Leo recientemente en un diario de circulación nacional: “En enero, audiencias de uso de mariguana. Los foros públicos se realizarán de manera alterna en el Senado y San Lázaro; analizarán los puntos de vista social, científico, cultural y de seguridad”.
De inmediato surgen las primeras dudas; pero primero sepamos de qué hablamos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es “toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona, y que posee la capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores”. Por lo tanto, según esta definición no solo la marihuana, cocaína, éxtasis, o heroína son drogas sino también lo son el alcohol, el tabaco y la cafeína.
Y entrando en el tema; es una realidad que muchos tienen la desagradable costumbre de opinar sobre cualquier cosa aún sin tener la menor idea del asunto, y ante la imposibilidad de agotar el tema en un artículo solo deseo despertar en el lector la inquietud para documentarse sobre las grandes diferencias entre las diversas drogas. Es importante entender el absurdo de meter en el mismo saco a la marihuana junto con las peligrosas drogas sintéticas o con los muy tóxicos subproductos, que se obtienen durante el procesamiento tanto del opio como de la cocaína base; ejemplos, el “crack” o “bazuco”.
Pero el aspecto medico no es lo único, también entran en la discusión los aspectos legales, sociales, culturales, religiosos etc. mismos que deben ser discutidos a fondo antes de tomar decisiones. Si bien varios aspectos son de sentido común, otros requieren conocimientos que no todos tienen.
Algunos son elementales, como el hecho de que la despenalización de las drogas facilitará su acceso al numeroso grupo de consumidores ocasionales favoreciendo su paso a adictos crónicos. Otra; los que abogan por la despenalización hacen hincapié en que cada uno es libre de drogarse mientras no represente un riesgo para terceros, argumentación no muy inteligente pues todo el que se droga, por el solo hecho de reducir su capacidad mental, ya está representando un riesgo para sus semejantes. Es iluso el llamado “uso responsable de la droga”, porque la propia droga modifica paulatinamente en el adicto los parámetros de la responsabilidad para adecuarlos al cada vez mayor requerimiento.
Uno de los orígenes de la discusión sobre una eventual legalización de la producción y tráfico de drogas está en la preocupación por la violencia y muerte que viene aparejada con este negocio. La idea de quienes solicitan que se legalicen las drogas es que con ello se acabaría la violencia, afirmación harto discutible.
Las razones que convirtieron a la producción, tráfico y comercialización de cocaína, heroína y drogas sintéticas en delitos graves son simples: la evidencia científica del daño que su consumo ocasiona es abrumadora. Desde el primer consumo, todas ellas hacen daño a quienes las consumen y de paso a quienes tienen relación con ellos.
La sociedad y el Estado no pueden, responsablemente, discutir la propuesta de legalizar la drogadicción sin reconocer lo evidente; la drogadicción daña y termina matando al consumidor y de paso afecta a su familia y a la sociedad. ¿Causar un daño social en el intento de remediar otro? No suena muy lógico.
Existen quienes opinan que el Estado no debe ser un “Big Brother” que vigile a sus habitantes para que no se dañen consumiendo drogas. Pero se les olvida algo; el costo social y fiscal de la atención oficial y privada a la salud de los enfermos drogadictos es muy alto. Además, el costo a la economía por los problemas de enfermedad, ausentismo laboral y daños de muchos tipos causados por los drogadictos es también muy alto. No veo la razón para que estos costos sean asumidos por el Estado.
Peligrosa línea de pensamiento; si no se puede acabar con la corrupción, entonces hay que legalizarla; si no se puede terminar con la pedofilia, entonces legalizarla, si no se puede terminar con el fraude electoral, entonces reconocerlo en las leyes. No suena muy lógico.
