De nada valieron las horas y horas de análisis, la innumerable cantidad de letras volcadas en documentos, informes y considerandos emitidos por el Senado, el embajador de México en Japón, Claude Heller, firmó ayer el Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones (ACTA, por sus siglas en inglés).
La finalidad de este documento es proteger la propiedad intelectual todo lo que pudiera ser distribuido a través de la red, evitando así la piratería por canales digitales. Sin embargo, los senadores mexicanos concluyeron hace ya casi un año que el ACTA podría poner en riesgo libertades y garantías en territorio nacional, promover la cacería de internautas, así como chocar con la legislación nacional.
Los senadores señalaron que algunas de las disposiciones del ACTA podrían resultar contrarias a las disposiciones jurídicas del derecho nacional, entre ellas “garantías individuales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
También señalan que podría vulnerar el principio de presunción de inocencia, pues deja abierta la puerta a investigaciones contra quien resulte sospechoso de compartir material prohibido.
El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado, Fracisco Castellón, afirmó en un comunicado que la firma del ACTA es una clara falta de respeto por parte del Ejecutivo. Por su parte, Carlos Sotelo dijo que el Ejecutivo actuó como operador de “los grupos de poder”.
El Parlamento Europeo rechazó el ACTA por un amplio margen, pero en México apenas empieza el problema. Los senadores salientes aseguran que harán todo lo posible por sensibilizar a quienes serán sus sucesores en el escaño sobre las implicaciones de este acuerdo; sin embargo será ya la próxima legislatura la que tenga que lidiar con este problema.
