La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán signaron este jueves un Convenio de Colaboración Interinstitucional, a fin de emprender acciones de capacitación, orientación y difusión en esta materia.
El documento lo firmaron el Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano y el secretario Ejecutivo del Consejo, Juan Pedro Patiño Moreno; en presencia del presidente del Poder Judicial del Estado, Alejandro González Gómez y el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Elías Álvarez Hernández.
También atestiguaron la signa la diputada presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso Local, Laura González Martínez; Rubén Pérez Gallardo, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales del Gobierno de Michoacán y el magistrado del STJEM, Juan Antonio Magaña de la Mora.
En su intervención el presidente de la CEDH, José María Cázares, destacó la importancia de que en la implementación y aplicación del nuevo sistema de justicia penal en la entidad se garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Confió en que con la ejecución de este nuevo modelo se logrará una mejor impartición de justicia “y nosotros coadyuvaremos en todo aquello que sea en beneficio de las partes en litigio en un proceso judicial y externamos nuestro reconocimiento a la labor desempeñada por el Supremo Tribunal de Justicia en el estado”.
Por su parte el presidente del Poder Judicial del Estado, Alejandro González, enfatizó que este nuevo sistema no solo requiere de la participación de los tres poderes del estado para lograr su aplicación en tiempo y forma, sino también de la suma de esfuerzos del mayor número de instituciones públicas y privadas posibles, que se conviertan en asociados del gobierno de Michoacán para su implementación.
Mediante la firma del convenio, ambas instancias establecerán las bases, acciones y mecanismos de colaboración para la celebración de eventos encaminados a la capacitación, difusión y orientación en materia de formación profesional, investigación, docencia y extensión de la cultura en materia técnica, científica y jurídica, respecto del nuevo sistema de justicia penal.
