Los diputados Selene Vázquez Alatorre, Cristina Portillo Ayala, María Eugenia Méndez Dávalos y José Sebastián Naranjo Blanco, presidenta e integrantes respectivamente de la Comisión de Justicia de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado, se reunieron la tarde de hoy con Alejandro González Gómez, presidente del Poder Judicial y del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, a fin de conocer el estado que guardan las finanzas y los distintos anteproyectos de normatividad necesarios para el funcionamiento del nuevo modelo de justicia.
Durante su intervención, González Gómez dijo estar complacido por la sana coordinación que existe entre el órgano implementador y el Congreso del Estado, pues “desde el punto de vista del Gobierno del estado en su conjunto, la implementación del nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal representa el reto más grande a nivel institucional”. Es por ello, agregó, que es vital “reforzar el diálogo con el Congreso del Estado y particularmente con la Comisión de Justicia”.
Alejandro González Gómez recordó que en la pasada sesión del Consejo se aprobó la remisión del anteproyecto de Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa al Poder Legislativo a través de los consejeros diputados, al tiempo que se asumió el compromiso de aprobarse para su remisión el anteproyecto de Ley del Instituto de Defensoría Pública en la próxima sesión del Consejo, prevista para el 17 de septiembre.
En lo que respecta al anteproyecto de Código Penal, el presidente del Poder Judicial explicó que se encuentra actualmente en revisión y, luego de su aprobación interna, se prevé que se remita durante el mes de octubre a la legislatura. Es importante acotar, agregó, “que se trata de un ordenamiento nuevo y no de una reforma”. Luego de enumerar los anteproyectos normativos que en los próximos meses serán turnados al Congreso del Estado para su análisis y en su caso aprobación, González Gómez señaló que “lo que resta del año para esta legislatura será muy intenso”, pues será de su competencia revisar y aprobar en su caso los anteproyectos de leyes orgánicas de la Procuraduría General de Justicia, del Poder Judicial, de la Administración Pública y del Sistema de Seguridad Pública del Estado; así como los anteproyectos de Ley de atención a víctimas u ofendidos del delito y de sujetos protegidos, y de Ley de medidas cautelares. El eje normativo es fundamental en esta transformación, pues sienta las bases sobre las que se construirá el Nuevo sistema de justicia penal, agregó.
En lo que respecta a la cuestión presupuestaria y a pregunta expresa de la diputada presidenta de la Comisión de Justicia, Selene Vázquez Alatorre, el presidente del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en nuestro estado indicó que este día se instaló formalmente el comité de seguimiento administrativo del órgano implementador, donde fueron presentados los rubros a considerar por área en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2013, tal como se determinó mediante acuerdo en sesión del Consejo.
Dando seguimiento al fondo que a través de Banobras el gobierno federal ha puesto a disposición de los estados para refinanciamiento de deuda, desarrollo agropecuario e infraestructura para el Nuevo sistema de justicia penal, y con el objeto de aprovechar adecuadamente ese recurso disponible, Alejandro González Gómez dijo que en base a los resultados arrojados por el simulador adquirido al Poder Judicial de Guanajuato, se trabaja en una propuesta de inversión para la construcción de la infraestructura necesaria para la operación del modelo de justicia oral.
Recordó que el procedimiento involucra a los tres poderes, pues luego de ser remitida la carta intención por el Ejecutivo para acceder al fideicomiso y de la aprobación por parte del Legislativo, compete ahora al Poder Judicial en su rol de coordinador de los trabajos para la implementación, elaborar esta propuesta de inversión para el desarrollo de los espacios necesarios para la entrada en vigor del Nuevo sistema de justicia penal.
“El objetivo es crear Centros Integrales de Acceso a la Justicia, ubicar en un mismo espacio no solo las salas de audiencia oral, sino también todos los servicios de seguridad, procuración y administración de justicia, centros de medios alternativos de solución de controversias, servicios periciales, bodegas de resguardo de evidencias y Defensoría Pública”, explicó.
A pregunta expresa del diputado Naranjo Blanco sobre la capacitación de los operadores necesarios en el Nuevo sistema, el presidente del Consejo informó que por parte de la Procuraduría General de Justicia se han capacitado a casi 2,000 operadores en distintos temas, entre ellos el Nuevo sistema de justicia penal. La Defensoría Pública ha realizado el Curso de Inducción al Nuevo sistema de justicia penal para defensores de oficio; la Secretaría de Seguridad Pública egresó a la Primera Generación de Policía Estatal Acreditable en abril pasado y actualmente capacita a la Primera Generación de Custodios Acreditables y la Segunda Generación de Policía Estatal Acreditable; mientras que el Poder Judicial concluyó hoy el proceso de selección de jueces de oralidad para la primera región, aprobándose la lista de 12 jueces seleccionados en fechas próximas. Asimismo, se espera que en el mes de septiembre arranquen operaciones los 6 jueces de ejecución de sanciones que fueron seleccionados en octubre del año pasado.
Recordó que a inicio de año las instituciones involucradas asumieron el compromiso de contar con su personal seleccionado y capacitado a más tardar en octubre de este año y, de cumplirse dicho acuerdo, “estaremos en
condiciones de entrar en operación con el Nuevo sistema de justicia penal el 21 de febrero de 2013. Es importante señalar que se trata de un grupo reducido de operadores quienes iniciarán funciones en la primera región. Pero si se cuenta con el recurso humano, se tiene lo más importante”, señaló.
“Nos enfrentaremos con obstáculos, evidentemente. Se trata de una transformación muy profunda que va a tardar muchos años. Pero tenemos que empezar”, concluyó Alejandro González Gómez. Cabe recordar que la coordinación entre la Comisión de Justicia de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado y el Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán han sostenido dos reuniones en lo que va del año y volverán a conjuntar esfuerzos en la revisión conducente del Código Penal, trabajo que derivará en un ordenamiento moderno y garantista, adecuado al contexto actual de nuestro Estado y atento a las necesidades propias de su tiempo.
