Del 1º de marzo al 31 de agosto de 2016 sería aplicado el programa del canje de placas en la entidad, esto conforme al último proyecto de dictamen de la Ley de Ingresos del estado, que se prevé aprobar en sesión de pleno hoy martes.
Los dictámenes tanto de la Ley de Ingresos como del Presupuesto de Egresos para 2016 aún son de carácter preliminar y se prevé que sean afinados por la mañana de hoy previo a la sesión extraordinaria convocada a las 14:00 horas para dar cauce a su aprobación.
Ingresos
En el caso del proyecto de dictamen de la Ley de Ingresos, éste incluye ya el incremento del 25 por ciento al pago de derechos con excepción de las actas de defunción a las que sólo se les aplica un tres por ciento.
Asimismo, se incluye el tema del reemplacamiento conforme lo planteaba Silvano Aureoles más el 25 por ciento de incremento que se aplicará a todos los derechos.
De esta manera, por cada juego de placas, incluyendo la tarjeta de circulación, se pagarán mil 477.50 pesos, además del pago del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación, previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan, con un costo de 819 pesos.
En total los usuarios deberán pagar dos mil 296.5 pesos.
A partir del 1º de enero y hasta el 29 de febrero se aplicará un descuento del 20 por ciento al pago del canje de placas incluyendo tarjeta de circulación; en tanto que del 1º de marzo y hasta el 30 de abril el descuento será del diez por ciento.
Asimismo, en el dictamen se prevé el cobro de nuevos derechos, uno por servicios, que establece la Ley para la Prestación de Servicios Inmobiliarios, y el otro por servicios, en la Dirección de Protección Civil del Estado.
En el caso de los productos, se incorpora un nuevo cobro denominado Recuperación de Primas de Seguro por Siniestros.
También en los aprovechamientos hay rubros de nueva incorporación como las multas impuestas por la Dirección del Trabajo y Previsión Social, las multas por infracciones señaladas en la Ley para la Prestación de Servicios Inmobiliarios en el Estado, un estímulo fiscal en el Impuesto Sobre la Renta, el cobro en la inscripción al padrón de contratistas de obra pública, incentivos por el Fondo de Compensación de Repecos y régimen de intermedios y el suministro de energía eléctrica.
El dictamen prevé también la autorización al Ejecutivo para la contratación de deuda pública de corto plazo hasta por el seis por ciento del total del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, pero se prevé que este tema sea reservado durante la discusión en la sesión de pleno de este martes buscando que sea suprimido por mayoría.
En el artículo octavo transitorio del dictamen se instruye a la Secretaría de Finanzas del estado para que coordinadamente con la Secretaría de Contraloría inicien actividades a partir del 4 de enero próximo, relativas al análisis de la carga presupuestal y financiera que representan los diversos fideicomisos administrativos a cargo del gobierno del estado, con la finalidad de extinguir aquellos que son innecesarios o que en su caso reciben asignaciones financieras directamente de los ingresos estimados en la ley.
La Secretaría de Finanzas deberá dar a conocer a través de los reportes informes trimestrales de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del año 2016 los resultados obtenidos al respecto.
Egresos
En el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos, los legisladores plantean modificaciones al alcance presentado por el gobernador en catorce Unidades Programáticas Presupuestarias (UPP).
Pero además, en el dictamen elaborado quedan volando 75.2 millones de pesos que no están presupuestados a ninguna área, ya que la suma de las UPP da un total de 58.9 mil millones de pesos, pese a que en el documento se hace referencia a que el techo presupuestal total es de 59.03 mil millones.
En el sector central correspondiente a las dependencias, ahí la suma de las 28 Unidades Programáticas Presupuestarias es de 35.9 mil millones de pesos y no de 36.6 mil millones como consigna el Ejecutivo en su alcance, en el artículo 13.
La diferencia de ambas cifras es de 697.9 millones de pesos es la misma que se previó en monto para la inversión municipal, es decir que en el alcance silvanista se sumó dos veces la misma cifra, lo que implica un faltante.
Por lo que toca a las UPP que son sujetas a modificaciones por el Legislativo, son la Secretaría de Gobierno, a la cual se le incrementa en relación al alcance presentado por Aureoles Conejo, al pasar de 537.8 a 577.8 millones; a la Secretaría de Finanzas se le disminuye de 1.4 mil a 1.3 mil millones.
A la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario se le incrementa al pasar de 827 millones a 1.09 mil millones, a la Secretaría de Educación se le disminuye de 21 mil 598 millones a 21 mil 111 millones, a la Secretaría de Política Social se le incrementa de 417.1 millones a 599.9 millones, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico va también al alza, al pasar de 12.4 millones a 26.4 millones.
Los diputados también modificaron al alza el presupuesto del Instituto para la Igualdad Sustantiva al pasar de 33.4 a 44.4 millones; la Procuraduría de Protección al Ambiente también se incrementa, de 14.1 a 17.1 millones.
El Instituto de Capacitación para el Trabajo también va al alza, al pasar de 156.2 a 166.2 millones; en tanto, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se le disminuye de 2.9 mil a 2.8 mil millones.
Otra unidad que será sujeta a recorte por parte del Legislativo es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que pasa de 36.9 millones previstos en el alcance silvanista, a 25.9 millones en el proyecto de dictamen.
Las otras tres unidades que van al alza en las previsiones de los diputados son el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán al pasar de 44.8 a 51.1 millones; la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de 45.2 a 64.9 millones, y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, de 14.5 a 19.01 millones.
El dictamen de presupuesto establece la obligación de las unidades a pagar sus impuestos, de manera concreta determina que los Poderes Legislativo y Judicial, así como las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y organismos autónomos con cargo a su respectivo presupuesto y conforme a las disposiciones aplicables cubrirán las contribuciones federales, estatales y municipales, así como las obligaciones contingentes o ineludibles que se deriven de resoluciones emitidas por autoridad competente.
Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo se abstendrán de efectuar propuestas de reestructuración administrativa que impliquen erogaciones adicionales de recursos, sin que por ello demerite su productividad y eficiencia, debiendo operar con los organigramas autorizados por la Secretaría de Finanzas, de manera que las plazas correspondientes a los servidores públicos superiores y mandos medios de estructura coincidan con lo aprobado, así como con los tabuladores de sueldo y plantillas de plazas de personal.
Los sueldos y prestaciones de los servidores de mando medio y superior de las entidades y dependencias del Ejecutivo, incluyendo los del sector educativo, se homologarán a los que se otorgan en la administración pública estatal centralizada; además deberán aplicar estrictamente los tabuladores de sueldo aprobados, evitando adicionar otras prestaciones o conceptos para conformar las remuneraciones de los servidores públicos y ajustarse a las disposiciones que establezca la Secretaría de Finanzas, en la determinación de las remuneraciones adicionales por jornadas extraordinarias.
Sobre las nuevas dependencias, el dictamen establece que a más tardar el 27 de febrero de 2016 se deberá haber concluido con las adecuaciones presupuestarias y los traspasos de recursos humanos materiales y financieros y los activos patrimoniales respectivos que deban llevarse a cabo conforme a lo mandatado en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado que entró en vigor a partir del primero de octubre de 2015.
Se determina además que de la asignación presupuestal al Instituto de Capacitación para el Trabajo se destinará, exclusivamente para equipamiento y capacitación, la cantidad de diez millones de pesos.
