La policía secreta del fallecido general Augusto Pinochet lideró una red de espionaje dentro y fuera de Chile que cruzó caminos con el Vaticano, el FBI, dictaduras latinoamericanas y la prensa mundial, según revelan miles de archivos secretos y hasta ahora inéditos a los que tuvo acceso DPA.
Estos documentos, por décadas catalogados como reservados, confirman que los cuerpos represivos chilenos, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), primero, y la Central Nacional de Informaciones (CNI), después, mantenían correspondencia casi diaria con ministros y otras autoridades para coordinar operaciones en todo el mundo.
El coronel Manuel Contreras, que como director de la DINA planeó atentados en Estados Unidos, Argentina e Italia, tenía potestad incluso para investigar a los empleados del Estado, como revela la Circular Reservada 35 F-151 de 1975. “Su Excelencia (Pinochet) ha dispuesto que ningún funcionario público sea contratado sin que previamente se adjunte a sus antecedentes un informe DINA respecto a las actividades que el interesado pudo haber realizado”, informó el ministro del Interior de la época, general Raúl Benavides.
Los archivos revelan también que el actual jefe de la bancada de diputados de la oficialista Renovación Nacional en Chile, Alberto Cardemil, viceministro de Interior de Pinochet, firmó diversos archivos secretos y reservados de la dictadura vinculados a temas de derechos humanos y defensa del régimen, que abarcaron desde entrega de información sobre opositores hasta la prohibición del ingreso al país de exiliados.
En 1976, los poderes de la DINA fueron ampliados y detallados. Desde ese momento, se le habilitó para investigar a todos los funcionarios y como la única responsable de instalar los teléfonos presidenciales en la administración pública.
La policía secreta, responsable de miles de desaparecidos, ejecutados y torturados según informes oficiales, se hizo de un archivo con las fichas de todos los detenidos y perseguidos, cuya información enviaba a cuanto ministerio se la solicite.
La DINA, cuyo director está hoy preso cumpliendo un centenar de condenas, tenía poder incluso para dar órdenes a ministros, como revela el Plan de Operaciones Epsilon. La iniciativa fue diseñada en junio de 1975 por Contreras, ante la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que acudieron cientos de denunciantes de la oposición. El coronel Contreras repartió en ese plan tareas a todo tipo de autoridades, a quienes advirtió que ante cualquier duda debían contactarlo directamente por teléfono.
La estrategia, contenida en 11 páginas distribuidas a ministros y jefes de servicios, tenía por misión “realizar una campaña de acción sicológica abierta y clandestina”, para neutralizar en el mundo las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Las acciones abarcaron desde el uso de periodistas hasta la eliminación de cintas de la II Guerra Mundial de la programación televisiva por aludir al nazismo.
También fueron propuestas campañas de ataques a la situación de los derechos humanos en Portugal, la Unión Soviética, Cuba y Vietnam, y la disputa de un partido de futbol entre Chile y Brasil, como distracción. Las coordinaciones entre la policía secreta y los ministros siguieron incluso tras de la disolución en 1978 de la DINA, luego de que estallara una crisis con Estados Unidos por el atentado explosivo en Washington contra el ex canciller Orlando Letelier.
La CNI, órgano que reemplazó a la DINA, impulsó desde ese año operaciones en Bolivia, Argentina y Brasil, a través de las embajadas chilenas que remitían informes periódicos sobre la actividad de exiliados, medios de comunicación y organismos humanitarios. Los textos desnudan además los diálogos con el Vaticano para neutralizar a los sectores de la Iglesia que criticaban las violaciones a los derechos humanos, liderados por el cardenal Raúl Silva Henríquez.
