Garantizar la legalidad, transparencia y agilidad de los procesos de ejecución, así como hacer respetar los derechos humanos de internos y sentenciados, serán las principales funciones del juez de ejecución de sanciones penales, comentó Félix Francisco Cortés Sánchez, juez en la materia, adscrito a Morelia.
En charla sostenida con medios de comunicación, Cortés Sánchez explicó que esta nueva figura –emanada de la reforma penal de 2008- es la figura jurisdiccional responsable de resolver lo relativo a la modificación y duración de las sanciones penales, una vez impuestas por la autoridad judicial competente.
Es fundamental señalar que antes de la entrada en vigor de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán de Ocampo, el 15 de junio de 2011, la autoridad competente para regular la ejecución de las sanciones penales era la propia autoridad administrativa de los centros de reinserción social, es decir, la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública.
En cuanto a garantizar los derechos humanos, Cortés Sánchez comentó que anteriormente, si se daba la situación de que los internos o sentenciados fueran sometidos a correctivos, no tenían otra opción más que recurrir al amparo, ahora, todos y cada uno de los actos que realicen las autoridades administrativas en prisión pueden ser sujetos a una revisión por parte del juez de ejecución de sanciones penales para verificar que fueron legales o no y sean, sobretodo, respetuosos de los derechos humanos.
Con la expedición de la citada ley, la institución responsable de vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de las penas y medidas de seguridad, así como respeto de los derechos de toda persona sentenciada o imputada en prisión preventiva, es el Poder Judicial de Michoacán, a través de los jueces y juezas de ejecución de sanciones penales.
Cortés Sánchez indicó que esta nueva figura, dará seguimiento a todos los casos desde que se dicta la sentencia ejecutoria, hasta que se cumpla la pena, “con ello se garantiza que cualquier resolución que se dicte en ambos casos sea transparente y sujeta a la revisión por parte de los magistrados a través del recurso de apelación”. Es decir, ahora será un órgano jurisdiccional a través de un procedimiento formal el que decida cuándo un sentenciado tiene derecho o no a un beneficio o sustitutivo penal.
Es importante señalar que desde junio de 2011, de manera temporal –en tanto los nuevos operadores jurídicos eran capacitados y seleccionados- los jueces de la causa de todo el estado se hicieron cargo de atender las solicitudes relativas a la ejecución de sanciones.
Las funciones de esta nueva figura son, entre otras: verificar el correcto cumplimiento de las penas impuestas en sentencia; resolver las solicitudes que formulen los sentenciados, sus defensores y la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social (de la Secretaría de Seguridad Pública), sobre el otorgamiento de beneficios y sustitutivos penales; resolver las peticiones que realicen las víctimas u ofendidos sobre la ejecución de la reparación del daño; y supervisar las condiciones de los centros de reclusión, mediante visitas periódicas.
La capacitación y selección de los nuevos jueces y juezas
El pasado 17 de septiembre rindieron protesta siete jueces y juezas de ejecución de sanciones, quienes fueron electos mediante concurso de oposición y recibieron capacitación en la materia, “la selección se hizo de manera abierta al público y transparente, que son, al mismo tiempo, cualidades del Nuevo sistema”, añadió Cortés Sánchez.
Los ahora jueces de ejecución de sanciones, entrarán en funciones a partir del 1 de octubre en las seis regiones del estado en que se ha dividido la implementación de la reforma penal, quedando su adscripción de la siguiente manera: Félix Francisco Cortés Sánchez y Luis Enrique Sánchez Cortés (Morelia), Jorge Derio Camacho Zapiain (Uruapan), Laura Elena Alanís García (Lázaro Cárdenas), Marco Edú Morales Rojas (Zamora), Roberto Carlos Rueda Olmos (Apatzingán), y Yuritzi Sánchez Ramírez (Zitácuaro).
Es importante recordar que, en Michoacán, los demás operadores iniciarán funciones el próximo 21 de febrero de 2013 en la primera región (Morelia), es decir, para esta fecha los jueces de oralidad, los agentes del Ministerio Público, los defensores públicos, la policía investigadora, los peritos y la policía procesal serán servidores públicos debidamente capacitados y seleccionados para el nuevo sistema.
Con el inicio de funciones de los jueces y juezas de ejecución de sanciones penales, el Poder Judicial de Michoacán se pone a la vanguardia en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, pues estos servidores públicos son los primeros capacitados y seleccionados específicamente en el marco de la reforma penal. Lo anterior demuestra, además, que el sistema acusatorio, adversarial y oral es una realidad.
