violentaban el estado de derecho en perjuicio del Estado, el Estado mismo no actuó debidamente, y lo que hizo fue esperar para actuar aproximadamente ocho horas más tarde, con las consecuencias ya de todos conocidas.
La liberación de los 10 jóvenes estudiantes presos, derivada de la petición de éstos al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus atribuciones se pudiese desistir, la pude observar como una remisión, como un perdón mutuo sobre los actos de ambos totalmente contrarios al estado de derecho, pensando que con ello se regularizarían las actividades dentro de la Casa de Hidalgo, nos percatamos de la división de una organización que aglutina a tan solo 13 casas del estudiante de 35 existentes, organización que jurídicamente no existe.
Los jóvenes integrantes de las casas del estudiante, adheridos a dicha organización inexistente en los términos arriba expuestos, lesionan hoy el derecho de más de 50 mil estudiantes al mantener a la universidad paralizada con sus tomas de instalaciones, alumnos que el día de hoy marcharon en cantidad de menos del 1% de dicha matricula a favor de la liberación de los recintos educativos, evento del que se puede dudar su originalidad y si se puede sospechar de que la convocatoria misma tenga un autor con intereses particulares definidos: la confrontación, que en nada abonaría a resolver el problema.
Yo invito a los jóvenes paristas, a que transiten por un camino de la legalidad, que sus peticiones las concreten por medio de las vías establecidas en la Constitución Política y en la legislación universitaria, y ante la falta oportuna de respuesta, puedan acudir ante la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas a interponer la queja respectiva.
El 28-A debe invitarnos a todos a crecer en el camino de la legalidad, a reconocer nuestros errores y aprender de ellos para el beneficio de nuestra Universidad, debemos rescatar el prestigio de nuestra Aula Mater con otras actitudes, actuando evidentemente, siempre dentro de nuestro orden jurídico nacional.
Quizá en los próximos días presente la autoridad el sustento jurídico hoy inexistente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se integre éste a las quejas interpuestas por los estudiantes lesionados, situación que de darse, despertaría sospechas de haberla elaborado con posterioridad a los hechos, para enderezar lo arbitrario e inconstitucional de tal intromisión.
¿Habrá recomendación?…
