El amparo promovido por un grupo de seis exfuncionarios estatales del pasado de Gobierno genera “dudas, incertidumbre y aparte huele mal” por la forma en que habrían ejercido el presupuesto de las Secretarías y de las dependencias en el último año de gobierno, toda vez que aún no se aplican las auditorias correspondientes por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) de la cuenta pública del 2011.
Lo anterior, refirió Marco Trejo Pureco, integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública de la LXXII Legislatura, tras conocer la noticia de que varios exsecretarios que manejaron recursos hayan acudido a las instancias del Poder Judicial de la Federación para tramitar un recurso de esta naturaleza, cuando todavía no se empieza la fiscalización de varias dependencias durante el mandato del exgobernador Leonel Godoy por el órgano de fiscalización en Michoacán.
El legislador uruapense lamentó que este grupo de funcionarios, dos de ellas, candidatas a diputada local y a la presidencia municipal de Morelia por el PRD, quieran excusarse de que realizaron esta acción por la creación del Consejo Ciudadano, cuando este organismo ciudadano no será quien juzgue si hubo o no una correcta aplicación de los recursos públicos dentro del presupuesto de egresos del 2012, así como tampoco hará deliberaciones o señalamientos de los pasivos no liquidados y tampoco del endeudamiento contratado en los últimos cuatro años.
“Este Consejo Ciudadano tendrá como función únicamente conocer los resultados de la auditoria externa que se haga a toda la administración estatal durante el último año del pasado gobierno con la intención de informar los resultados de la misma a la sociedad civil, como un acto de transparencia y rendición de cuentas” del nuevo gobierno de Fausto Vallejo Figueroa.
Finalmente, el diputado emanado del PRI dijo que es respetuoso de la decisión de cada una de las personas que acuden ante las instancias judiciales para promover amparos o defensas legales que le permitan audiencias para aclarar su situación jurídica ante posibles responsabilidades, pero lo sorprendente –añadió- “es que aún no se tengan resultados finales de las auditorias que se aplicarán a todas las dependencias del estado en este año y ya solicitaron la protección judicial, “algo tendrán que esconder”.
