El Congreso de la Unión tiene la obligación constitucional de iniciar de forma inmediata una investigación para esclarecer las denuncias hechas por el senador panista Javier Corral, referentes al intervencionismo de Felipe Calderón en las decisiones de la Comisión Federal de Competencia y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para presionar y lograr la ilegal fusión entre Televisa y Iusacell y conformar así la más grande compañía operadora de telefonía celular del país.
De ser ciertos los dichos del panista, estaríamos ante un nuevo caso de ilegal intromisión presidencial que viola la supuesta autonomía en la toma de decisiones que se supone tienen dichos organismos, pero que en los hechos son asumidas desde la oficina presidencial en Los Pinos.
Es imperante que los integrantes de la máxima tribuna del país tomen cartas en el asunto y comiencen un procedimiento institucional que lleve a fincar las responsabilidades administrativas y penales conducentes a quien ocupa el Poder Ejecutivo, por influir desde su posición para favorecer de forma anómala a la concentración del mercado de la telefonía celular en una cuantas manos.
Para evitar la discrecionalidad y la falta de certeza jurídica, el próximo gobierno deberá tener como uno de sus prioridades dotar de autonomía a la Cofetel y a la Comisión Federal de Competencia, tal y como sucede en el Banco de México, pues de otra manera seguirá siendo común la existencia de monopolios que atentan contra los preceptos de libre competencia que debe existir en todos los ramos productivos de nuestro país, pero que desde el Ejecutivo se promueven en pago a favores no especificados y que la sociedad tiene derecho a conocer.
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS”
Vladimir Aguilar García
Secretario de Planeación
Partido de la Revolución Democrática
