QUE AL IGUAL QUE A LOS BANCOS Y A LAS CARRETERAS, QUE EL GOBIERNO FEDERAL INSTRUMENTE UN PROGRAMA DE RESCATE FINANCIERO PARA LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.
El Senador de la República RAÚL MORÓN ORÓZCO, propuso ante el pleno del senado, un punto de acuedo a fin de exhortar al Gobierno Federal para que en uso de sus facultades, intrumente un programa de rescate financiero para los estados y municipios del País. Abundó MORÓN ORÓZCO que al igual que se hizo con el sistema bancario mexicano y el sistema carretero del país, es una obligación de la administración federal que aún encabeza FELIPE CALDERÓN, solidarizarse con los estados y municipios, mediante el establecimiento de un programa que disponga de los recursos excedente del petroleo o de las reservas en dolares que tiene el propio gibiwerno federal. El texto de la iniciativa es el siguiente:
Primera. La creciente deuda pública que actualmente enfrentan los estados y municipios en todo el país, que consecuentemente inhibe el desarrollo económico y social de las distintas regiones del País, con diversas repercusiones en todas las actividades de la vida pública, privada y comunitaria, es sin duda, producto de una inequitativa distribución de la riqueza nacional, de un modelo de coordinación fiscal centralizado que no responde a los propósitos de un federalismo más auténtico y equilibrado entre los distintos órdenes de gobierno, de criterios de asignación presupuestal de carácter político y no social, del crecimiento del gasto operacional superior al registrado en los ingresos corrientes, de la ineficiencia e incapacidad de los responsables del ejercicio y optimización del gasto público, del aumento sustancial en el endeudamiento de largo plazo para mantener o incrementar los niveles de inversión pública, de mayores niveles de pasivo circulante y de las presiones de liquidez a consecuencia de los presupuestos deficitarios originados sobre todo a partir de los acuerdos de descentralización en materia educativa y de salud, pero también, indudablemente, del dispendio, opacidad, corrupción y malos manejos de los recursos, por parte de algunos servidores públicos.
Esta aguda crisis financiera que ahoga la capacidad de respuesta social de los gobiernos locales y que desafortunadamente se ha profundizado a partir de las condiciones tan lesivas en las que se viene contratando el servicio de deuda pública con instituciones de crédito de la banca comercial y de desarrollo, con plazos reducidos, altas tasas de interés hasta del 14% anual en muchos casos, garantías de pago que hipotecan el futuro de los próximos 20 o 25 años de las aportaciones y participaciones federales y reestructuración de adeudos que lo único que logran es prolongar la agonía financiera de las entidades públicas, sin resolver el fondo del problema, genera sus efectos en la deficiente calidad de vida que durante los últimos doce años venimos padeciendo las familias mexicanas, frente a una realidad social que reduce las posibilidades de crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto, que produce escaso nivel de empleo, bajo nivel de ingresos per cápita y altos índices de marginación y pobreza en la mayoría de nuestros estados, municipios y comunidades.
La problemática planteada representa una de las principales causas de la lentitud en el desarrollo social y económico que se aprecia en las distintas regiones y que a su vez ha traído como consecuencia un bajo nivel de inversión en obra pública y programas sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda, desarrollo agropecuario, capacidad productiva de las comunidades y un agudo problema de inseguridad pública, derivado de la falta de oportunidades de desarrollo regional.
Segunda. Que la Deuda Pública Financiera Total de entidades federativas y municipios al cierre del segundo trimestre del año 2012 fue de 404 mil 409.5 millones de pesos, misma que representa un crecimiento del 346%, en los últimos doce años, en relación con la situación de deuda pública registrada por las entidades federativas en el año 2000, por la suma de 90 mil 731.3 millones de pesos.
Del total de la deuda señalada, 322 mil 950.6 millones de pesos han sido contratados por los Gobiernos Estatales, 30 mil 570.3 millones por los organismos estatales, 44 mil 859.2 millones por los municipios y 6 mil 029.4 millones por los organismos municipales, lo que representa un promedio de deuda pública per cápita de 3,524 pesos, estimada sobre una población calculada al 2012 de 114 millones 725 mil 753 mexicanos. (1)
Asimismo, de los 404 mil 409.5 millones de pesos que constituye la deuda pública de los Estados y municipios en el país, la mayor parte se adeuda a la banca comercial por el orden de los 234 mil 418.7 millones de pesos y otro tanto a la banca de desarrollo por la suma de 89 mil 590.4 millones de pesos, mientras que las obligaciones de deuda generadas a partir de emisiones bursátiles sumaron la cantidad de 59 mil 096.7 millones de pesos, y por fideicomisos y otros conceptos se adeuda la cantidad de 21 mil 303.7 millones de pesos.
Entre las entidades federativas con mayor deuda pública registrada en el mismo periodo se ubican los estados de Distrito Federal con 54 mil 866.5 millones de pesos, Nuevo León con 40 mil 008.5 millones de pesos, Estado de México con 38 mil 307.1 millones de pesos, Coahuila con 36 mil 499.6 millones de pesos, y Veracruz con 31 mil 815.8 millones de pesos, mientras que en el caso de las entidades federativas con menor deuda pública se encuentran Tlaxcala con 62,5 millones de pesos, Campeche con mil 030.8 millones de pesos, Baja california sur con mil 677.3 millones de pesos, Querétaro con mil 883.2 millones de pesos y Colima con 2 mil 185.7 , mientras que en el caso particular del Estado de Michoacán este se ubica por debajo de la media nacional con 16 mil 472.3 millones de pesos. (2)
Tercera. Que la deuda total financiera de las entidades federativas por el orden de los 404 mil 409.5 millones de pesos registrada al segundo trimestre del 2012, representa el 80.1% del total de sus ingresos garantizables mediante participaciones y aportaciones federales (3), y el 2.7% del PIB Estatal. (4).
Es evidente que el crecimiento acelerado de la deuda pública registrada en los últimos doce años, responde entre otras razones de carácter político, administrativo y económico, también a factores financieros derivados de los altos costos de contratación del servicio de deuda pública e intereses bancarios que han oscilado en distintos ejercicios fiscales y entidades federativas entre los 5.3 % y 14.7 % anual, con una tasa promedio de interés nominal al 30 de junio del 2012 de 6.3% anual (5); y un plazo promedio de vencimiento de obligaciones de 14.9 años, lo que debe obligar al gobierno de la República y a las propias entidades federativas y municipios a buscar mecanismos económicos y financieros más accesibles a sus posibilidades fiscales y presupuestales.
Cuarta. Que así como en los años 1990 y 1998 se instituyeron por parte del gobierno federal medidas de protección, rescate y saneamiento del ahorro para instituciones bancarias a través del FOBAPROA e IPAB, cuyo costo en ese momento se calculó en 552 mil millones de pesos y de la misma forma como en 1997 la federación destinó 165 mil millones de pesos para el rescate carretero que benefició a 23 de las 52 autopistas concesionadas a empresas constructoras privadas como ICA, Tribasa y Grupo Mexicano de Desarrollo, con recursos de los contribuyentes, es imprescindible que ante la dificultad financiera por la que actualmente atraviesan las entidades federativas y los municipios, se establezca un nuevo Fondo de Protección, Rescate y Saneamiento de la Deuda Pública contratada por las entidades federativas y municipios, constituido por recursos federales, como parte de un federalismo fiscal, equilibrado, corresponsable y coordinado, que establezca las bases de un desarrollo regional sostenido, y que contribuya a superar al mismo tiempo las dificultades económicas por las que actualmente atraviesan los sectores público, privado y social del país.
Con independencia de las partidas presupuestales de las que pudiera constituirse dicho fondo, sería conveniente contemplar entre otros, los recursos provenientes de subejercicios y recursos no ejercidos legalmente por estados y municipios respecto a las participaciones y aportaciones federales, considerando que de acuerdo con los resultados del Informe de las Recuperaciones Derivadas de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2001 al 2010 presentado al 30 de junio del 2012 por la Auditoría Superior de la Federación (6), se devolvieron a la federación la suma de 8 mil 505 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2011, mientras que por recuperación de recursos federales transferidos a estados, municipios y delegaciones se han devuelto 32 mil 607 millones de pesos en el periodo 2001-2010; asimismo en el caso de los excedentes petroleros estos superaron los 68 mil 300 millones de pesos tan sólo en el 2011, mientras que en lo que va del actual sexenio 2006 al 2012, los excedentes petroleros ya superan los 300 millones de dólares, cantidad muy superior a los 214 mil y 105 mil millones de dólares obtenidos en los sexenios de Vicente Fox y Ernesto Zedillo respectivamente (7). De igual forma, deben ser considerados para el establecimiento del referido fondo, un porcentaje importante los ingresos tributarios derivados de impuestos directos e indirectos por la producción y consumo de bienes y servicios provenientes en su mayor parte de entidades federativas y municipios, dado que tan sólo en el año 2011, estos superaron los 1.5 billones de pesos equivalente aproximadamente al 45% de la Ley de Ingresos y ejercicio presupuestal de la Federación en ese año fiscal (8), recursos todos estos que en su totalidad o en un porcentaje importante podrían contribuir a la protección, rescate y saneamiento de la deuda pública de entidades federativas y municipios, como parte de un federalismo más solidario, corresponsable y coordinado que establezca las bases de un desarrollo regional sostenido y que contribuya a superar al mismo tiempo las dificultades económicas por las que actualmente atraviesan los sectores público, privado y social del país.
Quinta. De igual forma, resulta indispensable que se busquen por parte del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda, alternativas progresivas a corto y mediano plazo de sustitución de la contratación de deuda proveniente de la banca comercial y de desarrollo por un mecanismo de bursatilización de la deuda pública que autorice la emisión bursátil de certificados de deuda pública por parte de todas las entidades federativas, garantizados con participaciones federales, excedentes petroleros e ingresos propios como obligaciones adquiridas por entidades federativas y municipios con particulares, iniciativa privada, entidades públicas y organizaciones sociales, pero bajo condiciones financieras menos onerosas.
Mientras no entendamos que requerimos impulsar desde el Senado una reforma integral de las bases de coordinación fiscal entre la federación y las entidades federativas, que promuevan una distribución más equitativa de los recursos públicos recaudados por contribuciones directas e indirectas bajo una nueva fórmula de federalismo fiscal, seguiremos observando de forma pasiva, cómo los gobiernos estatales y municipales continúan enfrentando entornos muy adversos en materia de ingresos federales y locales para el mediano plazo, así como presiones de gasto en educación y salud a partir de su proceso de descentralización, provisión de servicios, crecientes exigencias en materia de seguridad pública y la atención de desastres naturales. La solución no está sin embargo, en el incremento de obligaciones tributarias o en la creación de nuevos impuestos, no es el pueblo de México quien deba asumir la carga del endeudamiento con nuevas cargas impositivas, debe ser en todo caso, el beneficiario de una política federalista corresponsable y más equitativa por parte de la federación que lo obligue a subrogar las obligaciones financieras contraídas por los estados y municipios que hoy merman de forma progresiva su capacidad financiera.
Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del pleno de la Cámara de Senadores, la presente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a que con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se subrogue la deuda pública financiera y no financiera registrada hasta la fecha por Estados y Municipios de la República Mexicana, con la finalidad de proceder en lo inmediato a su Protección, Rescate y Saneamiento Financiero.
SEGUNDO. Se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que conjuntamente con las entidades federativas y municipios, en el marco de respeto a su autonomía constitucional, se busquen nuevos mecanismo y alternativas financieras que sustituyan de forma progresiva en el corto y mediano plazo la contratación de deuda con la banca comercial y de desarrollo, por esquemas de bursatilización que permitan a las entidades federativas y municipios mayor emisión de certificados de deuda, bajo condiciones financieras menos onerosas.
TERCERO. Se exhorta a los titulares de la Auditoria Superior de la Federación, de las Auditorías Superiores de los Estados y de las Procuradurías de Justicia, para que se realicen las investigaciones administrativas y penales correspondientes, y en su caso, se finquen las responsabilidades que deriven a quienes resulten responsables, por el mal manejo de recursos públicos que han contribuido a generar e incrementar el monto del endeudamiento público de estados y municipios
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 11 días del mes de septiembre de 2012.
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SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO
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(1) Información proporcionada por las Entidades Federativas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la situación que guardan sus obligaciones financieras inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios establecido en el Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y algunas otras Obligaciones reportadas por las Entidades Federativas. Incluye las obligaciones inscritas de sus organismos paraestatales y paramunicipales. [email protected]
Valores en millones de pesos. Deuda aprobada al 24 de mayo del 2012 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Fuente: http://www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx. Consultada el 30 de Julio de 2012.ttp://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2012/Paginas/1erTrimestre.aspx
Se proyectaron los datos de población 2012 en base a una tasa de crecimiento geométrico, con base en los años 2005 y 2010, con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Fuente: http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=17484. Consultada el 31 de Julio de 2012.
(2) [email protected] y http://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2012/Paginas/1erTrimestre.aspx y http//www.apartados.hacienda.gob.mx
(3) Se reporta a partir de las modificaciones en la Ley de Coordinación Fiscal para 2007. Incluye las participaciones en ingresos federales (Ramo 28), los incentivos fiscales, el 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y los ingresos propios de las Entidades Federativas. No incluye los ingresos propios de los municipios.
(4) Fuente: Elaborado por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP con información proporcionada por las Entidades Federativas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y estimaciones propias.
