En las instalaciones del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL), situado en Pátzcuaro, y ante un auditorio conformado por funcionarios de dicho organismo internacional, profesionales del derecho, servidores públicos municipales y estatales, estudiantes y público en general, Javier Carrasco Solís y la Secretaría ejecutiva del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán ofrecieron una serie de tres charlas introductorias a la reforma penal y al principio de presunción de inocencia, dentro del programa de vinculación y sensibilización hacia al Nuevo sistema de justicia penal que desarrolla el órgano implementador en nuestra entidad.
Durante su intervención, Carrasco Solís hizo hincapié en la necesidad de que los operadores del sistema y la ciudadanía en general se apropien del principio de presunción de inocencia, que es uno de los pilares fundamentales de este nuevo modelo de justicia. Habló también de las experiencias de éxito que se han tenido en varias entidades de nuestro país a través de “Presunción de inocencia”, la asociación civil que él dirige.
Javier Carrasco Solís, también director del Instituto de Justicia Procesal Penal, es Juris Doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de De Paul (Chicago) y está certificado como capacitador para la reforma procesal penal y la implementación del sistema de justicia penal acusatorio por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, en Chile. Ha impartido numerosos cursos y ha investigado, capacitado y participado en diversos foros nacionales e internacionales, al tiempo que ha brindado asistencia en apoyo a las reformas en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas.
Particularmente en Michoacán, Carrasco Solís ha desarrollado el proyecto de Ley del Instituto de Defensoría Pública, mediante un proceso intensivo de investigación y diagnóstico inicial de las condiciones de la defensoría en nuestra entidad, a fin de generar un documento acorde a sus necesidades reales y que la fortalezca al punto de equipararla en importancia a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Dicho proyecto de ley será presentado a legisladores, operadores del sistema y ciudadanía en general el próximo martes 12 de junio, en el marco del “1er Foro de análisis de normatividad complementaria en torno al Nuevo sistema de justicia penal en Michoacán”.
Juan Pedro Patiño Moreno, secretario ejecutivo del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, ofreció un panorama general de la naturaleza, fundamentos, principios, implicaciones y ventajas de la reforma penal de 2008. Mencionó que el Nuevo sistema de justicia penal nos da la posibilidad de acceder a mecanismos alternativos de solución de controversias, que ayudan a restituir el tejido social y a encaminarnos como sociedad a un estado de paz y armonía a través de acuerdos reparatorios. Asimismo, se refirió a la labor del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal, que el próximo 10 de junio sumará dos años de trabajo, en torno a los ejes de capacitación, infraestructura, normatividad, tecnologías de la información y difusión.
Juan José González Hernández, coordinador de la subdirección técnica y de seguimiento del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, habló sobre las principales diferencias entre el actual sistema inquisitorio mixto y el nuevo sistema acusatorio adversarial oral, entre las que destacan la presencia, en el nuevo sistema, de los principios de oralidad, presunción de inocencia, publicidad, contradicción e inmediación (el juez debe estar presente en todas las audiencias), que promueven la transparencia y el respeto a los Derechos Humanos; así como la participación activa de la víctima en el proceso, el privilegio a las pruebas sustentadas en la investigación científica, la certificación de los operadores, la abreviación de los procesos a través de los principios de concentración y continuidad, la creación de la figura del juez de ejecución de sanciones, la aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Con esta acción continua el programa de vinculación regional y sensibilización hacia el Nuevo sistema de justicia penal, dirigido a operadores del sistema, abogados litigantes, servidores públicos municipales, estudiantes y ciudadanía en general.
