A raíz de que en una escuela de Monterrey uno de sus alumnos disparó un arma de fuego en contra de sus compañeros y su maestra, se reavivó la psicosis que este tipo de sucesos provocó en la sociedad y la reacción inmediata del gobierno, fue reactivar el famoso programa “Mochila Segura”, al extremo que la federación exhortó a los gobiernos estatales a implementarla de manera permanente, de tal suerte que tanto las autoridades de nuestro estado y las de algunos municipios, hicieron eco a la sugerencia federal.
Así las cosas, viene a colación la interrogante: ¿Realmente resuelve algo dicho programa? De entrada, la Red Por los Derechos de la Infancia en México, se pronunció a nivel nacional afirmando que la aplicación del operativo no previene la violencia ni protege a niñas, niños y adolescentes, a pesar de que el propio presidente ENRIQUE PEÑA NIETO había ordenado que se implementaran intensivamente las medidas y protocolos relacionadas con la revisión de las mochilas de los educandos, para inhibir la portación de armas en las escuelas.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como diversas organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, protestaron y alertaron a los padres de familia, señalando que esa clase de operativos atentan contra el derecho de la niñez a decidir sobre asuntos que los afectan, contra su respeto y dignidad, así como a su intimidad y basaron su alerta, en lo señalado en las declaraciones de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños.
De igual manera, desde hace más de una década, organizaciones civiles han denunciado en los estados que se adscribieron al Programa Escuela Segura que implementó el gobierno federal, que dicho programa viola el derecho a la intimidad, a la seguridad jurídica, a la no discriminación y el interés superior de la infancia.
Esas mismas organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos – son muchas como para nombrarlas a todas- insistieron en señalar que algunas de las acciones del programa “Escuela Segura”, terminan criminalizando a los niños, niñas y adolescentes, mediante la práctica de medidas de vejación, de cateo y revisión, afectando con ello sus derechos a la privacidad, intimidad y a no ser molestados en su persona, pero fueron más tajantes al señalar que someter a los menores a ese tipo de medidas, es ubicarlos y reducirlos como el centro del problema, sin establecer una estrategia y visión integral del mismo.
Especialistas en el tema, han señalado que la implementación de ese tipo de programas, a más de criminalizar a la niñez, no se tenía diseñado ni implementado un programa que atacase las causas y motivos del consumo de drogas y las conductas violentas o antisociales, es decir, el resquebrajamiento del tejido social, pero sobredimensionado por la ineficiencia gubernamental.
Por supuesto que las autoridades que implementan y defienden dicho programa, se justifican diciendo que el mismo se realiza a petición y autorización de los propios padres de familia y de las autoridades escolares, sin embargo, desde el punto de vista de los especialistas en el tema de defensa de los derechos de los niños, señalan que aún con la presencia de los padres de familia, dicho programa atenta contra los derechos de los menores, pues su privacidad se viola en un sito público como lo es los centros educativos.
SIN RESULTADOS EL PROGRAMA
En el 2007, el gobierno federal implementó el Programa Escuela Segura como parte de la Estrategia Nacional Limpiemos México, que entre otras cosas, buscaba atender las causas de la criminalidad social, de ahí que con este motivo, casi todos los estados del país implementaron el Programa Mochila Segura, obteniendo por ese motivo recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, pues el congreso destinó para tal programa hasta el 2015 1800 millones de pesos, sin embargo…
Ante la ausencia de cifras que revelaran las mediciones de los resultados de dichos programas, solo encontramos que en el 2012, El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el CONEVAL, dijo que por lo menos hasta ese año, no existían estudios para comprender y explicar cómo las acciones del Programa “Escuela segura” ejecutado por los gobiernos federal y de los estados, afectan o mejoran la seguridad en las escuelas y cuál es el efecto.
Sumado a lo anterior, es importante señalar los informes de la Auditoría Superior de la Federación, que señalan que en los ejercicios fiscales del 2011 y 2013, no existe información para determinar cómo el Programa Escuela Segura, contribuyó a mejorar la seguridad escolar en las 53, 787 escuelas que participaron en el programa en todo el país, empero, si ubicó un informe de la secretaría de Educación que señala que el 13.6% de las escuelas de educación básica que participaron en el programa, durante dos años, mejoraron su seguridad escolar con respecto al año anterior.
EL informe de la Secretaría de Educación que reveló lo señalado, fue descalificado por la misma Auditoría Superior de la Federación al dictaminar que la SEP no contó con una metodología para el diseño y elaboración del cuestionario de autoevaluación y mucho menos con los parámetros para determinar los puntajes mínimos y máximos que los centros escolares deberían de obtener, para determinar sí mejoraron o no sus niveles de seguridad escolar y determinar sí tales resultados eran o no confiables.
Sin haber entregado resultados y después de que en 2015 se ejerció sólo la mitad de los recursos presupuestados, el gobierno federal eliminó en 2016 el Programa Escuela Segura e implementó el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Al Programa de Convivencia Escolar se le asignaron el año pasado 350 millones de pesos y para este 2017 un presupuesto 25% inferior. Forma parte de la Política Nacional para una Escuela Libre de Acoso Escolar y tiene el objetivo de “fomentar un ambiente de sana convivencia e inculcar la prevención de situación de acoso escolar o bullying”.
A diferencia de su antecesor, que se enfocó en evitar que “los factores de delincuencia y adicciones pusieran en riesgo la seguridad” en centros escolares, el Programa de Convivencia está enfocado en frenar el acoso.
Además de que el programa para seguridad escolar ahora tiene un enfoque distinto al de seguridad pública que el gobierno federal aplicó por ocho años, pues el gobierno de Peña Nieto decidió en este 2017 desaparecer el Programa Nacional de Prevención del Delito y recortar los recursos a otros programas destinados a reconstruir el tejido social.
EN MICHOACÁN…
En nuestro estado, a consecuencia de los programas federales como los ya anotados, el gobierno de FAUSTO VALLEJO Y FIGUEROA implementó el denominado “Consejo Preventivo de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán”, que regulado por la Ley para la Atención de la Violencia escolar en el Estado de Michoacán, que se publicó en el periódico oficial del estado el 17 de agosto del 2012.
Desde su creación, dicho “consejo” ha sesionado solo dos veces, a pesar que es su responsabilidad la elaboración y difusión del protocolo de seguimiento y prevención, que se adapta a circunstancias particulares por medio de talleres con maestros, padres de familia, directivos y supervisores para que puedan atender y solucionar cada caso, en las primeras fases de su desarrollo.
Es importante mencionar que el protocolo de atención y prevención que distribuye el consejo a las escuelas consta de cuatro fases en las que cada caso debe atenderse en primera instancia por los docentes, la segunda por el director de la institución, seguido por un supervisor y finalmente cuando el caso de violencia trasciende, debe llegar directamente al consejo.
Al día de hoy, en el portal de transparencia de la Secretaría de Educación en el Estado, solo se pudo obtener información de las dos sesiones de dicho consejo, siendo la última el 10 de diciembre del 2014 y no se sabe que se haya vuelto a reunir, a pesar de que lo presiden el gobernador del estado y como secretario técnico el secretario de educación, pero lo lamentable del no funcionamiento de dicho “consejo” es que sería el órgano técnico que determinaría la aplicación o no del programa “Mochila Segura” en nuestro estado, tomando en consideración los criterios anotados en esta entrega.
