A menos de dos meses de realizarse el cambio de poderes en la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto sigue insistiendo en que sus prioridades durante los próximos seis años serán la reforma del sector energético y la continuidad de la política de combate al narcotráfico calderonista.
Es evidente que el próximo gobierno carece de políticas públicas para la atención de los casi dos millones de jóvenes profesionistas que cuentan con estudios de bachillerato y superiores que a pesar de su preparación se encuentran desempleados, mucho menos para atender a los casi ocho millones de hombres y mujeres menores de 29 años que el Estado les ha negado posibilidades de estudiar o trabajar, y que desgraciadamente durante el próximo sexenio verán ahondar su precaria situación.
La lesiva reforma laboral que el fin de semana pasada aprobaron los diputados del PRI y del PAN, con la que se avalaron contratos a prueba y por temporada, sin prestaciones de ley, sin derecho a liquidación y sin seguro de desempleo, demostró que dichos cambios no resolverán los problemas económicos que aquejan a un sector que representa casi el 40 por ciento de la fuerza laboral total desempleada del país.
El futuro de la juventud mexicana se encuentra en entredicho en un esquema de gobierno donde los jóvenes se encuentran ausentes y en donde ante la falta de empleos las únicas posibilidades que se abren para dicho sector son la informalidad, la prostitución, unirse las filas del narcotráfico como sicarios o la muerte a manos de los cárteles de la droga.
Por ello, el regreso de un partido como PRI, intolerante, carente de autocrítica, acostumbrado a la represión como método para dirimir las protestas sociales, resulta preocupante y peligroso, sobre todo para aquellos jóvenes que se encuentran decididos a encabezar el cambio político y generacional que demanda nuestro país, pero al que los viejos priistas de siempre se niegan a dar paso.
A 44 años de los lamentables sucesos que llevaron al asesinato de cientos de jóvenes universitarios que fueron masacrados por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en la Plaza de las Tres Culturas, la lucha en búsqueda de mejores condiciones de vida y de respeto a los derechos y garantías que encabezaron muchos de quienes ahora dirigen la lucha social de nuestro país desde la oposición y los movimientos ciudadano en México se encuentra más vigente que nunca.
Como sucedió durante el movimiento estudiantil de 1968, las banderas de nuestros jóvenes de ahora siguen siendo las de entonces: educación gratuita y de calidad a todos los niveles para todos los mexicanos; mayores libertades ciudadanas y la exigencia de respeto desde el gobierno a los derechos esenciales de los mexicanos consagrados en la Carta Magna de nuestro país.
Quienes integramos al Partido de la Revolución Democrática refrendamos nuestro compromiso con la lucha que encabezan los jóvenes, aglutinados en el movimiento #yosoy132 y otros que han surgido de forma similar en nuestro país, que protestan contra la imposición de nuestros gobernantes y el fraude electoral, y que coinciden en la búsqueda de la democratización de la política y de los medios de comunicación, y del derecho a la información y la libre expresión ciudadana.
