A falta de dos días hábiles para abandonar el poder el próximo martes, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha anunciado que su Gobierno ha decidido reactivar el proceso de contratación de la Alianza Público-Privada (APP) para rescatar el galeón español San José, hundido en el siglo XVIII cerca de Cartagena de Indias y cuyo pecio fue hallado en 2015. «Hoy mismo queda reactivado el proceso de contratación de la Alianza Público-Privada que llevará a cabo la que va a ser, sin duda, la expedición científica más importante del mundo en patrimonio cultural sumergido. Los interesados tienen hasta el 10 de agosto para presentar sus propuestas», ha insistido Santos en Bogotá, a pesar de las denuncias de buena parte de las Universidades colombianas y de los grandes especialistas que han confirmado a ABC que «no se trata de arqueología ni de ciencia, es un crimen».
Hay dos incógnitas inmediatas: la primera si el gobierno de Iván Duque, que asume el poder el día 7 de agosto, tragará un proyecto sobre el que ya ha expresado dudas en varias ocasiones y que pondría a Colombia al frente de los paraísos de la industria internacional de cazatesoros. Según el nuevo calendario, el día 10 de agosto podría quedar habilitada la empresa elegida por Santos y el 5 de septiembre terminaría de gestionarse la adjudicación.
La otra es la reacción de España, hasta ahora siempre tibia a la hora de expresar su opinión al respecto de una intervención que destruye la unidad del yacimiento arqueológico del San José para su venta, y que no respeta la tumba de 600 marinos españoles. Por otro lado el Gobierno español ha estado torpe y lento, puesto que en tres años no ha sido capaz de abrir una vía de negociación con Colombia ni de responder al desafío con un criterio que respaldan las naciones signatarias de la Convención de la Unesco que protege el patrimonio subacuático de las intervenciones comerciales.
Santos anunció su cambio de criterio en un acto por los 195 años del Museo Nacional de Colombia, por una decisión judicial que denegó medidas cautelares para suspender el proceso. Barriendo para casa, el mandatario saliente se atrevió a añadir que el Tribunal de Cundinamarca que juzga una acción popular sobre el proyecto le ha dado la razón en el fondo del asunto a su Ministerio de Cultura, cosa que no es cierta: el magistrado Armando Dimaté Cárdenas de Cundinamarca no ha dictado sentencia todavía.
El pasado 23 de julio Santos había suspendido su proyecto para el San José «por respeto a las instancias judiciales, al Estado de derecho» ante la posibilidad de que el tribunal se pronunciase favorablemente sobre la aplicación de medidas cautelares solicitadas por un ciudadano, César Duarte Acosta. Una semana después, el 30 de julio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las medidas cautelares solicitadas para impedir la adjudicación del contrato de rescate del galeón por considerar que era una amenaza para los derechos de los colombianos.
El pago a la empresa adjudicataria con parte del tesoro es, una vez más el problema. Santos acordó con sus socios el pago de hasta el 50% del contenido con valor de mercado del galeón para financiar las operaciones, diseñadas y presupuestadas por la propia compañía, llamada Maritime Archaeology Consultants Switzerland, MACS por sus siglas.
La adjudicación, por tanto quedará en manos del Gobierno del presidente electo, Iván Duque, que asumirá el poder el próximo 7 de agosto. El 10 podría quedar habilitada la empresa para la adjudicación que se produciría después de una audiencia prevista ahora para el próximo 5 de septiembre.
Santos volvió a incidir en toda la retórica construida para este proyecto, del que España fue excluida desde el primer minuto, y recordó que para la expedición de rescate se cuenta con un equipo especializado «de primer nivel» y con una financiación cercana a los 70 millones de dólares. «Puedo garantizarles, luego de tres años de trabajar en la estructuración del proyecto, que la operación saldrá a costo cero para el Estado colombiano», señaló. Pero es que además de pagar con la mitad de lo rescatado, los metales serán entregados al peso, sin tener en cuenta su valor numismático e histórico, por lo que el proyecto ha sido calificado de «doble expolio» por arqueólogos y juristas en un simposio celebrado el pasado 11 de julio en Madrid. Por si fuera poco, la empresa adjudicataria MACS se quedará con la explotación del futuro museo que se construirá en Colombia.
La investigación de ABC reveló que su cuerpo directivo integraba conocidos cazatesoros que habían mentido sobre su currículum, que estaba controlada desde un paraíso fiscal como son las Islas Caimán y que sus socios eran los miembros de una trama financiera que se vio salpicada por una millonaria evasión de impuestos en 2012 en Gran Bretaña. Todo ello incompatible con el anuncio inicial de que Colombia juntaría a un «dream team» científico y con la transparencia debida en un proyecto de Estado tan importante como este.
El San José fue hundido por una escuadra inglesa el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, según crónicas de la época, con el producto de la feria de Portobelo, ricas mercancías y más de 10 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata, parte de ellas para la Hacienda del Rey.
Desde el anuncio del hallazgo del galeón, en diciembre de 2015, surgieron disputas, ya que España aduce que por tratarse de «un barco de Estado» con su bandera le amparan las normas de la Unesco para reclamar su titularidad.
