El asalto a la razón
¿Y la Secretaría de Gobernación?
Carlos Marín
Escribe Mercedes Copado González:
Porque acababa de escuchar al presidente Felipe Calderón “manifestar su tristeza por lo que está sucediendo” en su natal Michoacán… por la falta de autoridad y de legalidad, la lectora se pregunta:
“En el caso del tal Martín de Tours, ministro de una iglesia, hay que ver en primera instancia a cuál autoridad le corresponde conocer los asuntos de las iglesias y sancionarlas cuando violenten la Constitución; que les cancelen el registro o como se llame; detengan o suspendan a sus ministros cuando éstos se metan en donde no les compete (que ahí andan calentando cabezas ingenuas e ignorantes, arengando para quemar escuelas e impidiendo el ingreso de niños y maestros a sus tareas educativas). “Con que detengan al cabecilla y a sus achichincles, a ver si no se ponen en paz.
“Así ni los medios de comunicación preguntarán al aire a ver cuándo el gobierno de Michoacán entra en acción…”
La historia en breve
Llegó el final
Ciro Gómez Leyva
Esta mañana, la Sala Superior del Tribunal Electoral, integrada por los siete magistrados, celebrará la primera de dos sesiones para resolver los juicios de impugnación de la elección presidencial.
El Tribunal deberá resolver hoy la totalidad de los juicios, excepto uno. La próxima semana, se abocará al “juicio madre”, el de las 638 hojas, el del Frente Progresista para anular la elección presidencial. El telón está a punto de caer.
Vienen, entonces, días intensos. Será determinante que el Tribunal comunique muy bien lo que vaya ocurriendo. Las dos sesiones serán transmitidas por el Canal Judicial y en internet. Ojalá las transmisiones incluyan una interpretación de alta calidad que ponga la complicada jerga legal al alcance de los ciudadanos interesados en seguirlas.
Viene, también, el momento de definición para las izquierdas y el lopezobradorismo, virtuosos en el manejo del lenguaje ambiguo. Ya no valdrá el “sí aceptaremos el fallo, pero depende…” No hay de otra: la resolución está en las manos de siete magistrados. De nadie más.
Si el Tribunal no invalida los comicios, Enrique Peña Nieto recibirá la constancia y se convertirá en presidente electo, con todas las responsabilidades y cargas que ello implica. Con todo el simbolismo y fuerza. Con todos los riesgos.
En 2006 se impugnó el resultado de la elección. En 2012 se ha impugnado todo. Y se habrá revisado todo. Dentro de ocho días, a más tardar, sabremos si vamos a nueva elección presidencial o si fue absolutamente legal la victoria de Peña Nieto.
Por eso es una insensatez, una irresponsabilidad, una deslealtad a las reglas y los acuerdos esparcir la especie del estallido social.
Esa sí es una traición.
Trascendió
Trascendió
:Que la ONU designó a Ernesto Cordero miembro de la Junta de Gobierno del Fondo Verde, principal vehículo financiero para afrontar el cambio climático.
Este fondo es iniciativa de Felipe Calderón y sus integrantes se reunieron ayer por primera vez en Ginebra, Suiza, adonde asistió el senador electo panista en un viaje relámpago.
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:Que quien terminó con un rostro de satisfacción anoche fue el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, porque con el reparto de plurinominales y la entrega del reporte preliminar de la Unidad de Fiscalización sobre los gastos de campaña, está casi del otro lado.
En cambio, los representantes de los partidos, como Camerino Márquez, del PRD; Sebastián Lerdo de Tejada, del PRI, y hasta Rogelio Carvajal, del PAN, acabaron molestos porque no todos sus reclamos fueron reflejados en el informe.
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:Que este viernes es el gran día en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues los perredistas, con mayoría absoluta, decidirán quién será el próximo mandamás y presidente de la Comisión de Gobierno.
Dicen que debido a lo cerrado del proceso, entre Manuel Granados y Víctor Hugo Lobo, el jefe de Gobierno electo, Miguel Ángel Mancera, tuvo que intervenir y pedir el apoyo a favor de su ex asesor.
Con ello, Granados será nombrado presidente de la comisión referida, mientras que Lobo se quedará como vicecoordinador de la bancada.
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:Que uno de los principales damnificados tras el reparto de plurinominales y el intercambio de senadores y diputados para formar bancadas legislativas fue el Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado.
En el Senado, donde solo tenía dos posiciones, se quedó sin Marco Antonio Blásquez, y al paso que va, en una de esas pierde hasta a Layda Sansores, a quien le andan coqueteando para llevársela… al PRD. En la Cámara le fue mejor, porque el traspaso de Ricardo Monreal sí le permitió formar bancada.
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:Que, por cierto, no todos en la familia Monreal quedaron mal parados en el Partido del Trabajo. El senador David Monreal amarró la vicecoordinación en la Cámara Alta y hará dupla con Manuel Bartlett.
Día con día
Otra vez
Héctor Aguilar Camín
El Estado democrático mexicano se parece más que nunca a su diseño constitucional (1917).
La Constitución dice que el régimen político de México es el de una República representativa, democrática y federal. Más que nunca antes en nuestra historia tenemos un régimen político democrático y representativo, somos una República con división de poderes y una República federal, con altos rangos de autonomía de los gobiernos estatales.
Lo paradójico es que haber cerrado la brecha entre el régimen político real y el régimen político legal no nos ha traído como resultado un gobierno más efectivo, sino un gobierno más competido, más equilibrado por otros poderes, sujeto a más límites y controles. En muchos sentidos un gobierno menos eficiente.
La democracia mexicana ha traído al país una representación efectiva de la pluralidad política. Es una pluralidad que quedó expresada en el año 2000 en tres partidos dominantes, ninguno con más de 40 por ciento de los votos, y varios partidos pequeños, ninguno con posibilidad de competir realmente por el poder.
Esta es una pluralidad partidaria más adecuada a las reglas de un régimen parlamentario que al funcionamiento de un régimen presidencial.
En un régimen parlamentario, la mayoría se forma antes de integrar gobierno. Es requisito negociar una mayoría absoluta (la mitad más uno) para formar gobierno. En un régimen presidencial, el gobierno se forma tenga o no mayoría en el Congreso el ganador de las elecciones.
La consecuencia de la fragmentación parlamentaria en un régimen presidencial es lo que vemos en México: un gobierno electo por mayoría que es minoría en el Congreso y que pasa buena parte de su tiempo negociando infructuosamente con su oposición.
Desde 1997 la democracia mexicana produce gobiernos divididos en los que el partido que gana la mayoría en las elecciones presidenciales no tiene la mayoría en el Congreso. Nuestro régimen democrático no es entonces un sistema que da poderes claros a los gobiernos que elige. Es un remedo de régimen parlamentario en el esquema de un régimen presidencial.
Las pobres consecuencias políticas de esto empezamos a verlas de nuevo en las falsas convergencias y las declaraciones de doble que ensayan los legisladores que integrarán el Congreso. Hay cierto desánimo público en la impresión de que esta película ya la vimos, y empezamos a verla de nuevo. Ni siquiera con muchos nuevos actores.
En Privado
¿Caras nuevas? ¡Bueno…!
Joaquín López-Dóriga
Yo no soy vocero ni de mí mismo.
Florestán
Ayer se conformó la próxima legislatura que se instalará la siguiente semana, confirmando la tendencia iniciada en 1997, cuando el PRI perdió por primera vez su mayoría histórica en la Cámara de Diputados, mayoría que perdería en el Senado tres años después, en las elecciones de 2000, cuando también perdió la Presidencia de la República.
Desde hace 15 años, ningún partido ha tenido mayoría absoluta en el Congreso, lo que algunos aplauden, porque evita el gobierno fácil, y otros critican al considerar que el Legislativo se convierte en un muro obstruccionista que por razones electorales frena las reformas que el país necesita.
Ayer, en una sesión extraordinaria, el Consejo General del IFE declaró la validez de la elección de los diputados y senadores plurinominales e hizo la asignación para quedar así la distribución del Congreso.
En el Senado, el PRI, que será primera minoría, tendrá 52 legisladores (11 plurinominales); el PAN, 38 (9); PRD, 22 (6); PVEM, 9 (2); PT, 4 (2); MC, 2 (1); Panal, uno, de mayoría.
En la Cámara de Diputados, donde el PRI aún no se explica por qué no alcanzó la mayoría teniendo en esta legislatura 232, bajó en estas elecciones a 207 (49 plurinominales), que le da la primera minoría; PAN: 114 (62); PRD: 100 (44); PVEM: 34 (15); PT: 19 (11): MC: 16 (9); Panal: 10, todos plurinominales.
En esta legislatura, además de hermanos, hijos, esposas, esposos, amigos, ahijados, hay 15 ex gobernadores, incluido Manuel Camacho, regente del DF con Carlos Salinas; Manlio Fabio Beltrones, Patricio Martínez, Manuel Cavazos Lerma, René Juárez, Enrique Burgos, Teófilo Torres Corzo, Ismael Hernández, Félix González, Manuel Bartlett, Amalia García, Ricardo Monreal, Ernesto Ruffo, Jesús Murillo Karam y Juan Carlos Romero Hicks.
Ya los veremos funcionar a partir del 1 de septiembre con el PRI como partido oficial tras 12 años en la oposición.
RETALES
1. REGRESIVA. El miércoles comenzaron los últimos cien días del sexenio del presidente Calderón y el próximo viernes, en Radio Fórmula, Consulta Mitofksy presentará la vigésima tercera y penúltima evaluación de su gobierno,
2. QUE NO. Me aclaran que Ricardo Monreal no ha cambiado 4 veces de camiseta, tras haber sido legislador por el PRI, el PRD y el PT y ahora será coordinador del MC en San Lázaro: que Monreal solo fue militante del PRI y del PRD, no del PT ni de MC, aunque sea su coordinador. Bueno. Su hermano, David, es senador por el PT, y
3. FRATERNOS. Pero no es el único caso fraternal en esta legislatura en la que se da un caso inédito: dos hermanos por distintos partidos son diputados. Se trata de los tabasqueños Mayans: Fernando es diputado por el PRD y Humberto por el PRI.
Nos vemos el martes, pero en privado
Juegos de Poder
Cuando los fanáticos exigen que nos callemos
Leo Zuckermann
EXCÉLSIOR
Durante la campaña electoral pasada, un ciudadano enamorado de López Obrador se dedicó a mandarme correos cuando me atrevía a criticar a este candidato. La consigna era clara: al perredista no había que tocarlo ni con el pétalo de una rosa.
Nunca he considerado mis argumentos como verdades absolutas. Por ello, siempre he acompañado esta columna con mi correo electrónico y dirección de Twitter para escuchar lo que tienen que decirme los lectores. En no pocas ocasiones, me he enfrascado en buenas discusiones con gente que tiene opiniones diferentes a las mías. A veces me han convencido.
Comento esto porque, durante la campaña electoral pasada, un ciudadano enamorado de López Obrador se dedicó a mandarme correos cuando me atrevía a criticar a este candidato. La consigna era clara: al perredista no había que tocarlo ni con el pétalo de una rosa. AMLO no podía equivocarse, y punto. Por cierto, cuando le daba la razón a su héroe, el susodicho enviaba con prontitud un correo alabando mis dotes analíticas.
Al principio, decidí establecer una comunicación con esta persona. Correo que venía, correo que le contestaba tratando de razonar con mis argumentos. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no me estaba escuchando. Un estimado colega —que vio los intercambios porque el personaje en cuestión mandaba sus escritos con copia a una larga lista de comunicadores, analistas y amigos— me sugirió un día que ya no le respondiera porque él había hecho lo mismo y había resultado un caso perdido.
Tenía razón: el susodicho no razonaba sino que actuaba por consigna. Rumbo al final de la campaña encontré un correo de esta persona (mantengo en secreto su nombre porque creo en el derecho que tienen los ciudadanos a la privacidad) donde le enviaba a sus amigos una lista de todos los analistas “decididamente antipejes”, considerados “fanáticos” o “vendidos”, que había que desenmascarar ante la opinión pública. Nótese ya el nivel de intolerancia.
Olas van y olas vienen con andanadas de correos donde el mismo personaje me pide que “no fomente más el odio y la crispación”. Uno de sus amigos lo apoyó diciendo: “La actitud de personajes como el señor Zuckermann ha creado un clima de incivilidad que puede llevar a la violencia de cualquier otro fanático, por lo que hay que hacerlos responsables de ello si así ocurriera”. Ahora resulta que, por decir lo que pienso, soy un fanático sedicioso que podría ser responsable de los posibles actos de otros fanáticos. ¿En contra de quién? ¿Me incluyo en la lista?
En el proceso de discutir y resolver nuestras diferencias, los individuos tenemos cuatro opciones:
1. Escuchar los argumentos de otros y estar dispuesto a cambiar de opinión si el otro presenta mejores razonamientos.
2. Escuchar los argumentos de otros, pero de ninguna forma abrir la posibilidad de convencerme porque de entrada considero mi postura como la mejor de todas.
3. Ni siquiera escuchar los argumentos de otros porque no vale la pena hacerlo.
4. Escuchar a los otros, pero exigir que se callen la boca porque sus argumentos son sediciosos y, de pasada, amenazarlos.
En lo personal, siempre he estado comprometido con la primera opción, pero, en esta labor de analista, a veces he tenido que enfrentarme con gente que ejerce la segunda, la tercera y la cuarta. A estos últimos les reitero que no me van a amedrentar y solicito que busquen a los culpables de la crispación actual en los políticos y no en quienes los analizamos.
Razones
Historias fantásticas de la izquierda mexicana
Jorge Fernández Menéndez
EXCÉLSIOR
Conocí a Manuel Bartlett cuando era yo un joven reportero, obviamente hace muchos años. Manuel era ya secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid y precandidato del PRI a la Presidencia de la República. Como todos sabemos, Manuel no fue candidato (paradójicamente, si lo hubiera sido quizá no se hubiera dado la ruptura de la corriente democrática que encabezaban Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, según declaró otro de sus fundadores, el entonces embajador Rodolfo González Guevara). Estaba entonces Bartlett acosado políticamente por dos historias que conmocionaron en esos años al país: el asesinato del periodista Manuel Buendía y el del agente de la DEA Enrique Camarena. Nunca se comprobó que él tuviera participación en esos hechos, pero sí fueron responsables funcionarios de primera línea de las áreas de seguridad de la Secretaría de Gobernación que estaban bajo su responsabilidad. Eso no le quitaba ser un político con una sólida formación, inteligente, agudo y con mano dura. Le tocó ser responsable de los comicios de 1988 y de una caída del sistema que lo perseguiría a lo largo de los años mucho más que aquellos hechos criminales.
Con todo, Manuel fue después secretario de Educación Pública, gobernador de Puebla y luego senador, todo por el PRI. Hasta que decidió sumarse al movimiento de AMLO cuando sus espacios y posibilidades en el PRI se agotaron, transformado en un duro crítico de las últimas administraciones priistas donde, paradójicamente, había tenido participación muy destacada. Fue registrado como candidato a senador de la alianza lopezobradorista en Puebla, pero perdió, quedó en tercer lugar, pero por esas cosas que permite la política mexicana, fue registrado también como candidato plurinominal al senado por el PT, por lo que perdiendo se llevó un escaño de la Cámara alta por seis años.
Pero ahora Manuel, el político conservador, el que fue cercano operador de Luis Echeverría, que estudió en Francia y que era percibido como un hombre de mano dura, es el coordinador de los senadores del PT, un partido que se dice maoísta y que fue conformado por los movimientos sociales que decían que Bartlett era uno de sus represores allá en Tierra y Libertad. ¿Bartlett maoísta? Es difícil de creer, quizás porque al PT, salvo por sus relaciones afectuosas con la dictadura de Corea del Norte, también le queda bastante poco de lo que fueron sus orígenes.
Pero si ver a Bartlett como coordinador de los senadores de una fuerza que se dice maoísta sorprende, los cambios de Ricardo Monreal no se quedan atrás. Ricardo ha pasado en 15 años por el PRI, el PRD, el PT y ahora el MC. Monreal fue un muy destacado operador priista durante la administración de Salinas de Gortari. En el sexenio siguiente buscó ser candidato del PRI para Zacatecas y tuvo el rechazo del presidente Zedillo, renunció entonces al PRI y se convirtió en candidato del PRD, protagonizando el célebre monrealazo, un ejemplo que seguirían después muchos priistas. Todo se dio en medio de denuncias, impulsadas desde el gobierno federal, de presuntas relaciones con la delincuencia organizada que nunca se sustentaron legalmente por esas mismas autoridades. Ricardo fue un gobernador de las alas más moderadas del PRD, que buscó ser cercano a Cárdenas, a López Obrador y también a muchos ex compañeros priistas. En su sucesión rompió con Amalia García aunque logró ser senador, pero giró hacia las posiciones más duras del lopezobradorismo hasta convertirse en el coordinador de campaña de Andrés Manuel este año. Antes había salido del PRD con profundas diferencias con la dirigencia de ese partido. Del PRD pasó al PT donde se convirtió en coordinador de esa bancada en la Cámara alta. Ahora dice que no continúa con el PT porque le exigen afiliarse, (¿se afiliará Bartlett al PT, será esa también una exigencia para el ex gobernador poblano?) aunque su hermano David es senador por ese partido, pero será, entonces, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, que antes era Convergencia, una bancada que todavía no lo es porque no le alcanzan los diputados para ser reconocida como tal, pero que alcanzaría el número con unas transferencias (como en el futbol) del PRD o el PT. Monreal ha aclarado que acepta el cargo pero que su compromiso no es con el Movimiento Ciudadano sino con López Obrador.
Por cierto Andrés Manuel acaba de reconocer, por primera vez en el sexenio, a Felipe Calderón como presidente legítimo. Lo hace ahora a escasos tres meses de que concluya la administración blanquiazul, al pedirle a Calderón que muestre las pruebas que dice López que Calderón tiene, sobre el presunto rebasamiento de gastos de campaña de Peña Nieto. O sea, pidiéndole que lo apoye después de seis años de descalificaciones de todo tipo.
¿No admira usted la congruencia de los hombres de nuestra izquierda?
Frentes Políticos
Frentes Políticos
EXCÉLSIOR
I. Un silencio prudente. Habrá a quien no le haya parecido, pero la actitud del virtual Presidente de México, Enrique Peña Nieto, es atinada. Rechazó dar respuesta a quienes pronostican desestabilidad luego del fallo que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Advirtió que no va a caer en “dimes y diretes” y se limitará a acatar la actuación de las autoridades. El tema “estallidos sociales” no pertenece a su agenda. El mexiquense aclaró que, aunque no tiene definido su gabinete o su equipo de transición, va adelantando pláticas con algunas organizaciones y actores sociales con miras al trabajo que viene. Que es mucho.
II. No hay duda. Las comisiones más codiciadas en la Cámara de Diputados son la de Presupuesto y la de Hacienda. El PRI se quedará con la que asigna el dinero, porque garantizará al futuro gobierno movilidad estable. Para la de Hacienda se perfila el panista José Isabel Trejo. Las mejores cartas del todavía senador blanquiazul son su buena relación con Manlio Fabio Beltrones, quien será el coordinador de los diputados priistas, y con Silvano Aureoles, del PRD, pero también su gestión de presidir seis años una Comisión similar en el Senado. La suerte está echada.
III. Partidos y funcionarios electorales resaltaron la pluralidad del próximo Congreso, que lo obligará a lograr acuerdos y consenso. En el Senado habrá 52 priistas, 38 panistas, 22 perredistas, nueve verdes, cuatro petistas, dos del Movimiento Ciudadano y uno del Panal. Aún se discute la asignación de diputaciones. De ser aprobado el proyecto como viene, quedaría con 207 del PRI, 34 del PVEM, 100 del PRD, 114 del PAN, 19 del PT, 10 del Panal y 16 del Movimiento Ciudadano. Una buena definición del Congreso es la del tricolor Sebastián Lerdo de Tejada: “Tiene la finalidad de acotar al Poder Ejecutivo y la generación de acuerdos no es un acto gracioso, sino una obligación de los legisladores”. Es bueno recordarlo.
IV. La triste herencia de Leonel. En Michoacán, el presidente Felipe Calderón afirmó que le duelen mucho los profundos problemas de su entidad natal. Recordó que el gobierno siempre mantuvo la voluntad de apoyar al estado para enfrentar problemas como la inseguridad. Durante la inauguración de la Terminal de Minerales a Granel, estuvo acompañado por el gobernador Fausto Vallejo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, y el representante de los inversionistas, Galo Horacio Macías. Calderón les dijo que ha estado, está y estará siempre con Michoacán.
V. La justicia es implacable en Yucatán… para la familia de la gobernadora. Las autoridades son rápidas y expeditas si se trata de un pariente de ella. Dos expedientes contra Jesús Alejandro Cáceres Cobá se volvieron exprés en la Fiscalía General y los juzgados penales. Uno de presunto robo con violencia, denunciado por Maury Expectación Ortega Maldonado. Sí, familiar de la mandataria Ivonne Ortega Pacheco y quien, gracias al nepotismo rampante de la administración, ocupa la Jefatura de Mantenimiento Vehicular de la Oficialía Mayor del gobierno del estado. Ni duda cabe. Los excesos son malos.
VI. A un año de la ignominia. Familiares de las víctimas del Casino Royale denunciaron que las autoridades de los tres órdenes de gobierno fallaron en la correcta aplicación de la justicia. Samara Pérez enfatizó que, a la larga lista de pendientes para con las víctimas, “hay que sumarle la impunidad con la que operó el entonces alcalde de Monterrey, el panista Fernando Larrazabal, quien a pesar de su nula respuesta a la tragedia, hoy es diputado federal electo”. El ex presidente municipal no debía estar en una curul, sino siendo enjuiciado junto con el grupo de criminales que incendiaron el casino. ¿Quién lo premió?
Ventana
Parte de guerra
José Cárdenas
EXCÉLSIOR
Se propone que las leyes del mercado determinen el precio que deban pagar los particulares para explotar las concesiones.
El pleito de lavadero entre la Presidencia de la República y MVS también revela el desorden que priva en el manejo de las telecomunicaciones.
No existe un marco legal transparente para asignar concesiones. El gobierno las otorga discrecionalmente y las negociaciones entre funcionarios y empresarios suelen ocurrir bajo la mesa.
Queda claro.
Los ciudadanos de a pie rara vez nos enteramos de cómo y por qué se otorgan tales permisos para explotar un bien que nos pertenece a todos… aunque beneficie a pocos.
Estamos atrapados en un juego de sombras.
“Hay que aprovechar el pleito MVS-Presidencia como una oportunidad para revisar el sistema legal en materia de medios, a favor de la competencia y la defensa del derecho de las audiencias y los comunicadores”, comenta la periodista Carmen Aristegui, atrapada también en la discordia.
La disputa de la banda 2.5 resulta un buen ejemplo de los criterios políticos utilizados como arma o amenaza… como moneda de cambio o instrumento de favores y chantajes.
Pone en claro que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) carece de autonomía y dientes para cumplir su función normativa… que está secuestrada por los intereses políticos.
El analista Raúl Trejo Delarbre muestra un ejemplo. Cuestiona las razones de la Cofetel para autorizar la venta de frecuencias a las empresas Telefónica y Telcel mediante el pago de cinco mil 68 millones de pesos cuando por un segmento de espectro idéntico el precio pagado por Televisa y Nextel fue “sólo” de 180 millones.
Para evitar suspicacias, algunos proponen que las leyes del mercado determinen el precio que deban pagar los particulares interesados en explotar las concesiones.
Pero eso no basta.
Son necesarias nuevas reglas que garanticen la transparencia y brinden certeza a quienes pretenden participar en el negocio de las telecomunicaciones… y para frenar la hegemonía descontrolada de la “mediocracia” (el poder de los medios).
Hasta ahora, la ley “guanga” ha provocado acuerdos perversos… y así todos perdemos.
El tema es de urgente revisión en el Congreso… aunque por ahora haya instrucciones “de arriba” para evitarlo.
MONJE LOCO: A cien días de dejar la Presidencia, Felipe Calderón afirma haber hecho su mejor esfuerzo para que los mexicanos podamos vivir mejor.
Veamos cómo pegó tal esfuerzo en el bolsillo de los mexicanos: en seis años, el arroz subió 64.9%; el frijol 104.2%; la tortilla 61.5%; el azúcar 47.2%; el agua embotellada 24.3%; la carne 42.7%; la gasolina 52.9%… y del huevo ni hablar… mejor nos ponemos a dieta o lo cambiamos por atún, como propone el secretario de Economía, Bruno Ferrari. Lo único que el gobierno calderonista pudo bajar fue el poder adquisitivo del salario, 18.3 por ciento. Nada más.
Campos Elíseos
MVS, Los Pinos: ¿Quién miente?
Katia D’Artigues
EL UNIVERSAL
Desnudos. Así quedan todos los actores involucrados en el caso de la concesión de la banda de 2.5 GHZ que ahora sabemos tiene todo que ver con el despido y luego, reinstalación de Carmen Aristegui en el noticiario estrella de Noticias MVS.
De paso, desnudo también quedó, por primera vez, con pruebas, la forma en que el gobierno federal —que aún sigue teniendo de manera discrecional el otorgamiento de concesiones— presiona a empresarios de los medios.
También la manera en que estos empresarios están acostumbrados a dejarse presionar y no dudan en ofrecer cabezas de periodistas con tal de seguir con sus negocios.
Como mentirosos quedan todos: la vocera presidencial, Alejandra Sota, quien dijo que nunca tuvo que ver nada cuando ahora sabemos que sí fue “consultada” (ah, ese verbo en este contexto equivale a “decidir”) sobre la salida de Aristegui; y el mismo Joaquín Vargas, quien, para exhibir la mentira del otro exhibe la suya propia.
¿Y ahora qué? ¿Por qué ahora cuando este sexenio está a punto de terminar?
Veamos.
Para muchos, el “manotazo” calderonista sobre la mesa equivaldría a un favor para el siguiente gobierno de Peña Nieto. Como en el caso del avión presidencial, muchos ven en esto un guiño o hasta negociación del actual presidente con el próximo para algo, quizá tener paz en su vida.
En resumen, Calderón se aventaría la papa caliente de quitarle la deseada concesión a MVS, “rescatarla”, para presuntamente dársela a Televisa después. De paso, se venga de una periodista que lo trajo en jaque y que osó preguntar si tenía un problema con el alcohol.
Suponiendo que esto sea cierto, Peña Nieto debe estar enojadísimo. ¡El trabajo sucio es donde hay que ser más limpios, caramba! Y aquí hay huellas digitales sobre la blackberry en todos lados.
El resultado es desastroso: tocaron a una periodista emblemática, cercana a AMLO–izquierda, odiada o venerada, pero sin duda influyentísima que ahora es de nuevo la víctima. Y en este país por muchas cosas parece que el que no se victimiza no avanza.
Además, se exhibió el gobierno panista como todo aquello que dijeron que no eran y que sí era el PRI y por eso había que evitar su regreso: Autoritarios y censores de la libertad de expresión.
O los panistas carecen de todo oficio político y malosidad —que puede ser, recuerde que la estupidez humana es insondable— o… debe haber otra explicación. Claro, tendría que ser aún más perversa. Y bueno, si efectivamente no la han pensado y todo salió mal… podría ser una solución.
El golpe está dado. El gobierno de Calderón quedó como el malo y MVS- Dish-Slim como víctimas, des-bandados.
Está ya dada la presión social. Las redes sociales que, si bien no determinan elecciones, sí influyen y mucho y que están más bien con la izquierda de manera mayoritaria. Y además en el contexto en el que tenemos a un candidato opositor, AMLO, que no se ve que vaya a reconocer nunca su derrota y que será un dolor de cabeza para ellos los próximos seis años.
Pregunta: ¿podría dar el nuevo gobierno la banda de 2.5 GHZ a Televisa? Bueno, si quieren darle aún más gasolina a AMLO, sí.
Mucho más sería un balazo en el pie si va en serio que quieren llegar al gobierno con 3 reformas que garantizarían que son el “Nuevo PRI”: La que crearía una nueva institución anti-corrupción, la de transparencia y la reforma que garantizaría saber el monto de publicidad en medios, precisamente para que no se piense que el que paga, manda. O en su defecto, que esto se documente.
Ahora, pensemos todo lo contrario. Llegan al poder y le dan a MVS-Slim la preciada banda de 2.5 GHZ. Podrían hasta argüir, en privado, claro que no les quedó de otra da la presión social.
¿Qué pasaría? Bueno, se ganarían la buena voluntad de esas compañías y también sus frecuentes radioescuchas que no necesariamente son afines al PRI. Y otra: Aristegui, sin duda periodista influyente y quien ha hecho de eso una causa, sí podría llamar a la reflexión de otros medios difíciles a ellos a adoptar un código de ética, que es otra de las cosas que les gustaría. Que los propios periodistas, de manera pública, decidamos dar cuentas de nuestras acciones y decisiones editoriales, por motu propio.
Suena a carambola de 2.5 bandas, sí. Quizá demasiado complicado cuando la respuesta al porqué se hacen las cosas suele ser la más fácil. Pero si no lo han pensado es una manera de surfear la ola y salir bien de ella.
Quién lo iba a decir, que casi al final del sexenio, Andrés Manuel López Obrador enviara señales de ayuda a uno de sus más acérrimos adversarios políticos. ¿Quién es él? Se lo digo en la edición online de esta columna, además la crisis por la falta de huevos en el país, las controvertidas salas del Museo Tamayo y ¿con cuánto presupuesto arrancará la nueva Legislatura?
Citizen Joaquín
Raymundo Riva Palacio
ZOCALO SALTILLO
Joaquín Vargas, presidente de MVS, comenzó la semana pasada un pleito de barandilla sin precedente en la historia de las relaciones de los medios con el poder en contra del Gobierno federal, que en su primer balance lo dejó tirado en el campo de batalla, desangrándose lentamente. Decidió jugar en el terreno del valor de su palabra frente a sus interlocutores, en un tour de force de credibilidad donde apostó a la autoridad moral de su persona por encima de la de varios de los colaboradores más cercanos del presidente Felipe Calderón.
Pero por alguna extraña razón, incomprensible para alguien que decía haber pasado días preparando su respuesta al Gobierno para documentar cómo lo chantajearon para que a cambio de despedir a la conductora de radio Carmen Aristegui le refrendaran la concesión de la banda de 2.5 GHz, escogió una estrategia para descalificarse y desacreditarse.
Vargas describió ante la prensa una narrativa a partir de correos electrónicos y chats que tuvo con varios funcionarios del Gobierno que desnuda a un empresario que muchos –incluido quien esto escribe- pensaban diferente a aquellos viejos barones de la prensa, valientes hacia afuera y sumisos ante el poder, que presumían músculo cuando en realidad eran dóciles, porque lo más importante para ellos no era la libertad de expresión sino sus intereses particulares.
El heredero de un imperio familiar se colapsó con sus propias palabras. No es ya su batalla de credibilidad y moral, sino la manera como, como en el estilo de la vieja escuela, asume el tutelaje del Gobierno que pide abiertamente.
Casi 19 meses después de haber despedido a Aristegui por difundir un rumor al aire, Vargas dijo que había enfrentado presiones y chantajes del gobierno para despedirla, como condición de negociar el refrendo de la banda de 2.5 GHz. Su afirmación que esas actitudes eran inaceptables porque atentaban contra la libertad de expresión, contrasta con la realidad que pintan correos electrónicos y chats suyos que él mismo difundió. En ellos, se muestra como un empresario de prensa que no entiende que hay fronteras en la relación con el poder que no deben borrarse.
Por ejemplo, el 5 de febrero, un día después de que Aristegui exigió al Presidente que dijera si era cierto o no que era alcohólico y Los Pinos exigió una disculpa pública de la conductora por emplazar a Calderón -la norma legal establece que quien tiene que probar el dicho, es quien acusa, no el acusado-, Vargas envió a la directora de Comunicación de la Presidencia, Alejandra Sota, el borrador de una carta de disculpa para que la revisara antes de dársela a la conductora. Para quien valora las conquistas de la libertad de expresión, esa es una práctica impensable. Las decisiones internas de los medios son soberanas, y abrir la puerta a un gobierno como lo hizo Vargas, lo autoriza y legitima a ser copartícipe en decisiones que no le competen.
No fue una sola ocasión donde eso sucedió. A espaldas de Aristegui, Vargas pidió consejo al ex secretario del Trabajo, Javier Lozano, sobre qué hacer, y habló con Sota y con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos, para “coordinar” su reacción ante la conductora. Las comunicaciones que dio a conocer documentan la profundidad con la que compartió sus pensamientos con funcionarios del Gobierno (“Aristegui está loca y no lo vamos a tolerar”, confió a Sota), e informó anticipadamente lo que haría con ella. Mostró sumisión, como cuando se negó a que MVS exonerara al Presidente de toda la polémica que desató hasta que le explicara sus razones. De no convencerlo, prometió, lo exoneraría.
Vargas no cuidó su lenguaje para hablar sobre Aristegui con los funcionarios de Gobierno. A Lozano le dijo en un contexto peyorativo que ella “era genio y figura”, y con Sota la descalificó profesionalmente. Estas actitudes en un dueño de medio vulnera la solidez y credibilidad de su colaborador y reduce sus espacios de libertad, al mostrar que la lealtad del propietario no está con sus periodistas, sino con la autoridad.
El presidente de MVS se formó en una escuela diferente a la de los viejos barones de prensa, pero resultó ser igual a aquellos paladines de la libertad de expresión que en su equipaje esconden los favores, regalos y dineros cuantiosos de aquellos de quienes ahora reniegan, y que no dudaban en sacrificar a sus periodistas para proteger sus intereses. De estos hay historias abundantes en la historia contemporánea de las relaciones prensa-gobierno. No es algo que asuste o sorprenda, lo que no significa que se acepte como destino manifiesto o usos y costumbres. Pero el ciudadano Joaquín Vargas no estaba en ese marco de referencia de la genuflexión ante el poder y el pisoteo de colaboradores, donde la conculcación de la libertad de expresión no era una excepción, sino la regla. Y estamos, aunque suene una perogrullada, en 2012.
Jaque Mate
Superhuevo
Sergio Sarmiento
ZOCALO SALTILLO
La crisis del huevo ha evidenciado una vez más la ignorancia de algunos de nuestros políticos sobre cómo funciona la economía, pero también el ánimo de otros para beneficiarse políticamente de los problemas de los pobres.
Los precios son el regulador por excelencia de los mercados. Los desequilibrios entre oferta y demanda se compensan con alzas y bajas de precios que de forma natural inhiben o incentivan la producción y el consumo. Los controles de precios de cualquier tipo rompen estos equilibrios y suelen tener consecuencias peores que los males que buscan resolver.
El primer gran error de las autoridades mexicanas en la crisis del huevo fue no entender que el brote de gripe aviar reportado en junio en Jalisco –que representa el 55 por ciento de la producción nacional de huevo—tendría un impacto significativo en los precios. Es verdad que se sacrificaron solamente 11 millones de las 145 millones de gallinas ponedoras del país; pero en un mercado con tendencia al alza de precios por los aumentos en los alimentos para aves, ese número era suficiente para cambiar las condiciones del mercado.
Los altos precios pudieron haber sido un incentivo para una mayor inversión en producción y distribución, pero la motivación se ha desvanecido por las declaraciones del secretario Bruno Ferrari de que el alza es “injustificada”. Tampoco han ayudado las amenazas de que meterá en la cárcel a quien venda huevo a un precio superior “razonable”. Nadie ha definido cuál es este precio, pero además el secretario está olvidando que en México no existen los controles de precios.
El anuncio de que se está aumentando la importación de huevo, que es una forma sensata de incrementar la oferta, también reduce o elimina los incentivos para una mayor inversión en las granjas mexicanas. Parecería que estamos viviendo una repetición de la política de Luis Echeverría que convirtió a México en importador neto de leche.
Mientras tanto, un Marcelo Ebrard ya metido en la carrera presidencial del 2018 se ha dedicado a repartir huevo barato ante reporteros y cámaras. Con indignación real o fingida le ha reclamado al gobierno federal: “¿Cómo es posible que estén haciendo eso y no haya una reacción oficial contundente que realmente ayude a bajar el precio?” La verdad es que 20 toneladas de huevo a 20 pesos no son ninguna “reacción contundente” para bajar el precio cuando la producción nacional es de 2.54 millones de toneladas.
Es paradójico que Ebrard se ponga a repartir huevo en zonas populares cuando ha sido su propio gobierno, a través de la Norma 29, el principal enemigo de que se establezcan supermercados que venden a menor precio. Estas tiendas que tanto odia el jefe de gobierno ofrecen el huevo a un precio inferior al promedio: Ayer en Walmart, 25 pesos por cartón de 12 huevos en la Ciudad de México (16 huevos son un kilo). Quizá lo que busca es presentarse en los barrios pobres como Superhuevo, el rival del Hombre Araña que reparte blanquillos a precio desleal gracias al subsidio de los contribuyentes.
Si nuestros políticos realmente entendieran cómo funciona la economía estarían tomando medidas para aumentar la producción y mejorar la distribución del huevo. En lugar de generar incertidumbre en el mercado, buscarían dar certeza de largo plazo a las inversiones. En vez de amenazar con cárcel a los distribuidores, o de repartir huevo a precios de pérdida en unos cuantos barrios, estarían promoviendo la modernización del sistema de distribución.
El problema es que nuestros políticos no saben cómo funciona la economía. O se congratulan quizá de las crisis de precios porque éstas les permiten sacar una mejor tajada política.
INFLACIÓN
Las alzas en los precios del huevo, el maíz y otros productos han elevado la inflación anual a 4.45 por ciento, significativamente arriba de la banda de 3 a 4 por ciento que el Banco de México mantiene como objetivo.
Cristalazo
Cosas del infierno
Rafael Cardona
CRONICA
Se cumplen en estos días dos años de una de las más vergonzosas tragedias ocurridas en México y cuya circunstancia, lejos de resolverse, se ha agravado. Hace dos años un migrante providencialmente vivo tras una matanza de espanto y corral denunció graves hechos de San Fernando, Tamaulipas, lugar donde 8 meses después —el 23 de agosto de 2010— fueron hallados más de ciento ochenta cadáveres de personas cuyo sueño (aparentemente) era llegar a los Estados Unidos.
Sobre el asesinato masivo, como los crímenes posteriores en ese mismo lugar y en días recientes descubiertos en otros lugares de la república como Chiapas o Zacatecas, se han tejido miles de explicaciones, interpretaciones, análisis, promesas y proyectos redentores sin llegar nunca a ninguna parte.
Los crímenes contra los migrantes (y no migrantes) son ya una triste realidad cotidiana en el México del desgobierno, del abandono, de la ausencia de políticas viables, eficaces y permanentes en contra de hechos de esta terrible naturaleza.
El 20 de agosto de este año, hace apenas unos días, la cadena CNN divulgó al mundo esta parte del verdadero rostro de México:
“Tapachula (CNNMéxico).—El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) inició el lunes la exhumación de 96 de quienes se presume son migrantes que ingresaron de manera ilegal a México y fallecieron por diversas causas en la frontera del estado de Chiapas con Guatemala.
“Representantes del movimiento Voces Mesoamericanas, una organización que ayuda a familiares de migrantes desaparecidos, lograron un acuerdo con autoridades del gobierno de Chiapas, el Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el EAAF, para crear un banco de datos que permita identificar a migrantes que fallecieron en esta entidad por enfermedad, accidentes o causas derivadas de la violencia.
“El acuerdo de colaboración fue firmado en febrero, y precisa que en una primera etapa exhumarán los cadáveres de 96 personas sepultadas en las fosas comunes de los cementerios de Tapachula y Ciudad Hidalgo, detalló un vocero de Voces Mesoamericanas que no quiso identificarse por no estar autorizado para hacer declaraciones.
“Tapachula y Ciudad Hidalgo, en el extremo sur de Chiapas, son puertas de entrada de miles de migrantes que ingresan de forma ilegal a México, comúnmente con el objetivo de llegar a Estados Unidos…
“…Los trabajos de exhumación culminarán el 16 de septiembre. En los cementerios donde se exhuman hay restos de migrantes no identificados, fallecidos del año 2000 a la fecha…
“…El EAAF es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, que trabaja desde 1984 en ayudar a descubrir qué sucedió con las personas desaparecidas durante la dictadura militar argentina. Desde el año 1998 ha trabajado en acciones semejantes en 30 países de Latinoamérica, África, Europa y Asia; en lugares como Bosnia, Angola, Timor Oriental, Polinesia francesa, Croacia, Kurdistán iraquí, Kosovo y Sudáfrica”.
La sola mención de los sitios donde esos equipos de identificación forense han realizado labores nos lleva de inmediato a dos reflexiones.
1.—Las condiciones de abandono de la dignidad humana son similares a la de aquellos lugares donde guerras civiles o de limpieza étnica (Bosnia, Kosovo, Angola) donde tampoco hubo interés (en el caso mexicano, doce años después) siquiera por saber quiénes han sido los caídos en esas zonas de conflicto mayor y:
2.—La situación nacional se produce en las condiciones militares conocidas como “tierra de nadie”.
Al menos nadie para impedir las ejecuciones; nadie para atestiguar las exhumaciones, nadie para denunciar los cementerios clandestinos, nadie para indagar quiénes fueron en vida y mucho menos alguien para buscar a quienes los privaron de la vida.
Hoy, dice Mauricio Farah, especialista en el tema, “estamos peor. Antes estábamos mal por no saber lo que sucedía. Hoy estamos peor porque lo sabemos y sigue sucediendo”.
En este sentido, cobran mayor importancia las palabras del padre Alejandro Solalinde expresadas en la extensa y muy oportuna entrevista hecha en estas páginas por Guillermina Gómora:
“El INM, por más que lo quieran maquillar, está podrido, está invadido por el cáncer de la ambición. En la dirección hay otra práctica con cierta ética, pero en provincia y, sobre todo en la ruta migratoria, la delincuencia organizada, los cárteles, sobre todo Golfo y Zetas y policías, no van a soltar a los agentes de Migración.
“El papel oficial del INM, de cara a EU, a través del Plan Mérida, es de contención de los que buscan una mejor vida económica, por medio de las redadas y operativos. Lo que no va a decir es que aprovecha cada operativo para lucrar ilícitamente con el flujo migratorio. Hay que volver a decirlo: la única solución para el INM es comenzar un nuevo instituto, supervisado y controlado por la sociedad civil, una instancia exclusivamente administrativa”.
SINALOA
Los ocho diputados federales del estado de Sinaloa eligieron como su coordinador a Heriberto Galindo Quiñones. En una sesión realizada por invitación del presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, los legisladores invitaron a Galindo a tomar esa posición.
El diputado Galindo eligió de inmediato contacto con los legisladores sinaloenses de todos los partidos para trabajar por el bien del estado.
Astillero
• Periodismo riesgoso
• Toledo y La Jornada
• Cacho, las amenazas
• Autoprotección gremial
Julio Hernández López
Carmen Lira y Carlos Payán fueron a Oaxaca el pasado lunes a decirle a Francisco Toledo lo mucho que la comunidad jornalera lo respeta y aprecia, y a inaugurar un oportuno taller de reflexión sobre periodismo (en el que ayer tocó a un tecleador astillado hablar sobre, gulp, columnismo político).
El pintor Toledo, junto con Rufino Tamayo, aportó en especie una parte esencial del precario equipaje financiero con que 28 años atrás arrancó el proyecto periodístico que permitió el nacimiento de La Jornada. Habiendo renunciado al Unomásuno, por diferencias con su directiva, los deseosos de dar forma a una utopía de periodismo crítico e independiente se toparon con el inevitable problema de la viabilidad financiera y económica, ante lo cual solicitaron y obtuvieron gran respaldo social.
Payán, que es el director fundador de La Jornada, y Lira, que es la actual directora general, recordaron junto a Toledo lo mucho que para bien de los intereses popular y nacional se ha podido defender y empujar desde las páginas de un diario que no juega a la falsa objetividad ni encubre su función social. También se pasó revista a las trampas y embestidas desde poderes contrariados por la defensa de las convicciones (http://bit.ly/SNQ6uR ).
Toledo, por ejemplo, ha sido una conciencia activa en defensa de Oaxaca, a tal grado que ha sido amenazado de muerte por presuntos narcotraficantes, además del encono que algunos empresarios y políticos locales le guardan por la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural que ha sostenido. No ha de olvidarse, además, que en su momento auspició y mantuvo una comisión dedicada a atender los casos relacionados con la represión gubernamental a la APPO en 2006.
La Jornada, por su parte, ha debido sortear los ánimos encendidos de poderosos a quienes irrita toparse con un ejercicio periodístico de tanta peculiaridad que Noam Chomsky llegó a decir, al participar en los festejos del primer cuarto de siglo de vida del diario, que sus teorías habían encontrado como única excepción mundial la jornalera, por ser ésta una empresa periodística no sujeta al dominio de empresarios y grandes capitales.
Los riesgos a los que hoy se enfrenta el periodismo no solamente provienen de esa relación condicionante entre capital y libertad de expresión, entre publicidades que doblegan y periodismo que denuncia, sino de una expresión más cruda: la amenaza al profesional de la información y, con frecuencia, a su familia, o, en su siguiente fase, el secuestro, la tortura y el asesinato.
En todo el país hay casos concretos de amenazas o de cumplimiento irreversible de éstas. El más reciente de ellos ha afectado a una figura ampliamente conocida, Lydia Cacho, quien ha revelado a El País (empresa española irónicamente asociada en términos políticos a los mismos factores mexicanos que generan la violencia y la impunidad de la que da asombrada cuenta en sus páginas) que la procuradora federal de justicia, Marisela Morales, le recomendó dejar el país por un tiempo, ante amenazas de muerte a las que el Estado mexicano no puede oponerse eficazmente.
Cacho explicó que su anillo de seguridad en cuanto a comunicación personal había sido roto de manera peligrosamente sugerente, pues la habían amenazado a través del radio satelital utilizado por ella, a prueba de intervenciones salvo frente a equipos como los usados en México por la Marina y por altos mandos de cárteles del narcotráfico. Asumiendo que no se considera confrontada con la Marina, pero sí receptora de anteriores advertencias de capos, la periodista nacida en la ciudad de México, pero avecindada en Quintana Roo, decidió salir voluntariamente del país para mantenerse escondida, según señaló Salvador Camarena, el corresponsal de El País en México que la entrevistó por vía telefónica.
Desde ese autoexilio, la escritora de Los demonios del edén ha descrito la constante exposición de los periodistas, sobre todo los que no se desempeñan en la capital del país, al ritual macabro de los poderes criticados o desnudados: amenazar y luego cumplir. Aseguró que Regina Martínez, la corresponsal de Proceso en Veracruz, le platicó días antes de ser asesinada que había recibido formas de amenaza provenientes del gobierno estatal, las que se negaba a tomar con seriedad. Por desgracia, se multiplican los casos de periodistas de los estados que han confirmado terriblemente la autenticidad de esos ánimos de exterminio. Ella, Cacho, ha hecho bien en no quedarse a comprobar las puntuales amenazas por sus denuncias de pederastia consentida y practicada por hombres de poder económico y político (ha citado a Kamel Nacif, pero también al ahora nuevamente poderoso Emilio Gamboa Patrón, y fue apresada por órdenes del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, apreciado socio político del peñanietismo).
Justamente en ese contexto se ha organizado un encuentro nacional de periodistas para ser capacitados en autoprotección. Con el apoyo del Gobierno del Distrito Federal y de Freedom House, la Casa de los Derechos de Periodistas, que dirige Judith Calderón, ha organizado bajo la coordinación general de Rogelio Hernández López tres días de sesiones para informadores de todo el país que mediante conferencias, mesas redondas y coloquios buscarán allegarse conocimientos y experiencias que puedan replicar a colegas en sus zonas de trabajo y que coadyuven a enfrentar los riesgos de agravios y reducir la vulnerabilidad que padecen. El encuentro comenzó ayer y terminará mañana, todo en el salón de usos múltiples del edificio del GDF, a un costado de la Suprema Corte. Hoy, a las 14 horas, se ofrecerá la plática Los retos del periodismo en un clima de agresiones, con Antonio Helguera, Jorge Carrasco, José Reveles, Gerardo Sauri, Graciela Ramírez y el astillador. En http://bit.ly/Ow3WSW está el programa completo.
Por cierto, el Astillero de este jueves está disponible en http://bit.ly/NLQetU y sus encabezados son: Berrinches en radionovela, Obsesión contra Aristegui, Actores sin oficio y Negocios bajo chantaje. ¡Feliz fin de semana!
