Miguel Osorio Chong, coordinador general de política y seguridad del equipo de transición del Presidente electo, declaró ayer que permanecerán las fuerzas armadas en las calles del país realizando tareas de seguridad pública. Espera recibir el diagnóstico por parte del secretario de Gobernación y del gabinete de seguridad para decidir sobre la estrategia contra el crimen.
Si hay algo que no debe repetirse en el próximo gobierno es la estrategia fallida de lucha contra la inseguridad del Presidente saliente.
Calderón Hinojosa hizo a un lado al Congreso de la Unión en decisiones fundamentales, en la guerra sin nombre ni definiciones jurídicas. Ignoró a las organizaciones de la sociedad civil y a instituciones académicas que realizaron investigación, análisis y propuestas sobre narcotráfico, policías y Ejército, desaparición forzada, tortura, etc.
Parte de los graves resultados de esa omisión y acción es un sexenio en donde el secuestro aumentó 203%, según datos oficiales del VI Informe. En 20ll se alcanzó la cifra más alta de homicidios: 27 mil 199. Sumada a las de 2007 a 2010, México está llegando a los tres dígitos en miles de personas asesinadas; 95 mil 632 en la gestión calderonista, según cifras del INEGI. Más de 60 mil vinculadas básicamente a ejecuciones.
El fracaso de esta lucha de muertos sin rostro está documentada en importantes investigaciones no gubernamentales, así como en los informes y relatorías internacionales. Nombro sólo algunas:
* Encuestas nacionales sobre inseguridad elaboradas por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI).
*Foros y publicaciones de organizaciones ciudadanas, como la Red Nacional de Juicios Orales y Debido Proceso, México Unido Contra la Delincuencia, México SOS, INSYDE y Artículo 19.
* Publicaciones de investigadores mexicanos en diversas revistas, como Nexos.
* Numerosos artículos e investigaciones académicas como: “Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia”, elaborado por más de un centenar de académicos de la UNAM. “Pronunciamiento y propuestas del Tecnológico de Monterrey para mejorar la seguridad pública en México: Informe de avances y retrocesos”. Estudios sobre cárceles y reclusorios elaborados por académicos del CIDE.
* Documentos de ONGs dedicadas a los derechos humanos, tales como: “En nombre de la guerra contra la delincuencia. Un estudio del fenómeno de la tortura en México”.
*Examen de los informes presentados por los estados de la OEA del comité contra la tortura, febrero del 2007.
* Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2009.
* Informe del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, de Human Rights Watch, 2012.
Es obligación del presidente electo, Enrique Peña Nieto, de su equipo de transición y del gabinete que nombrará en breve, conocerlas, estudiarlas y atenderlas.
No sólo urge frenar la violencia, también es necesario saber qué ocurrió en estos seis años.
