Fue voluntad del pueblo mexicano en 1857, el constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental.
En el pacto social, el pueblo cede su soberanía al Poder Constituyente, recibiendo a cambio la certeza de que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar ó modificar la forma de su gobierno, formula intocada con la reforma constitucional en 1917.
En 1917 se establece en la Carta Magna que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre,
Ahora bien, una vez cedida la soberanía por el pueblo, el pueblo ejerce ésta por medio de los poderes de la Unión en los casos de su competencia, y por los de los Estados para lo que toca á su régimen interior, en los términos respectivamente establecidos.
La formula de la división de poderes adoptada en nuestro país, deriva precisamente de la necesidad de dividir el ejercicio del poder y limitarlo en el tiempo, de ahí entonces nacen los poderes legislativo, ejecutivo y judicial a nivel federal y local. Hasta hace casi doce años, esta división de poderes no era del todo plena en la práctica, ya que por conveniencia política, el ejercicio del poder de facto, se encontraba en la figura del Presidente de la República.
Esta idea del presidencialismo hoy ya no existe en México, las campañas electorales de los candidatos de los diversos partidos políticos, llevan un mensaje de que quién ordena, dispone y ejecuta en la nación mexicana es el Presidente de la República, situación hoy acotada. Quién verdaderamente tiene un ejercicio pleno del poder en la toma de decisiones, es el Congreso de la Unión a nivel federal y los órganos legislativos de cada entidad federativa y del Distrito Federal a nivel local.
Lo anterior es así, ya que en sus manos está la creación de los Presupuestos de Egresos y de las Leyes de Ingresos de cada año, elementos financieros para que el país pueda ser sustentable entre otros ordenamientos, al Poder Ejecutivo solo le toca eso: ejecutar el mandato legislativo. La retorica que hoy a muchos nos tiene hartos, que llega a la demagogia, nos ha cansado.
Al pueblo, el legislador federal no le ha hecho valer esa prerrogativa constitucional de poder quitar al gobernante cuando no haga su función, la formula para hacerlo es la revocación del mandato y nadie la ha propuesto.
Mi voto para elegir al titular del Poder Ejecutivo Nacional, será anulado el 1 de Julio próximo, ninguno de los cuatro candidatos me parece con los merecimientos suficientes para llegar a ser, un voto nulo solo arrojara un indicador del grado de ilegitimidad en el ejercicio público del gobernante. Hoy ya no creo en los políticos mexicanos.
