Quienes van a sufrir las consecuencias por el conflicto entre MVS Comunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la banda de 2.5 Gigahercios (GHz) son los usuarios y la economía en general, coincidieron expertos del sector.
El rescate de dicho espectro anunciado recientemente por la dependencia ha provocado que la empresa de telecomunicaciones no sólo esté dispuesta a presentar un litigio que puede tardar hasta cinco años sino que también reveló presiones y chantajes por parte de las autoridades.
Lo cierto es que, dejando de lado estos dimes y diretes, el no aprovechar la banda de 2.5 GHz tendrá un impacto directo en los consumidores porque habrá una menor oferta de servicios en banda ancha móvil y, por consecuencia, no habrá una reducción en los precios que suele ser impulsada por una mayor competencia, indicó Ramiro Tovar, especialista en telecomunicaciones.
La banda representa una gran oportunidad para ampliar cobertura y competencia en la provisión de servicios de datos móviles al permitir utilizar tecnología de nueva generación como LTE y WiMax, precisó Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit.
El utilizar de manera eficiente este espectro, se vuelve fundamental cuando se toma en cuenta que México está muy rezagado en materia de penetración de banda ancha móvil.
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, el país ocupa el último lugar en esta materia con una penetración de apenas 7.7 por ciento, es decir, poco más de 8 millones de usuarios, al cierre de 2011.
Por otro lado, Fernando Negrete, director general de MediaTelecom, consideró que también la industria será víctima de este conflicto, especialmente los proveedores de infraestructura como Ericsson, Nokia, Siemens o Huawei, porque no podrán ofrecer sus tecnologías para su buen aprovechamiento.
“El mismo gobierno se verá afectado por esta situación, porque será conocido o pasará a la historia como el gobierno que no supo operar las telecomunicaciones”, añadió el especialista.
Los tres especialistas coincidieron en que las autoridades tienen poco más de tres meses para resolver este conflicto, ya que de otra manera se heredará a la administración del virtual presidente electo, Enrique Peña Nieto, y los menos beneficiados serán los mexicanos.
