Dentro del programa de vinculación del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, el día de hoy se celebró la firma de un convenio de colaboración interinstitucional entre el Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El objetivo de este acuerdo, signado por Juan Pedro Patiño Moreno, secretario ejecutivo del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, y por José María Cázares Solórzano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es establecer las bases, acciones y mecanismos de colaboración para la celebración de eventos encaminados a la capacitación, difusión y orientación en materia de formación profesional, investigación, docencia y extensión de la cultura en materia técnica, científica y jurídica, respecto del Nuevo sistema de justicia penal y asimismo, establecer las bases para que las partes puedan investigar, analizar y difundir procesos que permitan un procesos respetuosos de los Derechos Humanos dentro del Nuevo sistema de justicia penal, a través de todos los medios que estén a su alcance.
Durante su intervención, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano, dijo que “es un compromiso el que vamos a signar hoy con esta nueva cultura de los Derechos Humanos y con esta nueva visión constitucional de los derechos fundamentales. Este parteaguas que desde hace un año tenemos en nuestro país (la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, de junio de 2011) nos permite visualizar una mejor impartición de justicia. Eso es lo que nos tiene aquí el día de hoy y nos comprometemos a coadyuvar en todo aquello que sea en beneficio de las partes que están en litigio en un proceso judicial.”
Por su parte, la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado, Laura González Martínez, quien firmó como testigo de la alianza interinstitucional, declaró que “es significativo que estemos nosotros teniendo la posibilidad de promover este nuevo sistema que va a beneficiar a muchos ciudadanos y por supuesto a muchos michoacanos. Pero para que nos beneficie, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que conocerlo y poder reconocer las bondades que pueda tener. Sé que hay muchos retos que tendremos que atender pero hoy por hoy la capacidad de nuestro Poder Judicial está al frente de este proyecto y creo que podremos ser un estado que reaccione en tiempo y forma a este nuevo sistema”.
Rubén Pérez Gallardo Ojeda, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Secretaría de Gobierno y quien también fungió como testigo de este convenio, señaló durante su uso de la palabra que “es muy importante el trabajo que se ha venido desarrollando en la implementación de este nuevo sistema, que será un parteaguas en la historia jurídica del país y de Michoacán, y que no puede estar separado de la observancia y del fortalecimiento de los Derechos Humanos. Agregó que la actividad que ha venido desarrollando la Comisión Estatal de Derechos Humanos “va a servir de mucho para que no nada más sea un nuevo sistema y que se implemente, sino que vaya asociado del respeto a la dignidad, del respeto a los derechos de quienes lamentablemente tengan que pasar por un juicio de estas características”.
Finalmente, Alejandro González Gómez, presidente del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán y del Poder Judicial del Estado, puntualizó que el cambio que implica y conlleva el cumplimiento del mandato constitucional de establecer un nuevo sistema de seguridad y justicia penal en todo el país a más tardar en el año de 2016, “es una transformación de gran calado y muy profunda. Esa transformación requiere de participación y tenemos en Michoacán el compromiso político de los tres poderes del estado para hacerlo en tiempo y forma. Sin embargo, no basta el trabajo que se pueda desarrollar desde las instituciones públicas para concretar este nuevo sistema, es un cambio de paradigma y es necesario contar con el mayor número de instituciones públicas y privadas que se conviertan en asociados del Gobierno del Estado de Michoacán para la implementación de este nuevo sistema de justicia. Esta es la idea del acuerdo que el día de hoy se concreta”.
Sobre la relación intrínseca entre el Nuevo sistema de justicia penal y la observancia de los Derechos Humanos, González Gómez, quien también fue testigo firmante del acuerdo, acotó que “el escenario más propicio para que se respeten los Derechos Humanos de una persona que es imputada o víctima de un hecho delictivo es un sistema acusatorio, público y oral. Y concretamente el espacio físico para que eso suceda es una sala de audiencia. No puede haber un juicio justo sin cumplimiento de los Derechos Humanos”.
