La Fiscalía española pidió hoy cuatro años de prisión para el expresidente de Bankinter Jaime Botín por un supuesto delito de contrabando de bienes culturales al exportar de manera irregular el cuadro de Picasso “Cabeza de mujer joven”, valorado en 26 millones de euros.
El Ministerio Fiscal presentó en un Juzgado de Madrid una acusación en la que se solicita una pena de cuatro años de cárcel y una multa de cien millones de euros (116 millones de dólares al cambio actual) al banquero.
En caso de impago de la multa se pidió que se le impongan otros seis meses de privación de libertad.
En aplicación de lo previsto en la Ley de Patrimonio Histórico español, el fiscal añadió que es procedente iniciar el proceso de adscripción de la obra intervenida al dominio público español.
La obra, datada en 1906, fue interceptada en Francia en julio de 2015 a bordo de un buque atracado en un puerto de Córcega, con destino Suiza y entregada a la Guardia Civil española, que la trasladaron al Museo Reina Sofía de Madrid para su custodia.
El auto del juez español, fechado el pasado 29 de mayo y que es recurrible, recuerda que el 5 de diciembre de 2012 la casa de subastas Christie’s Ibérica, actuando en nombre de Jaime Botín, solicitó un permiso para la exportación de la obra, que se encontraba en una casa del banquero.
El objetivo era vender el cuadro a través de la casa de subastas, pero las autoridades españolas denegaron los permisos, aduciendo el valor artístico de la obra y la prohibición administrativa de su exportación, por lo que el auto consideró que Botín, al intentar sacar el cuadro de España, hizo caso omiso de dicha prohibición.
Por otra parte, Botín y otras tres personas son objeto de una querella de la Fiscalía de Madrid por haber defraudado presuntamente un millón de euros mediante la deslocalización “artificiosa” de un avión privado en Portugal, donde no existen impuestos para este tipo de actividades.
La Fiscalía sospecha que los cuatro crearon empresas con el fin de evitar hacer frente al impuesto especial sobre determinados medios de transporte vigente en España, país donde el avión, destinado a cubrir las necesidades de desplazamientos de Botín y su círculo familiar y social, “tenía su base de movimientos, en mayor medida en un aeropuerto de Madrid”.
Dado que el contrato establecía que la entrega del avión se realizó en el aeropuerto de Torrejón (Madrid), su matriculación estaba sujeta a este gravamen especial, motivo por el que los querellados “decidieron deslocalizarlo a Portugal, donde no existe un impuesto similar ni de naturaleza ni en sus niveles de tributación”.
La Fiscalía apuntó que los querellados conocían la existencia de una inspección de la Agencia Tributaria española “desde octubre de 2016”, por lo que acordaron celebrar una Junta General de Accionistas para liquidar World Tour, sociedad de la que Botín era propietario y que firmó el contrato de compra de la aeronave, y adjudicar la totalidad de su haber social a Botín.
