Al dejar a los partidos políticos el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, la reforma electoral avalada por la mayoría de los integrantes del Congreso del Estado de Zacatecas representa un desdén respecto al papel que los ciudadanos exigen tener en la toma de decisiones que la clase gobernante de la entidad sigue monopolizando, lo que es un claro ejemplo de que el PRI sigue impulsando reformas antidemocráticas a través de los congresos locales donde tienen mayoría.
Como se hizo a nivel nacional con las modificaciones en materia política aprobadas recientemente, de forma mañosa e ilegal los diputados locales avalaron que los zacatecanos puedan convocar a la realización de referéndum y plebiscito, conscientes de que las condiciones que se fijaron para convocar a ello, entre ellas reunir las firmas del equivalente al 2 por ciento del listado nominal del estado, son absurdas y prácticamente imposibles de cumplir para casi cualquier ciudadano.
Es una tomadura de pelo que al tiempo que se “permite” a los ciudadanos presentar iniciativas de ley y llamar a plebiscito y referéndum, el gobernador y los diputados locales en turno “lleven mano” para convocarlos, algo que de antemano sabemos difícilmente harán, pues dichos procedimientos fueron creados precisamente para cuestionar el ejercicio gubernamental, que de ponerse a consideración en este momento la ciudadanía reprobaría por la mediocre actuación de Miguel Alonso Reyes al frente del gobierno de Zacatecas.
Al fijar que los partidos políticos solo puedan constituirse por ciudadanos sin la intervención de organizaciones gremiales, los diputados del estado atentan contra los derechos de reunión y de asociación consagrados en nuestra constitución política, con la que partidos como el PANAL tendrían que desaparecer inmediatamente, de aplicarse a nivel nacional.
Aunque los diputados avalaron la conformación de coaliciones electorales con candidaturas comunes y se impidió disminuir el porcentaje permitido para la representación proporcional a la que tienen derecho los partidos políticos locales con registro para participar en las elecciones, sigue latente la pretensión de Enrique Peña Nieto de echar a andar en los congresos locales del país el proyecto regresivo en materia política que ya ensayó en el estado de México, que entre otros puntos incluye dotar de sobrerrepresentación al partido en el poder para afianzar el modelo presidencialista en detrimento de la división de poderes.
