Las condiciones climáticas en Michoacán, así como las contingencias que se presentan en época de lluvias y los fenómenos naturales, obligan a todos los niveles de Gobierno a coordinar esfuerzos para prevenir desastres y eventualidades, manifestó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, Marco Polo Aguirre Chávez.
Lo anterior durante una reunión con la Asociación Civil “Desarrollo Integral Empresarial Consultora”, en la cual participaron los Ayuntamientos de Jiquilpan, Yurécuaro, Huiramba, Acuitzio, Quiroga e Ixtlán, cuyas autoridades externaron su interés de percibir mayores recursos que permitan la elaboración de un atlas de riesgo actualizado, alarma sísmica en los municipios, capacitación a personal especializado y simulacros para la población en general.
Al respecto, Aguirre Chávez reconoció la urgencia de realizar las modificaciones correspondientes al marco estatal que reglamenta la materia de protección civil, toda vez que la ley general aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, contempla nuevos lineamientos.
No obstante las condiciones económicas imperantes en el estado, se hará énfasis al direccionar los montos para proveer al sector con el equipo necesario que les permita responder a las necesidades de la población, además de tener un acercamiento con la Federación para conocer los medios a través de los cuales se obtengan mayores apoyos, apuntó el legislador.
En tanto, el diputado Olivio López Mújica, integrante de la Comisión, mostró su disposición de conocer a fondo la manera de operar los recursos tanto a nivel estatal como federal, para con ello establecer los lazos de comunicación y cabildear con las instancias correspondientes un presupuesto de mayor utilidad para las instancias de protección civil.
Estos cambios requieren de tiempo y de un trabajo responsable por parte del Congreso, señaló el diputado César Morales Gaytán, por lo cual los marcos legales que se construyan en este Poder Legislativo deben contar con un conocimiento real del impacto económico que representan las disposiciones legales para el erario público.
En otro punto del orden del día, los integrantes de la Comisión acordaron remitir al archivo las iniciativas pendientes de dictaminación; no obstante, se retomarán los temas de aquellas que sean relevantes para el desarrollo social y económico de la entidad.
