Luis García López, primer Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), precisó que la denuncia en contra de diversos funcionarios y exfuncionarios del gobierno mexicano por irregularidades en el caso Florence Cassez, se presentó el pasado viernes 15 de marzo y tiene como finalidad que la Procuraduría General de República (PGR) investigue las situaciones irregulares, en que incurrieron servidores públicos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) y del Ministerio Público.
Entrevistado en el noticiero “Contraportada”, detalló que dichas irregularidades derivaron en un efecto corruptor que vicio el procedimiento judicial en contra de la ciudadana francesa y terminaron por agraviar a las víctimas del delito de secuestro, debido a que Florence Cassez no fue liberada por comprobarse su inocencia, sino por las violaciones al debido proceso.
“Esto ocasionó que las víctimas del delito vieran obstaculizados sus derechos de acceso a la justicia, sanción de los responsables y una efectiva reparación del daño. Todo esto para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de las violaciones a derechos humanos que determinó la Suprema Corte, representan conductas que pueden ser constitutivas de delito, por ello es que el día viernes se presentó esta denuncia”, abundó.
Al ser cuestionado sobre qué es más importante, si el respeto al debido proceso o la comisión del delito de secuestro, García López dictó, “podemos decir que las dos cosas son muy importantes. El debido proceso en un sistema jurídico como el nuestro implica que los servidores públicos cumplan su actuación en términos de lo que establece la Constitución, porque si no, entonces nos enfrentamos a este tipo de cuestiones donde una persona es liberada no porque sea inocente, sino porque se le vulneraron sus derechos.”
En este sentido, expuso que derivado de estas irregularidades todos fuimos objeto de un engaño, las víctimas del delito, los jueces, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), motivo por el cual es necesario que se investigue a fondo esta situación y los responsables reciban las sanciones correspondientes.
Respecto a los delitos que se han imputado contra los funcionarios y exfuncionarios involucrados, Luis García indicó que aunque la determinación es responsabilidad del Ministerio Público Federal, reveló que para la CNDH existe la comisión de un ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y delitos cometidos en contra de la administración de justicia, que alcanzarían una pena de entre 2 y 12 años dependiendo la tipificación.
Asimismo, destacó que pese a que este será un proceso que llevará tiempo en consumarse, lo importante era “que se determinara por un lado las violaciones a derechos humanos por parte de la Suprema Corte de Justicia. La CNDH desde que tuvo conocimiento de esto hace un recuento desde aquella época con las quejas que se presentaron y, como hecho superviniente, la determinación de la Corte que nos dio un nuevo sentido al tema.”
Finalmente, Luis García López confirmó que darán seguimiento a este caso, con total respeto a los tiempos que marque la ley.
