La Secretaría de Gobernación negó que la comunidad de la Nueva Jerusalén, en Puricato, Michoacán, esté acreditada como asociación religiosa, por lo que no cuenta con el reconocimiento de personalidad jurídica, ni los derechos, ni obligaciones respectivas.
En un comunicado se informó que el conflicto es competencia del gobierno del estado de Michoacán, sin embargo el titular de la dependencia, Alejadro Poiré, acordó con el gobernador, el priísta Fausto Vallejo, colaborar en la distensión del mismo y en la búsqueda de soluciones.
En el boletín de prensa, se informó que la Secretaría de Gobernación incluso ya coadyuva con el gobierno del estado en el proceso de diálogo con las partes.
Lo anterior, con el fin de encontrar una solución y evitar futuros enfrentamientos entre los habitantes de la propia comunidad, así como actos violentos que pudieran poner en riesgo la convivencia y el derecho a la educación. “Este conflicto obedece estrictamente a una problemática entre particulares que corresponde resolver a la jurisdicción del Gobierno de Michoacán, dado que los enfrentamientos se deben a una escisión entre grupos comunitarios caracterizados por su fundamentalismo y mutua exclusión”, se informó en el comunicado. “Respecto del conflicto en la comunidad de La Nueva Jerusalén, en el municipio de Turicato, Michoacán, la Secretaría de Gobernación informa que el grupo religioso asentado en dicha comunidad nunca ha iniciado
formalmente ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas de esta dependencia el trámite para la obtención de algún registro constitutivo.
“En consecuencia, no cuenta con ningún reconocimiento de personalidad jurídica como asociación religiosa, por lo que no tiene ninguno de los derechos ni obligaciones establecidas en lo particular por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, cuya aplicación es facultad de la Secretaría de Gobernación”, se dio a conocer. La Secretaría de Gobernación aseguró que reafirma su compromiso de contribuir a la solución de esta problemática, “a través de la concurrencia y colaboración entre las autoridades encargadas de garantizar las condiciones de estabilidad política y social”.
