Uno de los temas de cardinal importancia es precisamente el relativo a la transparencia fiscal y por ello se habla de la calidad de datos, cuando se incorpora la información económica y financiera, todo con el propósito central de contrarrestar de principio a fin las prácticas no éticas o inmorales que tanto perjuicio causan al conglomerado nacional, generando a su vez una marcada desconfianza con relación al sector político.
Es procedente hacer referencia a lo estatuido en el Código de buenas prácticas de transparencia fiscal adoptado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En dicho instrumento se definen los cuatro principios generales de la transparencia fiscal, así:
“Primer principio general: Clara definición de funciones y responsabilidades. Se refiere a la delimitación de la estructura y las funciones del gobierno, las responsabilidades del gobierno y las relaciones entre el gobierno y el resto de la economía.
Segundo principio general: Acceso del público a la información. Destaca la importancia de publicar información completas en fechas claramente especificadas.
Tercer principio general: Transparencia en la preparación, ejecución y publicación del presupuesto. Abarca el tipo de información que se hace pública sobre la preparación del presupuesto.
Cuarto principio general: Garantía de Integridad. Se refiere a la calidad de los datos fiscales y a la necesidad de una rigurosa evaluación independiente de esa información”.
Estos cuatro principios aplicados en la Administración Pública en general, generarían una transparencia y efectividad de primera que generaría confianza y satisfacción en el conglomerado nacional, pues no podemos bajo ninguna circunstancia minimizar o menospreciar los reprochables abusos cometidos por muchos funcionarios que se han convertido en ricos de la noche a la mañana. Todo ello, gracias a su habilidad para manipular los recursos del Estado.
Que interesante resultaría una decisión política por supuesto al más alto nivel en el sentido de impulsar el gobierno electrónico. Ello conllevaría entre otras cosas a: 1) Implantación de la ventanilla única electrónica; 2) La contratación pública electrónica, aplicando la subasta electrónica inversa; 3) Emisión del documento nacional de identificación electrónica; 4) La Administración Pública automatizada; 5) La administración de justicia automatizada; 6) La implantación del internet de banda ancha que propicie la tele-educación, el tele-trabajo, la tele-consulta; 7) Utilización de la factura electrónica y la renta presuntiva; 8) La vigilancia electrónica; 9) La implantación del voto electrónico etc. Todo ello debidamente planificado y con la correspondiente asignación presupuestaria y su consiguiente difusión.
Las páginas Web de cada uno de los Poderes del Estado y de la Administración Pública en general y a todos los niveles, deben ser totalmente interactivas y contener una definición clara y precisa de las funciones propias de cada una de ellas, así como el promover y ejecutar mecanismos claros de coordinación y gestión de las actividades o competencia otorgadas, incluyendo el marco presupuestario, con miras a evitar los desajustes constantes que se producen en lo relativo al presupuesto de la nación, en el entendido que cada uno de los programas presupuestarios deben tener su clara justificación con objetivos generales y específicos bien definidos.
Insistimos, la clara definición de las funciones y responsabilidades del gobierno y del sector público en general es un aspecto fundamental y de la más amplia trascendencia, con miras a garantizar una transparencia fiscal de primera y libre de todo tipo de manipulaciones letales, como ha venido ocurriendo por años. Si se genera este cambio cualitativo no solo generará confianza de primera en el contexto nacional, sino internacional y más específicamente de los organismos financieros.
Sería interesante que en base a datos concretos y fácilmente comprobables se haga una difusión de ejercicios fiscales anteriores, sobre todo de los más recientes, con miras a establecer de manera objetiva la situación financiera, destacando en todo caso el accionar de la actual administración, pues debe partirse de la premisa que el derecho de acceso a la información pública está consagrado constitucionalmente y que si hablamos de transparencia, la misma debe reflejar en forma objetiva la situación económica financiera del país, haciendo señalamientos concretos y erradicando o proscribiendo todo tipo de presiones o manipulaciones políticas, que solo vendrían a desnaturalizar nuestra realidad.
Para evitar problemas futuros sería interesante que la información presupuestaria se presente de tal manera que facilite el análisis de las políticas y que simultáneamente propicie la rendición de cuentas, partiendo de la premisa que se han especificado objetivamente los procedimientos de ejecución y control de los gastos aprobados.
* Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial
