Se resolvió plazo constitucional con vinculación a proceso por el juez Jesús Alejandro Sosa Maya, a las dos personas que se les imputa el delito de homicidio calificado cometido en agravio de tres abogados el pasado 29 de septiembre, dentro de la causa penal 21/2015, concediendo al fiscal un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.

El juez limitó el principio de publicidad, pues solo dejó ingresar a la sala de oralidad a dos periodistas; restricción que se realizó por la asistente de ingreso y registro que dejó mucho qué desear. En cambio sí hubo varios apartados para personal de la fiscalía.

Durante la audiencia, que se salió de control, incluso el mismo juez se autorizó un receso de una hora con 50 minutos para resolver el plazo constitucional, no permitió adecuadamente los actos de defensa material; en diversos momentos fue interrumpido por la fiscalía y se vio un juez nervioso. Después del receso, leyó un guion del plazo constitucional. Se decretó medida cautelar de prisión preventiva.

El nuevo sistema de justicia penal, continua con los mismos vicios y carencia del anterior sistema inquisitivo, no se advierte una adecuada capacitación de los jueces, oficial de sala, fiscales y abogados, quienes tienen que leer escritos previamente elaborados, cuando deberían ser los juicios orales.

Los imputados pertenecen a la firma legal Vázquez Ortega y están acusados del homicidio de, Miguel Mora, Silvano Noé Barragán y Jesús Chávez, ocurrido el 29 de septiembre en la calle Honduras de la colona Los Ángeles de esta ciudad de Uruapan.

Por otro lado, la infraestructura de los juzgados orales que se ubican a un costado del Centro de Reinserción Social (Cereso), están deterioradas, con enormes goteras en la sala y en el acceso del recinto.