Sindicatos, partidos políticos, empresas y personas físicas que 
ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad serán sujetos 
obligados de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, lo que contribuirá a eliminar espacios de opacidad 
en la vida pública del país, anunció el diputado federal Víctor Silva 
Tejeda.
 
El legislador michoacano subrayó que hoy el Congreso de 
la Unión consumó el proceso legislativo que abriría un amplio escrutinio
 sobre el Estado mexicano bajo el principio de máxima publicidad.
 
Ejemplificó
 que el gobierno no podrá clasificar como reservada aquella información 
relacionada con violaciones graves a los derechos humanos, delitos de 
lesa humanidad y actos de corrupción. Sin embargo, habrán de quedar 
reservados los datos que pongan en riesgo la vida o la integridad de las
 personas físicas.
 
En lo sucesivo, bajo la nueva Ley de 
Transparencia, los sindicatos deberán publicar y mantener actualizada la
 información relativa a contratos y convenios que celebren con la 
autoridad, los padrones de socios, la relación detallada de los recursos
 económicos recibidos y el destino final de los recursos públicos que 
ejerzan.
 
Por su parte, los partidos políticos deberán publicar 
las listas de los aportadores de recursos a las precampañas y 
precampañas, así como el currículo con foto de todos los precandidatos y
 candidatos. Otras obligaciones partidistas incluyen publicar el padrón 
de afiliados y militantes, y los contratos de arrendamiento, entre 
otras.
 
Silva Tejeda destacó que el número de sujetos obligados 
se incrementa de 245 a 850 a nivel federal, con un fuerte reforzamiento 
de las sanciones frente al incumplimiento.
 
“Hoy estamos 
aprobando una legislación conforme a los más altos estándares de 
transparencia y rendición de cuentas, compatible con la Constitución y 
con los tratados internacionales para ofrecer a la ciudadanía 
información verificable, inteligible, relevante e integral. Con esto 
garantizamos el derecho de acceso a la información pública en posesión 
de cualquier sujeto obligado”.