En Michoacán han proliferado «empresas patito» de seguridad privada, que brindan sus servicios en colonias y a ciudadanos en lo particular sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley vigente desde enero de 2011, ejemplo de ello es la experiencia vivida por habitantes de la colonia Expropiación Petrolera, Indeco, de Morelia, frente al ataque a puñaladas que sufrieran sus dos vigilantes.
Presuntamente conformadas dentro de la figura de asociaciones civiles, tales empresas ofertan sus servicios a los encargados del orden de las colonias populares, los que generalmente sólo tienen referencia de los servicios que presentan por dicho, ya que no muestran documentación que acredite la certificación de sus elementos o el permiso expedido por las autoridades correspondientes.
El problema se agrava cuando los colonos aceptan la operación de dichas empresas sin verificar su legalidad con las autoridades, y signan contratos sin asesoría.
Los elementos de seguridad empleados por dichas empresas, generalmente carecen de las prestaciones de ley, y son jóvenes que en ocasiones no cuentan ni con la mayoría de edad.
El costo de los servicios se acuerda por las horas-día a realizar rondines, ya sea de manera quincenal o mensual, y se firman contratos que comprometen a los colonos al pago puntual del servicio.
Amparadas en la necesidad y la falta de información de colonos sobre el tema, las empresas aseguran «alta calidad» en su labor, con servicios de ambulancia y «conocimiento en artes marciales » de sus elementos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, casi el 80 por ciento de las diez mil empresas de seguridad privada que existen en el país operan fuera de toda normatividad.
Incluso la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ha investigado a diferentes compañías de ese tipo, extranjeras y nacionales, porque se han detectado que grupos de narcotraficantes y secuestradores (principalmente mexicanos y colombianos) presuntamente financian la creación de «empresas fachada», que son utilizadas para lavar activos de procedencia ilícita e infiltrarse en los cuerpos policiacos.
De acuerdo con la PGR, la mayoría de esas compañías están dirigidas por militares y/o ex jefes policiacos federales o estatales.
El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) cuenta con un registro a nivel nacional cercano a los 200 mil guardias de seguridad, y la mayor demanda es por los servicios de guardias intramuros, la custodia de traslado de valores y de mercancía, el uso de tecnología para localización satelital, el circuito cerrado de televisión, y las alarmas de intrusión.
Los datos del consejo apuntan que alrededor del 80 por ciento de las empresas de seguridad privada y el 40 por ciento del personal de vigilancia en México operan fuera de toda normatividad, además existen casi diez mil empresas de seguridad privada en el país, y de ellas únicamente dos mil cuentan con registro.
Asimismo señala que el 80 por ciento del mercado de la seguridad privada nacional está en la informalidad, debido en parte a que los usuarios optan por contratar empresas «patito» para abatir costos.
En el caso de Michoacán, en el 2011 la Secretaría de Seguridad Pública del estado contaba con un registro de 49 empresas de seguridad privada otorgando servicios en territorio michoacano.
En su mayoría estas empresas registradas proporcionaban protección y vigilancia de bienes muebles e inmuebles, y abarcan también las modalidades de traslado y custodia de valores, protección de personas y localización satelital.
La mayoría de las empresas de seguridad privada no manejan armamento; las que sí lo hacen generalmente emplean armas largas y cortas, en el 2011 eran 313 las armas autorizadas para este sector en la entidad.
El personal registrado para entonces en la entidad, eran más de mil 800 personas las que laboraban dentro de estas empresas, 170 en el área administrativa, y mil 696 como personal operativo.
Saldo de empresas improvisadas
En Indeco el problema de la inseguridad empezó a evidenciarse hace cinco años, cuando en las glorietas de la colonia, grupos de jóvenes «se reunían a tomar o a drogarse», según lo refieren habitantes del lugar.
Fue un grupo de mujeres el que empezó a organizarse para que la colonia contratara elementos de seguridad que inhibieran posibles desmanes. Fue así que «de casualidad» se enteraron del Grupo Los Tigres, empresa que prestaba sus servicios en otras colonias.
Durante tres años se contrataron los servicios de este grupo, que con cinco elementos y en motocicletas efectuaba a lo largo del día recorridos en la colonia, lo que finalmente dio resultados positivos a ojos de los vecinos.
El problema sobrevino por el pago, ya que en la colecta semanal que se hacía en cada una de las casas del conjunto habitacional, eran pocos los que cooperaban, y en la medida en que había menos problemas bajaba la disponibilidad de la gente a participar debido a que consideraban poco necesarios estos servicios porque la colonia ya era más segura.
Finalmente no se pudo ya contratar el servicio, por lo que la colonia se quedó sin seguridad, lo que propició que empezaran los asaltos en el lugar, intentos de violación, y la presencia de miembros de grupos delincuenciales.
Hace siete meses se determinó contratar nuevamente un servicio de seguridad, ahora fueron Los Lobos, los que presentaron el servicio. Su administrador le aseguró al encargado del orden que sus elementos contaban con las prestaciones de ley, que tenían capacitación, y que la colonia contaría con ambulancia para cualquier emergencia.
El acuerdo fue para realizar rondines por la noche, y la vigilancia de toda la colonia se encomendó a dos elementos. Hace un par de semanas dichos elementos detuvieron a dos personas, uno que intentaba violar a una muchacha en un local comercial, y el otro robando, incluso cuando los detuvieron tuvieron dificultad de que enviaran una patrulla para llevárselos. Dos días después entre los vecinos se comentó que ambas personas habían quedado en libertad.
El retrato de estas dos personas fue colocado en los andadores de la colonia para prevenir a los vecinos. Días después por la mañana, todos los cartelones habían desaparecido.
De acuerdo con las versiones de los vecinos –que por precaución piden no se hagan públicos sus nombres- el pasado domingo, los dos vigilantes, uno Santiago, de 19 años de edad, y el otro César, de 24, fueron emboscados por un grupo de diez sujetos que los apuñalaron, por lo que corrieron a buscar protección a uno de los hogares de la colonia.
Finalmente Santiago falleció en la ambulancia camino al hospital, y dejó viuda a su mujer, una niña de doce años que se encuentra embarazada. Su compañero César fue ingresado a urgencias y se recupera de sus heridas.
Ante la situación, el encargado del orden decidió hacerse a un lado, sin participar de la organización de otro grupo de colonos, quienes se han cooperado para ayudar con los gastos médicos ya que la empresa no tenía asegurados a sus elementos y no asumió su responsabilidad, e incluso ya dejó de prestar sus servicios en Indeco tras lo sucedido.
El miércoles finalmente los colonos buscaron al secretario de Seguridad Pública del Estado, Elías Álvarez Hernández, con quien se reunieron, en donde se acordó que la dependencia efectuará rondines en el lugar, entre otras medidas.
