Existen dos temas que desatan, casi de manera automática, polémicas encendidas: el aborto y la pena de muerte. Durante las campañas proselitistas, los aspirantes a cargos de elección popular invocan a la divinidad para que estos asuntos tabúes pasen de largo y no sirvan de ancla a sus respectivas postulaciones cuando tanto se requiere sumar y no restar; en este sentido, emitir una opinión al respecto siempre provoca el rechazo de un importante número de ciudadanos que disiente, cualquiera que sea el sentido de la misma. Es, por tanto, un pronunciamiento de muy alto riesgo político, lo que explica la actitud voluble de los actores de la vida institucional que optan por andar de acuerdo a por donde soplen los vientos.
Y lo mismo sucede cuando se escribe y se propone a un conglomerado tan diverso y plural como el mexicano, sobre todo porque no siempre se cuentan con suficientes elementos de juicio, lo que eleva la vulnerabilidad comunitaria, y las inducciones desde el poder surgen como hilos conductores de la opinión pública aun cuando las interpretaciones sobre los hechos sean sesgadas e incluso tendenciosas. Estamos siempre bajo el fuego cruzado de las manipulaciones públicas.
Hace unos días destaqué la necesidad de polemizar sobre la pena de muerte en un entorno marcado por las conductas predadoras de los violentos y la tremenda insensibilidad de los anarquistas. A veces tenemos la sensación de ser rehenes de las bandas criminales en ausencia de un gobierno capaz de garantizar la seguridad colectiva, acaso el mayor de sus deberes, y la consiguiente estabilidad para despegar en todos los sentidos. Las causas, desde luego, no son todas imputables al deficitario aparato estatal aunque la mayor parte de ellas provenga de estas fuentes.
El número de ejecutados como consecuencia de vendettas y ajustes de cuentas en territorio mexicano, a partir de la asunción presidencial a trompicones del señor Calderón, es de por sí revelador de una situación de emergencia que ha dado lugar a una reacción oficial zigzagueante aun cuando se señale como una de las grandes prioridades nacionales. Una cosa es asegurar que el gobierno asimila los daños colaterales –es decir las bajas en las infanterías- y otra, muy distinta, que esté teniendo éxito real en la guerra de los reacomodos porque se capturó a uno de los mayores capos colombianos… con el auxilio e intervención de corporaciones extranjeras, como ha sido costumbre en la mayor parte de las aprehensiones relevantes desde la lejana década de los ochenta cuando se produjo el gran “boom” del narcotráfico mientras se hipotecaban nuestros recursos naturales para dar inicio a una “reestructuración” financiera basada en los ajustes al gasto social y la protección a los grandes capitales, esto es a los aliados y socios del sector público.
Así como ahora los niños ya no quieren ser presidentes sino parecerse a Carlos Slim, el mayor multimillonario del planeta a quien cumplimentan todos los líderes universales, en los estratos comunitarios más bajos ya no se observa enrolarse al ejército como la última opción si se tiene la oportunidad de formar parte de los “cárteles” mejor pertrechados y en donde las vidas se venden mucho más caras. A los desesperados y parias, atenaceados por el hambre y la ausencia de oportunidades laborales, infringir la ley es una cuestión bastante marginal.
Las nutrientes de la existencia criminal son bastante más jugosas que los desafíos planteados por integrar los cuerpos policíacos y militares en sus niveles más bajos. Con los “narcos”, por ejemplo, la bonanza viene por añadidura, enseguida diríamos, a diferencia de los calvarios que plantean los ingresos paupérrimos de los llamados cuerpos de seguridad con todo y los limitados incentivos. ¿Casas para los deudos de las víctimas?¿Pensiones para cuantos quedan baldados de por vida? Todavía, a estas alturas del supuesto combate contra las mafias, se sigue discerniendo sobre ello… más de veinte años después de evidenciarse la penetración de las bandas criminales en la estructura gubernamental por cauces diversos además.
Y el hecho es que la violencia avanza y la sociedad parece indefensa. Únicamente nos falta escuchar aquello de que debemos cuidarnos solos para completar la geografía de las grandes negligencias públicas. Por lo pronto se sigue actuando como en el pasado: tras un escándalo brotan las renuncias y el organigrama vuelve a la normalidad sin mayores diferencias. No hay cambios estructurales ni transformaciones de fondo. Las líneas generales no se alteran.
Lo anterior nos mantiene en jaque porque, desde luego, no existen las soluciones mágicas ni los milagros aunque algunos de los “ultras” que copan los cargos públicos demanden algunos para superar, definitivamente, los rastros de la ilegitimidad del mandatario en turno y las limitaciones del mismo, emocionales y operativas. Porque, sin género de dudas, en la disputa cerrada de territorios, en el norte, el centro, los litorales y el sur del país, es decir en todas las regiones, se percibe que el vacío de poder fomenta el imperativo de ocupar los espacios libres. La ambición es el factor más resistente de la deplorable trama.
Debate
La pena de muerte, moralmente cuestionable sin duda, podría servir para intentar desactivar a los núcleos violentos que ya cercaron a la comunidad nacional. Así como durante la prolongada “guerra fría” el poder nuclear de las potencias polarizadas significó una carta de no agresión entre ellas, al sopesarse las consecuencias de un enfrenamiento bélico, la toma de medidas excepcionales para situaciones extraordinarias –sin que ello signifique convertir en rutina la aplicación de sentencias máximas-, es uno de los caminos a seguir en la búsqueda de salidas viables y de mejores condiciones vitales.
Desde luego hay tres escenarios altamente contaminados en donde se requiere aplicar la máxima dureza: los marcados por los terroristas, los narcotraficantes y secuestradores. Para infortunio general, además, los extremos se tocan y las perspectivas se funden en una sola porque, como hemos reiterado, la geografía de unos es la de los otros en una extraña y compleja amalgama de intereses perversos. Las cadenas de la ignominia van paralelas y acaban por entrelazarse al igual que los cables que se juntan y descuidadamente se dejan así.
Es obvio que a no pocos lectores el referente les disgusta profundamente. Desde el punto de vista moral, subrayo, parece inadmisible que los seres humanos puedan disponer de las vidas ajenas o caer en los extremos de violencia, al legitimar las ejecuciones de sus congéneres, que dan origen a las sanciones extremas. No parece civilizado, ni mucho menos moderno, asumir que la llamada “pena máxima” sea observada como un recurso para paliar un mal tan extendido como el terrorismo, el narcotráfico o la industria de los secuestros. Pero, vistas las cosas con realismo, se trata de preservar la vida colectiva y, sobre todo, el destino de la sociedad de quienes nos han convertido, querámoslo o no, en sus rehenes.
Todos los demás recursos han fallado. Recuérdese la etapa, ahora señalada con índices de fuego, de las llamadas GAL –Grupos Antiterroristas de Liberación-, cuyo origen siguen negando quienes integraron el gobierno socialista de Felipe González en España, destinadas a cazar a los bárbaros que ejecutaban inocentes y no recibían la justa equivalencia por sus atrocidades. Se dijo entonces que institucionalizar la violencia era demasiado peligroso porque acabaría por generar más violencia. Y, sin embargo, aunque sea en voz baja, no son pocos quienes ahora insisten en que, pese a su condición clandestina de alto voltaje, fue efectivo para atemperar, siquiera, la acción de quienes siembran muerte y horror diciéndose “revolucionarios” con
La Anécdota
En “Las Tumbas y Yo” –Grijalbo, 2008-, el periodista Julián Rivera se plantea un dilema terrible:
“Me estremezco aún con la brutal sentencia de un mandamás de la costa del Golfo de México, sabio y viejo, curtido en los desafíos extremos por la conquista y la conservación del poder, don Severo, cuyos murmullos se ahogan en una estudiada afonía, dentro de él mismo, para no dar más explicaciones. En tono muy bajito, apenas audible, con los ojos superando la barrera de los bifocales mientras agriaba el gesto, me dijo:
–Para gobernar es necesario tener disposición para matar. Porque muchas veces la vida de un solo ser pernicioso, ponzoñoso, puede poner en riesgo las de millones. Y hay que actuar con firmeza para salvaguardar los valores superiores, digamos colectivos, asumiendo las consecuencias.”
Asimilen la brutal sentencia, amables lectores, y después seguimos con la discusión. Yo también siento un profundo escozor.
